Alberto Fernández lo mencionó en su ambicioso discurso de asunción como uno de los ejes sobre los que pensaba edificar un quiebre con el pasado y se vuelve tema inevitable de agenda con las efemérides por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Cuando anunció la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia y el fin de los fondos reservados, el Presidente lanzó su consigna de época: “Nunca más al Estado secreto (...) Nunca más a los sótanos de la democracia”. Cruel, la realidad suele dejar poco margen para la épica. El 23 de diciembre, cuando entró por primera vez al tenebroso edificio de la calle 25 de Mayo, lo primero que tuvo que hacer Cristina Caamaño fue pagar los aguinaldos del personal de la ex SIDE que Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani habían dejado pendientes. Después comenzó a hacer el inventario de un organismo opaco, considerado vital por cada uno de los presidentes que pasó por la Casa Rosada, pero que trasciende sólo cuando se descubren las formas de ilegalidad en que se mueven los espías criollos.

Con paso por la Procuración durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, la ex fiscal Caamaño tuvo un segundo gesto con los empleados de “La Casa”: decidió dar de baja los polígrafos que se utilizaban para controlar al personal con el objetivo declarado de prevenir filtraciones o descubrir faltantes de objetos. En la jerga de Kaos y Control, se trata de detectores de mentiras que habían sido usados unas 2.500 veces, en sesiones de tres horas, con los 1.400 agentes de la AFI. Casi todos habían pasado dos veces por una prueba que, de acuerdo a los testimonios, estaba lejos de ser gratificante. 

Poco después aparecieron en un placard cajas con equipos último modelo que la gestión del broker Arribas no alcanzó a estrenar: grabadores, inhibidores de señales y micrófonos importados de los que se desconoce su futuro.

Sin usar. Parte de los fierros nuevos que encontró la interventora Caamaño.

BUENOS TÉRMINOS. Caamaño dio en los últimos días su primer paso de importancia: firmó la resolución 17/2020, con la cual pretende cortar el cordón umbilical que une a la ex SIDE con los tribunales de Comodoro Py, un vínculo intenso y promiscuo. Según dicen en la Casa Rosada, es un trámite formal para dar cuenta de un divorcio que debería reducir al mínimo la actuación de los espías como auxiliares de la Justicia. Sin embargo, es una medida que da cuenta del campo minado en el que ingresó la ex fiscal que actuó en el crimen de Mariano Ferreyra y puede pecar de buenintencionismo porque deja en manos de los jueces federales la decisión final: habrá que ver si la familia de Py está dispuesta a perder ese recurso que se cansó de explotar.

Integrada por las organizaciones que más se ocuparon del tema durante la gestión Macri, la Iniciativa del Control Ciudadano del Sistema de Inteligencia (ICCSI) planteó hace dos semanas que “lo urgente” era directamente “prohibir a los organismos de inteligencia participar de las investigaciones criminales” y cortar de cuajo ese vínculo espurio. “Proponemos la derogación parcial del inciso 1º del artículo 4 de la Ley de Inteligencia 25520 (...) sin esperar necesariamente a la reforma integral”. Se trata de la excepción que fue utilizada como llave para que Comodoro Py y la ex SIDE sellaran una alianza muy parecida a una asociación ilícita, con el espionaje en tareas de policía al servicio del Poder Judicial. Por alguna razón, Fernández y Caamaño decidieron dar un paso intermedio en la dirección que la Iniciativa considera correcta, pero con el riesgo de caer en la zona de lo testimonial. En el ICCSI, que espera reunirse en los próximos días con Caamaño conviven el CELS con la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, que preside el jurista Alberto Binder.

Caamaño, Fernández y Cafiero, en la Casa Rosada.

¿FIN DEL CHANTAJE? La resolución de Caamaño va a tono con un exhorto -justo y tardío- que la Corte Suprema realizó, en junio del año pasado, contra la “amenaza” y el “chantaje” “derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito”. El pronunciamiento supremo unánime llegó después de tres años largos del festival de escuchas que la justicia y los servicios de inteligencia filtraron a través de los comunicadores ligados al macrismo. Sin embargo, provocó que se activara el lobby de jueces y espías que por primera vez se sintieron llamados a la atención durante los años del experimento amarillo en el poder.

En un mes, la reforma para dejar atrás los sótanos de la democracia tendrá una inmejorable oportunidad de avanzar. El 14 de febrero se vence el mandato de cuatro años del camarista Martín Irurzun como jefe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la oficina de escuchas que depende de la Corte por orden de Macri. Por decreto, el egresado del Cardenal Newman no sólo le arrebató las escuchas a la Procuración de Gils Carbó, sino que diseñó un sistema de designaciones que está vigente, pese a los cuestionamientos que tuvo en sede judicial.

El sorteo por el que se designó a Irurzun y a su segundo, el camarista de Comodoro Rivadavia y distinguido fanático xeneize Javier Leal de Ibarra, no fue público, aunque sus nombres se conocieron antes por medios aliados al ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Ahora se supone que Irurzun será reemplazado por Leal de Ibarra, salvo que Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, decidan tomar cartas en el asunto. En su alegato en Comodoro Py, Cristina Fernández se refirió a Irurzun como el magistrado que te escucha y “te mete preso”. Después de cuatro años de filtraciones, la designación de las autoridades de las oficinas de escuchas y finalmente su permanencia o no en la esfera de la Corte será parte de una negociación entre Fernández y los supremos.

¿PARA QUÉ SIRVE? La triple alianza de servicios de inteligencia, tribunales federales y medios atravesó todas las épocas desde que fue inaugurada en la era menemista. Funcionó con el kirchnerismo cuando el auditor Javier Fernández ejecutaba la partitura de Stiuso y el estudio jurídico de Darío Richarte y Diego Pirota defendían a los funcionarios del ex Frente para la Victoria, un mecanismo aceitado que voló por los aires con el memorándum con Irán y la pelea con el ex jefe de Contrainteligencia. Con el macrismo, fue Arribas el encargado de operar en Comodoro Py en nombre del Presidente, mientras a Majdalani le atribuían el rol de jefa operativa.

La AFI depende directo del Presidente y el objetivo declarado del nuevo gobierno es tender hacia una mayor profesionalización. Del organismo intervenido por Caamaño dependen la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa.

Utilizada durante la mayor parte de los años de democracia como plataforma para perseguir opositores y hacer política para el gobierno de turno, en teoría la actual AFI debería tener otra función. Con un regreso doctrinario a las fuentes del decreto 1311, que consagró la ruptura tardía del último cristinismo con la banda de Stiuso, la intervención de Caamaño se propone cortar el nexo con Comodoro Py para concentrar a los espías en la Contrainteligencia y la Inteligencia Criminal. El artículo 6 del capítulo sobre Inteligencia Nacional del DNU 1331 explicita que “se prohíbe la producción de conocimientos de carácter político ajenos a las problemáticas defensivo militares”: agresiones externas o delictivas como terrorismo, atentados, criminalidad organizada, narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia económica y financiera. A eso deberían dedicarse, según la ley, los que habitan el hormiguero de 25 de mayo.

Según pudo saber Letra P, Caamaño redujo el número de directores de 105 a 65 en su primer mes de gestión. Como con todo, preocupa la famosa mano de obra desocupada, que suele trabajar para servicios extranjeros y para empresarios que tienen enemigos poderosos, son obsesivos de la información privada o compiten por licitaciones del Estado.

A dónde van los renunciados del espionaje estatal es un eterno dilema. En su artículo 60, el decreto 1311 establece que los exempleados de la AFI y la SIDE “están sometidos a control por parte de la Inspectoría de Asuntos Internos” a fin de prevenir y disuadir conductas que infrinjan las leyes. Menuda tarea para el inspector auditor que es designado por el director general de la AFI y tiene rango de director. También debe detectar las conductas del personal en actividad que puedan ser consideradas “faltas graves o gravísimas” -quizás para eso se abusaba del detector de mentiras que encontró Caamaño- y aplicar sanciones a través del Tribunal de Disciplina. Los espías tienen “prohibido difundir información adquirida en ejercicio de sus funciones”, “integrar sociedades proveedores de la administración pública” y “prestar servicios directa o indirectamente a empresas relacionadas con la seguridad, defensa o inteligencia”; todas actividades en las que se lucieron durante el reinado de Stiuso, ahora devenido estrella de Netflix. Si el artículo 65 especifica la obligación de prestar colaboración frente al control de la Inspectoría, el artículo 5 del capítulo sobre el escalafón de inteligencia reconoce “derechos” para los espías, entre ellos, el de no cumplir con una orden ilegal.