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Un año de Bolsonaro: beneficio inmediato y presión a futuro para Argentina

El crecimiento de Brasil traerá alivio. Pero el Mercosur es un albur y las reformas de mercado del vecino anticipan un debate sobre la competitividad de las empresas nacionales. ¿Será en 2020?

Por 30/12/2019 14:12

Después de un comienzo negativo, dado por cruces de ida y vuelta entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, la relación entre Brasil y Argentina comienza a encaminarse. Justo cuando aquel se apresta a cumplir este miércoles su primer año en el poder, la mejora en las perspectivas de crecimiento económico del vecino supondrá el año que viene un empujón valioso para nuestro país, pero las profundas reformas de libre mercado que ha acelerado, destinadas a reducir los costos de las empresas, pondrán presión en los próximos años para que la Argentina defina cómo impedirá que sus compañías se queden fuera de la corriente de comercio que rodea a su principal socio.

El más corto plazo indica, como señaló días atrás Letra P, que la aceleración del crecimiento en Brasil, proyectada en 2,28% para 2020 y en alza según los analistas del mercado, podría darle a la Argentina una expansión de entre 0,57 y 0,75 punto porcentual de su Producto Bruto Interno (PBI), dada la tradicional relación entre ambas economías. Se tratará de un aporte más que bienvenido por el Gobierno, urgido por revertir una recesión que comenzó en 2018 y por culminar el año próximo, al menos, con saldo neutro o con un leve rebote.

Sin embargo, en la relación hay problemas de mediano plazo y también de largo.

 

 

A mediano plazo, Bolsonaro y Fernández deberán conciliar posiciones, a priori contrapuestas, sobre el perfil que debe asumir el Mercosur, con el brasileño abogando por una liberalización fuerte a través de la reducción de su Arancel Externo Común y con el argentino necesitado de brindar protección, tiempo, financiamiento y estabilidad macro a la industria nacional para que se recupere después de cuatro años fatales bajo el gobierno de Mauricio Macri.

El largo plazo es todavía más complejo para la Argentina, que no podrá darse demasiado tiempo para caer en la cuenta de que el Brasil de los últimos dos años cambió demasiado y que eso la obligará a darse debates políticamente espinosos los que rodean lo laboral y lo previsional.

Las reformas de libre mercado, verdaderamente radicales, no comenzaron con Bolsonaro sino con Michel Temer, pero ambas presidencias conforman un continuo histórico a cuya luz se comprende mejor qué fuerzas se movieron desde 2016 para terminar con la administración de Dilma Rousseff y qué programa las animaba.

En su primer año de gestión, Bolsonaro se empeñó en mejorar las perspectivas fiscales de Brasil de modo de dejar de financiar un déficit abultado con endeudamiento y estabilizar la relación deuda-Producto.

Bajo la inspiración de su superministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, aceleró las privatizaciones, abrió el juego a multinacionales extranjeras en el mercado del petróleo de aguas profundas y parió una reforma previsional que, aunque resistida por los sindicatos, ordenó un sistema que presentaba una generosidad con pocos parangones internacionales.

Valoraciones aparte, Bolsonaro logró en este último tema, el más requerido por el mercado financiero, lo que Temer no había podido conseguir. Pero, además, aceleró con la aplicación de otra reforma crucial que sí había sacado su predecesor: la laboral.

Ante las presiones para moderar una ley que, en sus aspectos más polémicos, establece una flexibilidad radical, la posibilidad de que las empresas tercericen la mano de obra de todas sus operaciones -inclusive las centrales- y que hasta habilita el trabajo de embarazadas en condiciones peligrosas, el exmilitar señaló que en Brasil los empresarios eran rehenes de sus trabajadores y que estos, antes de reclamar, debían definir si aceptaban las nuevas reglas o pasar a la categoría de desocupados. Embistió además contra la “industria del juicio” y hasta amagó con abolir la Justicia laboral.

 

 

Ahora, el excapitán pone la mira también en una reforma tributaria proempresa.

¿Qué implica todo esto para la Argentina? En principio, un debate incómodo pero que, más temprano o más tarde, será inevitable, no para imitar lo hecho por Brasil ni el sesgo ideológico que allí se le dio, sino para evitar que las empresas nacionales queden off-side frente a sus competidoras de aquel país en términos de costos laborales e impositivos.

El camino que ha emprendido Brasil apunta a achicar el Estado y a reducir el gasto público, con la mira puesta en una futura reducción de los costos tributarios de sus empresas. En paralelo, la flexibilización laboral y la generalización de la tercerización buscan reducir los vinculados al salario.

El cambio ya está en marcha. Según datos difundidos esta semana por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la cantidad de desocupados cayó por debajo de 12 millones por primera vez desde junio de 2016. Así, el índice de desempleo se redujo del 11,6% registrado en el trimestre móvil agosto-octubre al 11,2% entre septiembre y noviembre gracias a la mencionada aceleración del crecimiento y a un nuevo factor: la cantidad de cuentapropistas, categoría engrosada por la tercerización laboral, alcanzó a un récord histórico de 24,6 millones de brasileños.

 

 

"El trabajo intermitente, con horario flexible y jornada menor, crece 70% en un año", tituló este lunes O Globo, en referencia a los efectos de la flexibilidad sobre el mercado de trabajo.

Todo apunta en Brasil a achicar el Estado, el gasto público y, a futuro, la presión tributaria y los costos laborales vía precarización. Más allá de sus costos sociales, ese rumbo dará a las empresas de ese país fuertes ventajas de competitividad sobre las argentinas, tanto en materia de comercio bilateral como hacia fuera del Mercosur y, tan importante como eso, a la hora de disputarse inversiones extranjeras.

La Argentina vive hoy concentrada en sus emergencias, pero, a su alrededor, el mundo sigue en movimiento. Nada podrá evitar que esos debates lleguen por fin, aunque resta saber si lo harán en formato de pensamiento único o de búsqueda de consensos para evitar un deterioro mayor en la calidad de vida de los trabajadores.