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A una semana de oficializarse su postulación al máximo tribunal provincial, el magistrado que procesó a Boudou cosecha adhesiones en varias canastas académicas, educativas y judiciales.
Redacción 14/03/2019 19:07

Tres universidades nacionales, funcionarios, dirigentes y académicos del derecho penal, entre otros, forman parte de la lista de apoyos que recibió hasta el momento el juez federal Sergio Torres, el elegido de la gobernadora María Eugenia Vidal para que ocupe la silla vacante en la máxima instancia judicial bonaerense: la Suprema Corte.

En las cartas de adhesiones se resalta la extensa carrera académico y judicial del postulante, orientada en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada internacional, lavado de activos, trata de personas y delitos contra la administración pública.

Según un informe oficial, en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Torres desde 2004, 964 investigaciones a su cargo relativas al narcotráfico fueron elevadas a juicio oral, ordenó 1.150 allanamientos en los que se secuestraron, entre otras drogas y armas, más de 23 millones de dosis de “paco”.

 

 

Para lograr esas cifras, el magistrado utilizó herramientas especiales de investigación, como las figuras del arrepentido, el agente provocador o la reserva de identidad de testigos.

Todo esto (y más) fue valorado por las universidades nacionales de Buenos Aires, La Matanza y San Martín, por el Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico, por Carlos Olivero, director del Centro Barrial “San Alberto Hurtado”, por el Instituto de Diálogo Interreligioso y por Marta Ángela Gómez, de la Asociación Civil Madres en Lucha contra el Paco.

En la lista se agregan funcionarios judiciales, tanto nacionales como provinciales, y de la Ciudad de Buenos Aires, que dieron su aval, como el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, el juez Nicolás Ramón Ceballos.

 

 

En su trayectoria en el Poder Judicial como magistrado, Torres intervino en la realización de un protocolo para resguardar la vulnerabilidad de los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad.

A nivel académico, es doctor en Ciencias Jurídicas, magister Internacional en nuevos delitos Penales y Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico. Además, fue distinguido profesor "Honoris Causa" en universidades nacionales e internacionales, y declarado "Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires" por la Legislatura porteña.

El proceso de apoyo o rechazo finaliza el 22 de marzo y es en el Ministerio de Justicia bonaerense donde debe alcanzarse la documentación que luego será girada al Senado provincial, para su análisis y decisión final sobre su pliego de designación.

Quiénes apoyan la designación del juez Torres en la Corte de Vidal

A una semana de oficializarse su postulación al máximo tribunal provincial, el magistrado que procesó a Boudou cosecha adhesiones en varias canastas académicas, educativas y judiciales.

Tres universidades nacionales, funcionarios, dirigentes y académicos del derecho penal, entre otros, forman parte de la lista de apoyos que recibió hasta el momento el juez federal Sergio Torres, el elegido de la gobernadora María Eugenia Vidal para que ocupe la silla vacante en la máxima instancia judicial bonaerense: la Suprema Corte.

En las cartas de adhesiones se resalta la extensa carrera académico y judicial del postulante, orientada en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada internacional, lavado de activos, trata de personas y delitos contra la administración pública.

Según un informe oficial, en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Torres desde 2004, 964 investigaciones a su cargo relativas al narcotráfico fueron elevadas a juicio oral, ordenó 1.150 allanamientos en los que se secuestraron, entre otras drogas y armas, más de 23 millones de dosis de “paco”.

 

 

Para lograr esas cifras, el magistrado utilizó herramientas especiales de investigación, como las figuras del arrepentido, el agente provocador o la reserva de identidad de testigos.

Todo esto (y más) fue valorado por las universidades nacionales de Buenos Aires, La Matanza y San Martín, por el Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico, por Carlos Olivero, director del Centro Barrial “San Alberto Hurtado”, por el Instituto de Diálogo Interreligioso y por Marta Ángela Gómez, de la Asociación Civil Madres en Lucha contra el Paco.

En la lista se agregan funcionarios judiciales, tanto nacionales como provinciales, y de la Ciudad de Buenos Aires, que dieron su aval, como el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, el juez Nicolás Ramón Ceballos.

 

 

En su trayectoria en el Poder Judicial como magistrado, Torres intervino en la realización de un protocolo para resguardar la vulnerabilidad de los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad.

A nivel académico, es doctor en Ciencias Jurídicas, magister Internacional en nuevos delitos Penales y Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico. Además, fue distinguido profesor "Honoris Causa" en universidades nacionales e internacionales, y declarado "Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires" por la Legislatura porteña.

El proceso de apoyo o rechazo finaliza el 22 de marzo y es en el Ministerio de Justicia bonaerense donde debe alcanzarse la documentación que luego será girada al Senado provincial, para su análisis y decisión final sobre su pliego de designación.