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Larreta juega a tres bandas para sacar del medio al juez del subte gratis

El magistrado Gallardo afronta una triple recusación. La empresa, el Gobierno y el Procurador dicen que su sentencia es “arbitraria” y “política”.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza en línea con la empresa Metrovías para correr al juez Roberto Andrés Gallardo, que acaba de ordenar que los usuarios del subterráneo viajen gratis cuando las escaleras mecánicas y los ascensores de acceso a las estaciones del transporte público no estén en funcionamiento. La triple embestida se lanzó este jueves por la tarde: el Ejecutivo porteño, la empresa que opera el subte y la empresa estatal que lo administra presentaron sendas recusaciones y cuestionan al magistrado por "falta de imparcialidad" y “enemistad manifiesta” con el oficialismo y la compañía del Grupo Roggio.

 

La causa en cuestión tiene varios meses y no es la primera vez que Gallardo hace este planteo. Sin embargo, merced a presentaciones judiciales recurrentes, jamás fue cumplida por la firma que opera el subterráneo desde 1994 y, como contó Letra P, en asociación con una firma alemana, busca retener el control del servicio por 15 años más.   

 

“El señor juez interviniente ha incurrido en la falta de imparcialidad con intencionalidad de perjudicar a la parte demanda”, advierten los abogados de Subterráneos de Buenos sociedad de Estado (SBASE), la firma estatal que administra el servicio bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte local. La Procuración General porteña, en manos del abogado larretista Gabriel Astarloa, replicó los mismos argumentos y remarcó que cuando el equipo del juzgado de Gallardo visitó las estaciones para corroborar el funcionamiento de las escaleras y ascensores "no informó sobre los resultados ni permitió la fiscalización" por parte de funcionarios del gobierno.

 

 

 

En rigor, Gallardo volvió a la carga con el fallo que inició Gustavo Damián Fernández, un comerciante con problemas de motricidad que usa silla de ruedas y que no podía llegar desde el subte hacia su trabajo, ubicado en la Galería Obelisco Sur, donde se conectan las líneas B, C y D del metro porteño. Tanto la Procuración porteña como Metrovías sostienen que el magistrado replicó esa situación puntual al resto de los accesos del subterráneo y dictaminó la gratuidad del pasaje en caso de que estos no funcionen correctamente.

 

“Ha subvertido su rol de magistrado por el de legislador, ha fijado una tarifa de un servicio público sin la correspondiente audiencia”, cuestionaron los letrados del Gobierno en el expediente. Al mismo tiempo, las presentaciones del oficialismo, tanto la de SBASE como la de la Procuración, cuestionan la idoneidad de Gallardo y califican como "político" el amparo.

 

 

 

 

“Hay una irrefrenable hostilidad de ánimo hacia la Ciudad, SBASE y Metrovías. Hay ausencia de imparcialidad”, sostienen los patrocinantes de Rodríguez Larreta. La justificación de la recusación a Gallardo pasa por la "intencionalidad" que denuncian los abogados. Todo ese razonamiento concluye en una frase del expediente al que accedió Letra P: “Como ciudadano, el Dr Gallardo tiene el derecho de sustentar opiniones políticas, pero como magistrado debe omitirlas en sus resoluciones”.

 

No es la primera vez que el Gobierno busca correr de la cancha a Gallardo, que tiene recurrentes sentencias en la dirección contraria a los intereses del PRO en la Ciudad. En su mandato como jefe de Gobierno, Mauricio Macri sufría los parates de obra. La Sala II de la Cámara de Apelaciones, que deberá definir el futuro de este nuevo pedido de recusación, ya tuvo hace meses el mismo pedido y lo denegó.

 

En el centro, Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ, ladeado por Axel Kicillof, Lucía Corpacci y Juan Manzur. 
El Conicet, blanco de la motosierra libertaria.

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