Tras casi cinco meses de idas y vueltas, los empresarios del área energética esperan que esta vez se cumpla la promesa oficial y salga a la luz una de las medidas de fondo clave que el Gobierno tiene pendiente. Se trata del nuevo programa de incentivos para la producción gasífera, que apunta a reactivar las inversiones en el sector con el fin garantizar el abastecimiento interno en los próximos años y reducir las importaciones invernales que implican la salida de dólares.
Si se mantiene la agenda oficial de la Casa Rosada, el próximo jueves el presidente Alberto Fernández y el secretario de Energía, Darío Martínez, tienen previsto trasladare a la provincia de Neuquén para anunciar, desde el yacimiento de Vaca Muerta, el nuevo “Plan Gas 2020-2024”, con el cual el Gobierno apuesta a lograr un doble objetivo. Por un lado, aportar una señal de mayor certidumbre a las empresas petroleras que apostaron por el yacimiento neuquino. Por otro, exhibir una política energética en materia de precios y subsidios algo más ordenada que la desplegada hasta ahora de cara a la negociación entablada con el FMI para la reprogramación de los vencimientos de deuda previstos entre 2021 y 2023.
La primera versión del plan para revertir la caída en la extracción gasífera, que había arrancado en el segundo semestre de 2019 y se agravó a partir de marzo por el desplome económico provocado por el coronavirus, se remonta a mediados de mayo.
El programa inicial que habían consensuado con las petroleras el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, se sustentaba en dos bases salientes que, con algunas modificaciones, se mantendrían vigentes en la nueva configuración:
-Una mega subasta con precio tope para contratar en un solo paquete los volúmenes de gas que requieren las distribuidoras y las usinas térmicas.
-La implementación de un nuevo esquema de subsidios para cubrir la diferencia que surja entre el precio final de la subasta y el valor del gas que el Estado decida trasladar a las tarifas finales de los usuarios.
Los dos puntos relevantes que aún tienen que definir el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de Energía son el “precio estímulo” que se fijará como techo en la licitación y el plazo de extensión del programa.
El precio tope que se les reconocería a las petroleras oscilaría entre los 3,50 y 3,90 dólares por millón de BTU según los meses del año. En cuanto al tiempo de duración de los incentivos, la intención de los funcionarios sería acortar los cuatro años que se habían manejado originariamente a dos o tres años como máximo.
El precio tope que se les reconocería a las petroleras oscilaría entre los 3,50 y 3,90 dólares por millón de BTU según los meses del año.
En cambio, lo que sí seguiría en pie del esquema diseñado por Kulfas y Carbajales es la conformación de un fideicomiso para garantizarles a las productoras que cobrarán las compensaciones pactadas en los meses en que se atrasen los desembolsos normales de Gobierno.
Una vez que quede establecido el precio promedio final que surja de la licitación, Guzmán tendrá que resolver qué porcentaje de ese valor se traslada a las tarifas que pagan los usuarios y cuál será el monto de los subsidios que desembolsará el Estado para cubrir la diferencia.
Con esas variables definidas, Economía y Energía deberían convocar a una audiencia pública, que sería la primera de la administración de Alberto Fernández, para debatir y aprobar los precios del gas y los nuevos cuadros tarifarios.
DUDAS RADICALES. Desde el Instituto Mosconi, el think tank radical que preside el exsecretario de Energía y extitular de YPF Jorge Lapeña, salieron a plantear una serie de dudas e interrogantes sobre la letra chica del nuevo plan de incentivo gasífero.
En el último documento de trabajo, los técnicos del Instituto Argentino de Energía (IAE) destacaron que tanto el crédito de 20.645 millones de pesos (poco más de 200 millones de dólares), como las metas físicas de producción de sólo 2.525 millones de metros cúbicos anuales que aparecen en el Presupuesto 2021 “resultan realmente exiguas frente al total del gas consumido en el país”.
Tras destacar que la primera versión del Plan implicaba un subsidio anual superior a los 1.500 millones de dólares, el informe resaltó que, según los datos del Presupuesto 2021, ahora el nuevo programa en juego sólo alcanzaría para cubrir alrededor del 10% de los objetivos iniciales.
Ante esta situación, el IAE planteó la siguiente disyuntiva: “O el Gobierno planea aumentar el precio del gas que paga la clientela más de un 40% en dólares o bien los recursos presupuestarios resultarán insuficientes”.
Tras reclamar a las autoridades de Energía que salgan a explicitar cuanto antes cuál va a ser la política tarifaria en materia de gas natural y energía eléctrica, el instituto conducido por Lapeña advirtió que con el nuevo plan se corre el riesgo de sumar un fracaso similar al registrado con la reciente experiencia del “barril criollo”, que podría condenar al aparato productivo y a las familias a tener que pagar un precio del gas innecesariamente alto en los próximos años.
COMBUSTIBLES REMARCADOS. Al igual que esos jugadores de fútbol que conocen de antemano en qué momento del partido van a sustituir a un compañero, los dueños de las estaciones de servicios ya saben que el próximo viernes tendrán que remarcar los precios de los surtidores.
De movida, lo que está confirmado es un ajuste del 2,3% en el caso del gasoil y del 3,2 % en las naftas. Esos incrementos obedecen a la actualización de los impuestos internos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) que aprobó el Gobierno por medio del decreto 783 para ser aplicados a partir del día 16 de octubre.
A esos aumentos se agregaría otro ajuste dispuesto por las petroleras que rondaría entre 5 y el 7,5 por ciento. De esta manera, la suba total que regiría desde el próximo fin de semana llegaría, en promedio, a casi el 10%.
Tras haber mantenido los precios en el freezer desde principios de año, las petroleras comenzaron a retocar los valores de combustibles en agosto.
En los dos últimos meses, acumularon una suba promedio del orden del 11% y, según admitieron las autoridades de la petrolera estatal, la intención del sector es llegar a fin de año con una actualización de los combustibles que equipare o supere mínimamente la inflación anual.
Para lograr ese objetivo, las petroleras ya tendrían en carpeta otros dos aumentos más de hasta el 7,5% que se aplicarían en los primeros días de noviembre y diciembre.