La denuncia de una jueza de La Plata por hacinamiento en una comisaría de la capital bonaerense fue el disparador para que el gobierno provincial reconociera que tiene una sobrepoblación de detenidos en comisarías superior al 270%. Con ese dato plasmado en un informe oficial al que accedió Letra P, sumado a dos resoluciones judiciales, se abrió una investigación penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios público, que roza a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Liliana Torrisi, jueza de un Tribunal Oral de La Plata, pidió que se investigue el hacinamiento reiterado que se produce en la comisaría Octava de la capital provincial. En su primera visita realizada en diciembre último ordenó la clausura de los calabozos y el traslado de los detenidos.
En esa oportunidad constató matafuegos inoperantes e inexistencia de colchones ignífugos (anti incendio) y consideró “pésimas” las condiciones de detención de los encausados ya que no se cumple “con las condiciones mínimas de habitabilidad”.
Tras esa visita, la jueza notificó de las irregularidades a Vidal, Ritondo, al entonces titular de la Jefatura Departamental de La Plata, Diego Bravo (quien fue reemplazado luego de una ola de delitos durante este verano y su lugar fue ocupado por el comisario mayor Javier Martínez), a la Subsecretaría de Derechos Humanos de personas privadas de su libertad de la Suprema Corte bonaerense y al Comité Permanente de Seguimiento Departamental, integrado por el Presidente de la Cámara Penal de La Plata, Eduardo Raúl Delbés; el Fiscal General, Héctor Vogliolo y el Defensor General, Omar Ozafrain.
Pasaron poco más de tres meses después y Torrisi volvió a la seccional. Nada había cambiado. Faltan matafuegos y colchones anti fuego. Además un informe de la Asesoría Pericial determinó que “las condiciones edilicias del sector calabozos son pésimas”, en concordancia con lo informado por la jueza. Pero el perito fue más allá: “La instalación eléctrica posee tendidos de sus cables a la vista constituyendo un riesgo potencial de accidente eléctrico”.
En base a ese informe oficial es que volvió a ordenar la clausura de los calabozos y ordenó la apertura de una investigación para indagar en las responsabilidades de los funcionarios que habían sido notificados.
Uno de las documentos claves que están en poder de los investigadores es el informe del Centro de Operaciones Policiales, dependiente del Ministerio de Seguridad, en el que reconocen que las plazas disponibles para el alojamiento de detenidos en todas las comisarías de la provincia son 1003 “con una cantidad de detenidos existente de 3773, lo que claramente indica que la capacidad de alojamiento referida se encuentra excedida en un 276,2%”.
El documento es la respuesta a una solicitud para que se descomprima la cantidad de presos en los calabazos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.
Luego de un detalle de los pocos lugares libres existente al pasado lunes 9 de abril, se informa que “el realojamiento de los detenidos” amontonados en la DDI platense “sería inviable por insuficiencia de plazas”.
Este informe al que accedió Letra P aporta otro dato central. Vidal, Ritondo y el comisario Martínez ya sabían que había exceso de detenidos en los calabozos de la DDI y todo siguió igual.
La situación de las personas privadas de su libertad es un gran déficit de todos los gobiernos provinciales. Se prometieron sucesivas reformas y mejoras, pero las comisarías y cárceles muestran una realidad totalmente distinta al relato planteado desde el actual oficialismo.
Esta semana la Legislatura bonaerense prorrogó la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; y en materia administrativa y tecnología, decretada por Vidal y mantiene las de Seguridad y Servicio Penitenciario, heredadas de la gestión de Daniel Scioli. Técnicamente se dictan para, entre otros tópicos, poder tener una velocidad de ejecución mayor de obras y manejos de fondos públicos, ya que en ese marco se relajan los controles administrativos y legislativos, pero no están exentos del control judicial ante eventuales delitos.
