El Gobierno buscará afrontar los costos económicos y políticos de la eliminación del IVA “caso por caso” mediante reuniones bilaterales con los gobernadores. Si no hubiese acuerdo, las controversias podrían dirimirse en la Corte y también en los medios, pero después de las elecciones de octubre, cuando las urnas definan quién pagará las medidas de emergencia que anunció el presidente Mauricio Macri luego de la estrepitosa derrota que sufrió en las PASO del 11 de agosto. “No hay nada para compensar el reclamo de todos los gobernadores”, advirtió a Letra P un alto funcionario de la Casa Rosada sobre un debate que retumba en el Ejecutivo desde la semana pasada: cómo transitar la campaña en el interior del país, con los gobernadores en pie de guerra por el impacto fiscal de la baja en el mínimo imponible del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica.
En Balcarce 50 preparan una agenda de reuniones bilaterales con los mandatarios que ya plantearon sus reclamos. Los primeros en la lista serán los que alertaron sobre dificultades para pagar los salarios a partir de septiembre y octubre. “Vamos a hacer reuniones por separado porque cada provincia tiene su particularidad fiscal; algunas ya tienen inconvenientes en el pago de sueldos. Analizaremos cada caso, pero eso no quiere decir que haya una compensación”, aclararon fuentes del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio.
Según el Consejo Federal de Inversiones, la aplicación del DNU implicará una merma superior a los 57.000 millones de pesos en impuestos coparticipables y su impacto político todavía no pierde el tono a desquite, similar a la conferencia de prensa que ofreció el Presidente un día después de las primarias.
DEL FOFESO AL DESQUITE. En el Gobierno admiten que no son pocos los funcionarios provinciales que leen ese decreto como parte de un castigo presidencial para los mismos caciques con los que buscó convivir en los últimos cuatro años, en una relación tirante que comenzó a complicarse luego del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los recortes vinculados a la aplicación del déficit cero.
El primero fue la eliminación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo), con reclamos todavía irresueltos que están en manos de la Corte Suprema. Luego vino la provincialización del financiamiento de la tarifa social de distintos servicios públicos a principios de año, los intentos por compensar el recorte del FoFeSo con obras de baja escala y la última pieza del tironeo fueron los dos cambios impositivos anunciados la semana pasada, con gobernadores que se enteraron de la decisión por los medios y que buscarán invalidar el DNU, porque se arroga facultades que son potestad del Congreso y no del Poder Ejecutivo.
ATN, DIVINO TESORO. Desde las primeras negociaciones por el FoFeSo, la caja más codiciada por los reclamos provinciales tiene 40.000 millones de pesos y corresponde a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Son fondos de las provincias que administra el Estado Federal y que puede girar en determinadas situaciones críticas. Las peleas por el uso de los ATN siempre formaron parte de la agenda entre el Gobierno y las provincias. Este viernes, esa tensión recrudeció a partir de un proyecto de ley que presentó el senador cordobés y titular del bloque del PJ, Carlos Caserio, para compensar el costo de las medidas anunciadas por el Presidente con la distribución de los ATN con el mismo porcentaje que establece la ley de coparticipación.
“No nos vamos a adelantar a una compensación general. El proyecto sobre los ATN que propone el PJ en el Senado tiene una baja probabilidad de que sea aprobado, porque esos fondos se otorgan por emergencia hídrica o desequilibrio económico y sería tomar una medida uniforme cuando no es la misma para todas las provincias”, detalló un vocero del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sobre la decisión del Ejecutivo. De esas palabras se desprende un mensaje sutil: si el proyecto es transformado en ley, el Presidente podría vetarlo, aunque la agenda urgente del nuevo jefe del Palacio de Hacienda estará signada por el encuentro que mantendrá con los auditores del FMI que llegarán este sábado a Buenos Aires.
SALARIOS EN RIESGO. Este miércoles, los 19 gobernadores que se reunieron en el CFI firmaron un documento donde no repudian la utilización de paliativos ante la maxidevaluación del lunes 12 de agosto, pero cuestionan la aplicación de una medida inconsulta que los dejó en riesgo de no cumplir con los gastos corrientes de cada administración e incluso los salarios.
Con esa advertencia, la cartera de Interior prepara reuniones a partir del lunes con los gobernadores más condicionados por problemas financieros. En la Casa Rosada guardan la lista con reserva, pero podría extenderse a una decena de distritos del norte y la Patagonia. Si el conflicto escalase, serían los mismos mandatarios que pondrían el grito en el cielo cada vez que el Presidente visitara sus provincias, en una agenda que todavía está en estudio pero que formará parte del intento oficial por retomar la iniciativa antes del lanzamiento de la campaña electoral hacia octubre.
TIRONEOS QUE LLEGAN A LA CORTE. Los negociadores de Interior y Hacienda trabajan sobre esa dead line, porque saben que la pelea por esos fondos podría meterse en medio de los intentos de Juntos por el Cambio para provincializar la campaña. “Estamos dispuestos a discutir si esa plata es de los contribuyentes o de los gobernadores”, anticipó un vocero presidencial para mostrarse en pie de guerra en caso de una escalada del conflicto, donde las consecuencias políticas podrían agigantar la debilidad del oficialismo.
Otra opción de autodefensa pública que barajó el Gobierno fue aprovechar la foto que encabezó en Rosario el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuando cerró la campaña al pie del Monumento a la Bandera rodeado de mandatarios peronistas. Pero el reclamo fiscal excede los pelajes políticos y el malestar se extiende a gobernadores aliados de la Casa Rosada, con un vínculo deteriorado por haber jugado con boleta corta en las PASO y obtener malos resultados.
Del otro lado del mostrador, la tensión sigue en ascenso, porque las provincias buscarán llevar el caso a la Corte Suprema, donde ya se tramitan otras controversias federales. El máximo tribunal ha definido parte de la relación fiscal entre las provincias y la Nación desde el 25 de noviembre de 2015 (un día después del ballotage que ganó Macri) con un fallo donde ordenó la restitución a las provincias del 15% que el fisco federal les retenía para financiar la ANSeS mediante una ley que fue declarara inconstitucional.
Este miércoles, 19 fiscales de Estado se pusieron a trabajar en una demanda contra la Nación, que tendrá la rúbrica de Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Domingo Peppo (Chaco).
