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El escándalo PRO lo hizo: reglamentaron la bancarización de los aportes

Es una de las obligaciones taxativas de la norma devengada luego del escándalo en la denominada causa penal por “aportantes truchos de Cambiemos”.
Es una de las obligaciones taxativas de la norma devengada luego del escándalo en la denominada causa penal por “aportantes truchos de Cambiemos”.
Redacción 01/07/2019 11:17

El Gobierno reglamentó la reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos que busca otorgar mayor transparencia en los procesos electorales, dado que se estableció, entre otros puntos, que los aportes a la campaña electoral “deberán ser mediante transferencia bancaria”. Esta bancarización se hizo taxativa en el nuevo marco legal luego del escándalo judicial desatado por la investigación periodística que dio cuenta de aportantes truchos para el financiamiento político de la campaña electoral de Cambiemos en 2015 y 2017.

A través del decreto 443, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó los cambios plasmados en la normativa donde se habilita los aportes privados en las campañas electores a través de la bancarización y la distribución de la publicidad.

En la iniciativa votada en el Parlamento se estableció que “en el balance anual y en el informe de campaña, las agrupaciones políticas deberán detallar la nómina de aportes que hubiesen recibido, con la correspondiente identificación de las personas que los hubieren realizado”, con lo cual no habrá donaciones anónimas.

 

 

De acuerdo a la iniciativa, “para el caso de los aportes a través de depósito bancario, el Banco Central arbitrará los mecanismos apropiados para que se acredite la identidad del aportante al momento en el que se realiza el aporte y para hacer posible su reversión”.

También se dispuso que las entidades bancarias “deberán informar la identidad del donante a la Dirección Nacional Electoral dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en el caso de donaciones al Fondo Partidario Permanente”.

Uno de los puntos de la ley sancionada en el Congreso dispone una exención impositiva de pleno derecho y sin sujeción a ningún trámite en beneficio de las agrupaciones políticas.

 

 

En ese sentido, en la reglamentación se deja establecido que para que “dicha exención pueda implementarse sin trámite alguno, es necesario regular el mecanismo correspondiente para que la AFIP tome nota de que agrupaciones políticas cuentan con los requisitos para ser beneficiarias de dicha exención”.

Otro punto clave de la ley es que “se destinará a publicidad en medios digitales el 20% de los fondos públicos que las agrupaciones políticas reciban del aporte extraordinario para campañas electorales”.

“De este porcentaje -se aclaró- al menos un 35% será destinado a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% del mismo aporte a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción provincial”.

 

 

En ese marco, se precisó que “los sitios periodísticos digitales generadores de contenido a los que alude esta norma deberán ser personas jurídicas debidamente inscriptas y tener por objeto social la divulgación, prestación de servicios y/o producción por cuenta propia de portales de información periodística a través de la red de Internet”.

Por último, se dispuso que los partidos “no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, ni tampoco se permitirán como aportes privados al Fondo Partidario Permanente” que provengan de “permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de obra pública y de servicios públicos, y proveedores”, tanto de la Nación, las provincias, los municipios, o la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Este nuevo marco normativo intentará echar luz a uno de los grandes agujeros de la política como es el financiamiento de las campañas electorales que tuvo su pico de exposición con la investigación por la recaudación de la campaña bonaerense de Cambiemos en el turno electoral de 2017.

 

 

El primero de los fusibles potentes de esta trama judicial fue la ex funcionaria imputada María Fernanza Inza, quien renunció como Contadora General de la provincia de Buenos Aires, en medio de la turbulencia política generada por la causa abierta tras la investigación del periodista Juan Amorín para la multiplataforma web El Destape.

En 2017, pese a no ser candidata, Vidal encabezó la campaña en la provincia de Buenos Aires. El jefe fue su mano derecha Federico Salvai. La que recaudaba era María Fernanda Inza como tesorera junto al radical Alfredo Irigoin y la dirigente PRO Silvia Chaban, ambos imputados en la causa que instruyó en Comodoro Py el juez federal Casanello.

Salvai es el marido de la súper ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, quien tiene bajo su guarda legal las bases de datos de donde se extrajeron las identidades de beneficiarios de planes sociales que figuran como aportantes de baja escala al PRO bonaerense, cuya titular era Vidal.