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La fiscal federal de La Plata, Ana Russo se opuso a que la trama penal de la investigación en curso sea instruida por un magistrado de otra competencia.
Por 13/09/2018 15:38

Una fiscal Federal de La Plata fue la artífice de un nuevo sopapo judicial para la gobernadora María Eugenia Vidal y Cambiemos en el marco de la investigación por los aportantes truchos de la alianza entre radicales, macristas y adherentes de Elisa Carrió.

Ana Russo dictaminó que el pedido de inhibitoria de competencia, planteado por el juez pro tarifazo, Adolfo Gabino Ziulu, no debe prosperar por entender que la trama penal y la pata contable del caso pueden investigarse en paralelo sin afectarse derechos de las partes, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.

El dictamen de la fiscal fue presentado este jueves ante el juez Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo la investigación de posibles delitos como robo de identidad y financiamiento ilegal, entre varias figuras delictivas posibles. Esto implica un dolor de cabeza para el oficialismo que pretende encapsular el caso como faltas electorales menores.

En su escrito la fiscal Russo “sostiene que la investigación de infracciones electorales reposa sobre hechos distintos de los delitos denunciados, por lo que nada obsta a que ambas investigaciones marchen en paralelo”, detallaron fuentes judiciales a este medio.

 

 

Esta resolución registrada en La Plata va en el mismo sentido que lo sostenido en Comodoro Py por el juez Sebastián Casanello quien rechazó el planteo del fiscal Carlos Stornelli y decidió que la causa por los aportantes truchos de Cambiemos revelados por El Destape continúe siendo investigado en Comodoro Py por los presuntos delitos penales de lavado de dinero, usurpación de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público y posibles dádivas.

El fiscal Stornelli decidió negar su competencia electoral, y en su último dictamen, le pidió al juez Casanello que envíe la causa al juzgado Electoral de La Plata, a cargo del magistrado Adolfo Gabino Ziulu, algo que era anhelado por el Gobierno desde el inicio de las causas. De esta manera, el escándalo quedaría solo encuadrado en meras faltas al Código Electoral sin responsables penales por la maniobra.

Según informó El Destape, hasta el momento, por el juzgado federal de Casanello desfilaron 50 falsos aportantes, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron estar afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

En la mira de los investigadores figuran los principales responsables de la campaña: la gobernadora María Eugenia Vidal, en su rol de titular del partido PRO en la provincia de Buenos Aires, su jefe de gabinete, mano derecha y cabeza de la campaña 2017, Federico Salvai y la eyectada contadora María Fernando Inza, ex secretaria Legal y Técnica y tesorera del PRO bonaerense.

 

 

En caso de avanzar la trama penal, a cargo del juez Ernesto Kreplak en la justicia Federal de La Plata, uno de los escenarios posibles es que Vidal no se pueda presentarse como candidata en las próximas elecciones, aunque ese cuadro de situación aparece muy lejano en el horizonte de los plazos judiciales.

Kreplak tiene a su cargo dos denuncias presentadas por la jefa del bloque kirchnerista del senado provincial, María Teresa García, y la diputada platense, Florencia Saintout. El juez investiga delitos penales como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses o Desarrollo Social- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.

 

 

Los expedientes aun no fueron oficialmente rotulados, el universo delictivo a investigar es amplio y los investigadores quieren tener toda la documentación sobre la mesa para tener un cuadro de situación completo y comenzar con los llamados a declaración e indagatoria y eventuales procesamientos, situación que Vidal, Inza y Salvai (entre otros) desean gambetear y dejar que toda la responsabilidad quede en cabeza de los recaudadores de campaña: el radical Alfredo Irigoin (ex Intendente de Laprida) y la dirigente PRO, Silvia Chabán, ambos imputados en la causa que tramita en el juzgado del juez Federal, Sebastián Casanello.

Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que él es quien debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.

 

 

A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido.

Malas noticias para Vidal en la causa por aportantes truchos de Cambiemos

La fiscal federal de La Plata, Ana Russo se opuso a que la trama penal de la investigación en curso sea instruida por un magistrado de otra competencia.

Una fiscal Federal de La Plata fue la artífice de un nuevo sopapo judicial para la gobernadora María Eugenia Vidal y Cambiemos en el marco de la investigación por los aportantes truchos de la alianza entre radicales, macristas y adherentes de Elisa Carrió.

Ana Russo dictaminó que el pedido de inhibitoria de competencia, planteado por el juez pro tarifazo, Adolfo Gabino Ziulu, no debe prosperar por entender que la trama penal y la pata contable del caso pueden investigarse en paralelo sin afectarse derechos de las partes, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.

El dictamen de la fiscal fue presentado este jueves ante el juez Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo la investigación de posibles delitos como robo de identidad y financiamiento ilegal, entre varias figuras delictivas posibles. Esto implica un dolor de cabeza para el oficialismo que pretende encapsular el caso como faltas electorales menores.

En su escrito la fiscal Russo “sostiene que la investigación de infracciones electorales reposa sobre hechos distintos de los delitos denunciados, por lo que nada obsta a que ambas investigaciones marchen en paralelo”, detallaron fuentes judiciales a este medio.

 

 

Esta resolución registrada en La Plata va en el mismo sentido que lo sostenido en Comodoro Py por el juez Sebastián Casanello quien rechazó el planteo del fiscal Carlos Stornelli y decidió que la causa por los aportantes truchos de Cambiemos revelados por El Destape continúe siendo investigado en Comodoro Py por los presuntos delitos penales de lavado de dinero, usurpación de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público y posibles dádivas.

El fiscal Stornelli decidió negar su competencia electoral, y en su último dictamen, le pidió al juez Casanello que envíe la causa al juzgado Electoral de La Plata, a cargo del magistrado Adolfo Gabino Ziulu, algo que era anhelado por el Gobierno desde el inicio de las causas. De esta manera, el escándalo quedaría solo encuadrado en meras faltas al Código Electoral sin responsables penales por la maniobra.

Según informó El Destape, hasta el momento, por el juzgado federal de Casanello desfilaron 50 falsos aportantes, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron estar afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

En la mira de los investigadores figuran los principales responsables de la campaña: la gobernadora María Eugenia Vidal, en su rol de titular del partido PRO en la provincia de Buenos Aires, su jefe de gabinete, mano derecha y cabeza de la campaña 2017, Federico Salvai y la eyectada contadora María Fernando Inza, ex secretaria Legal y Técnica y tesorera del PRO bonaerense.

 

 

En caso de avanzar la trama penal, a cargo del juez Ernesto Kreplak en la justicia Federal de La Plata, uno de los escenarios posibles es que Vidal no se pueda presentarse como candidata en las próximas elecciones, aunque ese cuadro de situación aparece muy lejano en el horizonte de los plazos judiciales.

Kreplak tiene a su cargo dos denuncias presentadas por la jefa del bloque kirchnerista del senado provincial, María Teresa García, y la diputada platense, Florencia Saintout. El juez investiga delitos penales como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses o Desarrollo Social- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.

 

 

Los expedientes aun no fueron oficialmente rotulados, el universo delictivo a investigar es amplio y los investigadores quieren tener toda la documentación sobre la mesa para tener un cuadro de situación completo y comenzar con los llamados a declaración e indagatoria y eventuales procesamientos, situación que Vidal, Inza y Salvai (entre otros) desean gambetear y dejar que toda la responsabilidad quede en cabeza de los recaudadores de campaña: el radical Alfredo Irigoin (ex Intendente de Laprida) y la dirigente PRO, Silvia Chabán, ambos imputados en la causa que tramita en el juzgado del juez Federal, Sebastián Casanello.

Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que él es quien debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.

 

 

A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido.