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La Comisión Provincial por la Memoria presenta "Informe de la crueldad", el relevamiento de cárceles, comisarías y neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires.
Por 21/08/2019 9:02

Con una sobrepoblación penitenciaria del 113% y otra del 310% en cárceles bonaerenses, sale a escena el nuevo informe sobre el estado de las personas privadas de su libertad que están bajo custodia del Estado bonaerense y pone en la línea de fuego al ministro de Seguridad y primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires por Cambiemos, Cristian Ritondo, y al titular de la cartera de Justicia, Gustavo Ferrari, dos de los funcionarios de extrema confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará este miércoles el “Informe Anual 2019: El sistema de la crueldad XIII”, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. El informe denuncia una crisis humanitaria del sistema penal que alcanza récord de personas detenidas, sobrepoblación, hacinamiento, tortura y muerte. La presentación del informe se realizará a las 10 en el Anexo del Senado provincial, ubicado en avenida 7 esquina 49, de La Plata.

La CPM publica cada año un informe diagnóstico sobre el estado de las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez en el encierro y de salud mental en la provincia de Buenos Aires. Desde el año 2004, El Sistema de la crueldad da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de libertad y las víctimas de la violencia institucional en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de menores y neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires.

 

 

Esta nueva presentación se da luego de varias citas judiciales incumplidas por los ministros Ritondo y Ferrari, quienes no comparecieron a las audiencias en tribunales y en su lugar enviaron a funcionarios de tercera línea sin capacidad de dar respuesta concreta a los reclamos por hacinamiento y sobrepoblación de personas privadas de su libertad en comisarías, que están bajo la órbita de la cartera de Seguridad, como en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Un dato para poner en contexto lo que se espera del informe. La cartera que conduce Ritondo reconoció en 2018, en un documento oficial, que el hacinamiento en los calabozos de las comisarías supera el 270% en todo el territorio bonaerense.

 

 

En varios juzgados de primera instancia de la provincia de Buenos Aires tramitaron varios habeas corpus en los que se hacía foco sobre las inhumanas condiciones de detención de personas en conflicto con la ley. En al menos dos expedientes fueron citados los ministros Ritondo y Ferrari pero dejaron esperando a las autoridades judiciales. Una de las últimas citas judiciales fue el 23 de agosto de 2018, en la que el titular de la cartera de Justicia pegó el faltazo. A fines de 2018, todos fueron remitidos a Casación bonaerense donde, por orden de la Suprema Corte provincial, se creó un espacio de trabajo para tratar el tema.

Según los primeros datos que se dieron a conocer del informe, en diciembre de 2018 había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, 50.500. Este es un nuevo récord y la tasa de prisionización también es la más alta de la historia. El correlato directo de esta política criminal es el sobre-encarcelamiento: la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%; es decir, personas que duermen en el suelo o se turnan para dormir.

“La actual gestión provincial reconoció, desde el primer momento, la crisis del sistema penal; sin embargo, en consonancia con las políticas criminales de la administración nacional, en estos años el gobierno profundizó el punitivismo y naturalizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el encierro y en el territorio.”

“A su vez, la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención generan condiciones de posibilidad para las violaciones a los derechos humanos en el encierro. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político”, se detalla en otro tramo del informe.

En 2018, a partir de las entrevistas que se realizan durante las inspecciones a los lugares de encierro o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, la Comisión Provincial por la Memoria relevó 12.421 hechos de tortura.

“Estas políticas de mano dura que, supuestamente, solucionarían los problemas de seguridad pública siguen demostrando su fracaso año tras año. El único resultado que dejan es la consolidación del sistema de la crueldad: una forma de gobierno de las poblaciones más vulnerable —pues la mayoría de las víctimas son pobres, acusados de delitos menores e, incluso, falsamente acusados— que naturaliza la violencia estatal y la muerte”, expresaron desde la CPM en un comunicado oficial.

Las masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de esos resultados que se pretenden mostrar: primero fue en una comisaría Pergamino, después en otra de Esteban Echeverría y hace pocos meses, una masacre callejera en San Miguel de Monte, donde fallecieron cuatro jóvenes luego de una extraña persecución policial. Para la CPM, “estos no son hechos aislados” sino que “son la consecuencia de una política que asume la muerte como resultado esperable. Sólo durante 2018, 339 personas murieron bajo custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes”.

En el informe también se detalla que otras 120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario de servicio. “La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como femicidio”.

 

 

ANTECEDENTE INMEDIATO. Estos nuevos datos son más graves que los dados a conocer por la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires del año 2018, pero correspondiente a cifras del año 2017, en los que se registraron 682 casos de tortura y tratos inhumanos en cárceles y comisarías bonaerenses.

El total de denuncias llega a 733 cuando se le suman los indicadores “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa” y “obstaculización de la defensa”.

Del total de los 682 hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 456 fueron cometidos por funcionarios de la Policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones.

 

 

La modalidad más repetida detectada el año pasado por la Policía fueron golpes (383 casos); mientras que se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana, 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles.

En cuanto a los casos del Servicio Penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se detectaron 45 hechos de aislamiento como modo de tortura, 5 de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles.

En niños (tomando los casos totales) se relevaron 158 casos. En sólo 41 del total relevado, las víctimas accedieron a que su defensor pusiera el hecho en conocimiento de otros funcionarios.

 

Se informaron, además, condiciones de agravamiento de detención tanto en comisarías como en establecimientos penitenciarios (superpoblación, hacinamiento, falta de atención médica, traslados constantes, entre otros), incumplimiento de orden de clausura judicial de comisarías y tratos inhumanos que afectan gravemente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

El informe detalló que entre 2000 y 2017 se registraron un total de 12.457 casos de torturas y tratos inhumanos.