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Busca completar el hueco dejado por Juan Carlos Hitters en octubre de 2016 con el nombramiento de Sergio Torres. El juez, entre avales académicos y de Abuelas y una impugnación amiga.
Por 03/04/2019 11:45

A 30 meses de producida la vacante por la salida de Juan Carlos Hitters, la gobernadora María Eugenia Vidal remitió este miércoles al Senado bonaerense el pliego para la designación de Sergio Torres como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La impugnación que sufrió el juez federal semanas atrás fue apenas un escollo que no tuerce la elección de la mandataria para cubrir la vacante en el máximo tribunal.

Según dejaron trascender desde el gobierno, Torres acredita para su postulación el aval de más de 300 entidades de la Justicia, la sociedad civil y del ámbito gubernamental, aunque fue objetado por la ONG Usina de Justicia, una organización civil cercana a Cambiemos, que marcó su oposición al considerar que el juez responde a la línea “abolicionista implementada por Eugenio Zaffaroni”. El planteo de la ONG, alineada con la doctrina de mano dura que promueven los gobiernos nacional y bonaerense, resultó un breve dolor de cabeza para la mandataria: la diputada Carolina Piparo, quien se hizo conocida tras perder a su hijo por nacer en una salidera bancaria en La Plata, renunció a Usina de Justicia en disconformidad con la objeción a Torres.

 

 

Para apuntalar al elegido, el gobierno hizo trascender que, además de los avales mencionados, Torres también cuenta con el espaldarazo de las universidades de Buenos Aires, Belgrano, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Del Sur, Noroeste, Mar del Plata, José C. Paz y San Martín.

Además, entre las entidades civiles, firmaron la adhesión a su postulación el Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico; la Asociación Civil Madres en Lucha contra el paco; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Sara Rus, sobreviviente de la Shoa y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora;  la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT); la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de la Argentina y la Mesa Nacional por la Igualdad.

 

Entre las entidades civiles, avalan la candidatura de Torres las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de la Lucha contra el paco, la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de la Argentina, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, entre otras

 

Desde el ámbito judicial y gubernamental, avalaron la elección de Torres, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder judicial de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia; la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR); el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el Museo Sitio Memoria ESMA; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también Raquel Mawszowicz, sobreviviente del Holocausto y las autoridades del Centro Ana Frank de Argentina.

En todas esas adhesiones y apoyos recibidos se destaca reiteradamente su extensa carrera académica y judicial, sobre todo las actividades realizadas en torno a la problemática del tráfico y consumo de estupefacientes, al momento de impartir justicia, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes atravesados por las adicciones.

 


Torres, junto a representantes del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires.

“En su trayectoria en el Poder Judicial como magistrado, Torres tuvo gran responsabilidad en materia de defensa de los Derechos Humanos y la Democracia e intervino en la realización de un protocolo para resguardar la vulnerabilidad de los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad”, se destaca en la presentación que se envió al Senado.

Y se detalla en el currículum del magistrado que es “Doctor en Ciencias Jurídicas; Magister Internacional en Nuevos Delitos Penales; Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico; Especialista en Derecho Penal y Criminología; Diplomado en Delitos de Corrupción Pública y Privada –compliance- y Diplomado en DDHH, Garantías Constitucionales, Procedimiento y Globalización en el Sistema Penal Actual”.  Y se indica que el juez cumple con su domicilio en la provincia como indica la Constitución bonaerense.