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Todo impuesto es político: el lobby de Clarín en la provincia de Kicillof

El grupo más poderoso del país jugó con Cambiemos, que le dio la fusión Cablevisión-Telecom en su paso por el poder, para ablandar la ley Impositiva 2020. El mapa bonaerense de su hegemonía.
Por 09/01/2020 17:11

La sanción de la Ley Impositiva para 2020 en la provincia de Buenos Aires completó el primer conflicto político para Axel Kicillof. Y reavivó viejas tensiones entre el kirchnerismo (parte central del Frente de Todos) y algunos sectores corporativos de la economía: las cerealeras –junto a casi todo el arco agropecuario- y el Grupo Clarín. Ambos presionaron y obtuvieron cambios en la norma fiscal que modificaron objetivos del gobierno bonaerense.

Tal como lo señalara el propio gobernador, la bancada de Cambiemos en el Senado consiguió una reducción significativa en la alícuota de Ingresos Brutos que se pretendía aumentar. Clarín –que manifiesta una línea editorial muy crítica hacia el mandatario que acaba de asumir- es dueño de la empresa Cablevisión-Telecom, el principal jugador del mercado de TV de pago del país y –claro- de la provincia más grande.

La capacidad de torcer decisiones regulatorias en torno a sus intereses, necesidades y demandas consolidan a empresas como Clarín en su rasgo de "Agentes Corporativos de Info-comunicación".

La acción a partir de la cual el mayor grupo de medios y comunicación concentrado de Argentina consigue –acompañado de otros con equivalente capacidad de lobby- incidir en el diseño de instrumentos de políticas públicas no es novedosa. Aunque resulte cada vez más clara.

La capacidad de torcer decisiones regulatorias en torno a sus intereses, necesidades y demandas consolidan a empresas como Clarín en su rasgo de "Agentes Corporativos de Info-comunicacion". No reemplazan ni desplazan a los partidos políticos. Interactúan con ellos -y con dirigentes políticos y políticas- para lograr que las medidas los beneficien. O al menos, como en este caso, no los afecten de modo directo.

Probablemente estamos ante un aspecto tradicional en el marco nacional. Para nada exclusivo. Basta para ello observar procesos como los de México o Brasil. Pero que desde el conflicto en torno a la Resolución 125 en 2008 y su deriva en el debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 se ha vuelto más visible.

 

 

ANTECEDENTES. La deriva del grupo Clarín como actor beneficiado por decisiones de los gobiernos tiene una trayectoria muy larga. Sus idas y vueltas con el menemismo y los beneficios que entonces obtuvo son un ejemplo. La continuidad con la Alianza y la trunca gestión De la Rua constituyen otro ladrillo en la pared. Y, por supuesto, el período pos-devaluación, con Duhalde y el propio Néstor Kirchner definiendo normas muy provechosas para un multimedio en crisis, primero, y en expansión después.

La materialización de medidas a favor de los sectores concentrados en el sistema de medios resultó constante, por su parte, entre diciembre de 2015 y de 2019. La cercanía y empatía entre funcionarios y funcionarias de los distintos organismos del Estado dedicados a estos temas –con la presidencia del ENACOM a cargo de Silvana Giudici como bandera- fueron notables. Eso se comprueba, además, en medidas clave como el aval a la fusión Cablevisión-Telecom o en el manejo y los destinos de la pauta de publicidad oficial, que devolvió a Clarín al primer lugar del ranking. 

 

 

El final de la administración Cambiemos en la Nación y en la provincia de Buenos Aires abrió un proceso de dudas respecto de cómo será la relación entre la gestión de Alberto Fernández y el principal multimedios, que tiene una historia particular. Pero no sobre la del gobernador Kicillof con la empresa gestionada por Héctor Magneto. Tampoco sobre el vínculo sostenido entre el bloque hoy opositor y los medios del grupo Clarín y varias de sus principales firmas, caras y/o voces emblemáticas.

EL IMPUESTO, EL MERCADO Y EL SECTOR. Haber evitado una suba en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires podría significar para Cablevisión un ahorro de $600 millones de pesos, un monto comparable con lo recibido por pauta oficial de la Nación en 2019.

De más está decir que en la provincia operan muchas empresas pymes y locales de TV de pago que también abonarán menos de lo proyectado por el proyecto de Kicillof. Pero el más grande jugador es el más beneficiado.

 

 

Cablevisión se presenta como la empresa líder de Servicios de TV por cable e internet de alta velocidad en Argentina. Y lo es. Según su propia web, es “el principal operador de cable entre más de 700 que hay en todo el país". Esto se consolida todavía más en la provincia de Buenos Aires, una de las más ricas del país.  

Mediante compras y adquisiciones de distinta índole, pasó a controlar desde 1997 las empresas Oeste Cable Color (operador de los partidos de Morón, Moreno, San Martín, Tres de Febrero, Almirante Brown y La Matanza), Televisora Belgrano (Berazategui, Avellaneda y Quilmes); Cable Río de los Deltas (Tigre y San Fernando) y Teledelta (Zárate y Campana). Sus dominios se extienden al corazón del oeste bonaerense, además, con las localidades de 9 de Julio, Chivilcoy, Pehuajó, Trenque Lauquen, entre otras. Ahora (también) jugó a la política. Y ganó.