El juez porteño Roberto Andrés Gallardo volvió a encender las alarmas del PRO luego de un largo tiempo de silencio y licencia, que lo mantuvieron alejado de las pistas judiciales, tal cual lo había planeado el Gobierno de la Ciudad. En menos de cinco días, llevó adelante dos medidas judiciales que cuestionan la administración de Horacio Rodríguez Larreta: denunció “inexistencia” de control estatal durante la fiesta electrónica “Time Warp” y pidió aplicar una multa diaria a la ministra de Salud, Ana Bou Pérez.
La reaparición del magistrado que puso en vilo a Mauricio Macri una y otra vez tiene una explicación cronológica: a mediados de febrero culminó una investigación que le insumió un año entero y lo mantuvo en licencia hasta que hace cerca de dos meses retomó su lugar en el juzgado. Su regreso a la primera plana no podía correrse de las denuncias a las que acostumbró al poder porteño: ahora cuestiona duramente el sistema de control estatal del gobierno de Rodríguez Larreta –por no haber tomado medidas concretas tras la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica de Costa Salguero- y ordenó la prohibición de “toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada”; una medida “un poco extrema”, según aseveran en la Jefatura de Gobierno Parque Patricios. Además, en la Ciudad recibieron reproches de músicos, cantantes y bandas que se sintieron "atacados" por la medida de Gallardo porque su determinación también inhabilita su trabajo.
La reacción del Gobierno porteño no se hizo esperar. Al tiempo en que comenzaba el acto de las cinco centrales sindicales por el día del trabajador, Larreta aceptó el consejo de su Procurador, Gabriel María Astarloa, y la administración porteña tramitó un pedido de revocatoria para que la sentencia de Gallardo sea considerada nula o cambie considerablemente. Horas antes, la Cámara de Locales Bailables informó que no acataría la medida judicial, luego de poner el grito en el cielo por la decisión “extrema” del titular del Juzgado N°2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Astarloa, vinculado al asesor jurídico estrella del presidente Macri, el poderoso Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, evaluó que, antes que apelar, el Gobierno de la Ciudad podía avanzar para que la sentencia se modifique o gire hacia otro juzgado.
Gallardo recogió el amparo de dos asociaciones civiles y la Federación Universitaria de Buenos Aires y, por la urgencia del tema, dictó una medida cautelar porque estaba de turno. Acto seguido, la Secretaría General de la Cámara sorteó al juez de trámite que, según pudo saber Letra P, es Lisandro Fastman, titular del Juzgado N°14 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Se trata de un magistrado que no se destaca por sus fallos en contra del Gobierno, como sí lo hace el colega al que reemplazará. En 2013 modificó la resolución de otro juez y autorizó al Gobierno de Macri a construir el Metrobus eliminando las plazoletas centrales de la Avenida 9 de Julio.
El historial de Gallardo con el PRO se puede graficar en un escenario de una batalla tras otra, aunque con la administración de Aníbal Ibarra también tuvo encontronazos, como cuando le ordenó cerrar el Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad del empresario Cristóbal López.
La medida adoptada, al margen de la prohibición de la actividad de los boliches, golpea en el corazón del sistema de control de habilitaciones y concesiones, además de poner el foco en un lugar íntimo para el partido que gobierna la Nación, la Ciudad y la provincia: el complejo Costa Salguero, donde el partido siempre esperó los resultados electorales y donde Macri contrajo matrimonio con la primera dama, Juliana Awada.
En 2009, Gallardo hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los diputados de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo y Rocío Sánchez Andía, en el que se cuestionaba el funcionamiento del predio de la costanera porque está afincado sobre un dominio público y restringe el acceso de los vecinos al Río de la Plata. Acto seguido, el magistrado ordenó la clausura de la totalidad de los locales del predio de Costa Salguero que no tienen habilitación. Dos años después, ordenó la construcción de un “camino de libre acceso” en esa ribera, que desde hace más de 20 años explota Costa Salguero gracias a una concesión validada por el Estado nacional durante el menemismo.
Desde que el PRO llegó al poder de la Ciudad, Gallardo denunció a Macri y sus funcionarios varias veces, recibiendo, pedidos de recusaciones y juicio político que nunca prosperaron. El operador judicial del entonces jefe de Gobierno, Daniel “el Tano” Angelici se esmeró todo lo que pudo para frenar al magistrado, a quien el líder del PRO acusó de hacer “política desde el primer día”.
El titular de Boca, haciendo uso de su poder en la Legislatura porteña y el Consejo de la Magistratura, promovió designaciones de jueces, ampliación de fueros y hasta tendió puentes con el peronismo para “correr” al hombre en cuestión. Al comenzar su segundo mandato, el macrismo se enteró de que el magistrado pediría licencia y se sumaría a la Defensoría General, junto a Mario Kestelboim. Desde esa área, que pertenece al Ministerio Público de la Defensa, entendía que podía avanzar más con una serie de iniciativas “populares” como el acceso a educación de chicos del jardín, el derecho al transporte y trabajar para que el subte llegara a la Villa 31.
En 2013 dejó atrás la licencia y volvió al juzgado, aunque por poco tiempo. Insistió con sus denuncias masivas hacia el jefe de Gobierno, fue caracterizado nuevamente como un “juez anti Macri” y, entre gallos y medianoche, se corrió de la escena pública. El sector político del macrismo con relaciones en la Justicia actúo de manera silenciosa para que eso suceda.
Mucho tuvo que ver Angelici, quien dialogó con el entonces titular del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos. Ambos coincidieron en que la mejor vía para que Gallardo baje el perfil era “darle una tarea”. Asediado, el polémico magistrado se apartó para trabajar en un diagnóstico sobre el avance del paco en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. En el PRO festejaron ese aislamiento, coordinado por los colaboradores de “el Tano”.
El informe le llevó un año y se lo presentó en febrero al actual titular de la Magistratura, también vinculado a Angelici, Enzo Luis Pagani. Una vez culminada su labor, volvió al Juzgado N°2, ubicado en Avenida de Mayo 654.
En el Gobierno de Larreta enfurecieron porque el magistrado, en menos de cinco días, ya motorizó dos denuncias hacia la administración porteña. Resolvió aplicar a la ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez, “una multa diaria de mil pesos ($1000)” hasta que el Estado porteño cumpla con la cautelar dispuesta por la Justicia para que garantice las prestaciones del servicio de pediatría del Hospital Tornú. También, este viernes avanzó con la prohibición de fiestas y boliches pero con un agregado: fustigó contra los controles de la Ciudad. Se trata de un ámbito que Larreta conoce mucho, debido a que la Agencia Gubernamental de Control, plagada de inspectores formados durante los años noventa y ligados a las fuerzas de seguridad, estuvo a su cargo en la Jefatura de Gabinete. Gallardo cree que hay un “modelo de negocios” y una “red de complicidad” que agrupa a inspectores del Gobierno, las fuerzas de seguridad y el sector empresarial.
La reaparición del juez se analizó arduamente en las oficinas de Parque Patricios, pero también en el Ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce el angelicista Martín Ocampo. Hay posturas encontradas dentro del gabinete porteño.
En el PRO aseveran que la investigación que encabezó el magistrado sobre el paco es una “excusa” enmarcada en un entendimiento entre el macrismo y el peronismo para que el juez “no haga locuras”.
De todas formas, el magistrado se tomó en serio el trabajo y ya diseña un proyecto de ley, apoyado por los curas villeros y un sector de la iglesia, que crearía un organismo judicial especializado que combata el avance del paco en el distrito. Una idea fruto de su informe. Quienes cosechan teorías conspirativas citan un dato para explicar la aparición repentina y furiosa de Gallardo contra Larreta: el garante del acuerdo para que baje el perfil, el peronista Juan Manuel Olmos, ya no es más el titular de la Magistratura y no se encuentra en el país. Por estas horas está en Europa junto a su mujer, la diputada María Rosa Muiños.
