Profesionales del área denunciaron al titular del organismo, Marcelo Campoy, por forzar despidos y jubilaciones. Se demora la privatización de las rutas.
Protestas del personal de Vialidad Nacional
Captura de redesLa conducción de Vialidad Nacional que comanda el menemista Marcelo Campoy se topó con la primera demanda judicial por el ajuste laboral y achicamiento interno que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en el organismo encargado del mantenimiento vial. Mientras tanto la administración libertaria dilata el llamado a licitación para concesionar las rutas.
La Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad (Appsvn) denunció a Campoy y al titular de la Gerencia de Recursos Humanos, Diego Riveira por los presuntos delitos de “amenazas, coacción y abuso de autoridad” en que habrían incurrido al forzar una serie de desvinculaciones laborales y jubilaciones anticipadas.
La demanda, que quedó radicada en el juzgado nacional correccional y criminal 15 de la jueza Karina Zucconi, sostiene que las autoridades de Vialidad concretaron una serie de ataques y amenazas escritas y verbales contra el personal y delegados gremiales del organismo para obligarlos a renunciar y a cesar con sus tareas sindicales.
Según la denuncia, a las acciones de intimidación se agregaron órdenes expresas de cortar el pago de sueldos y prohibir, con la intervención de agentes de la Policía Federal, el ingreso al edificio de la casa central a unos 50 profesionales y representantes sindicales que iban a ser despedidos.
En el caso del personal con fueros sindicales, la Appsvn destacó que los funcionarios de Vialidad avanzaron con acciones ilegales de presión y persecución destinadas a cortar las vinculaciones laborales sin haber concluido, previamente, con el trámite de exclusión de las tutelas gremiales que establecen las normas vigentes.
Puertas adentro del organismo, la conducción de Campoy continúa aplicando la motosierra con el plan de ajuste que trazaron el ministro de Economía, Toto Caputo y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A principios de marzo, el responsable de Vialidad -que responde a Lule Menem y es hombre de confianza de Karina Milei- ordenó dar de baja todos los contratos de obras de mantenimiento con empresas privadas que estaban en curso en el país sin importar el grado de avance que tenían.
La gestión libertaria justificó esta decisión en las "restricciones presupuestarias significativas" que tendrá que afrontar la repartición durante este año en un contexto de deterioro marcado de la red vial nacional por falta de inversiones.
A esto se agregó la puesta en marcha en abril de un recorte del actual plantel operativo de Vialidad de 5.400 a 3.800 agentes. Los despidos afectan empleados, técnicos y jerárquicos que desarrollan sus tareas en los todos los distritos provinciales y en la sede central porteña del organismo.
Paralelamente a la reducción de personal, las autoridades de Vialidad esperan la publicación de los decretos de la nueva restructuración estatal que viene anunciado Sturzenegger desde hace varias semanas.
La hoja de ruta prevista para Vialidad contemplaría la creación de un nuevo organismo que fusionaría sus tareas y funciones con las correspondientes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y parte de los controles e inspecciones del transporte automotor de cargas y pasajeros que actualmente tiene a su cargo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
A la espera de estos cambios que debe definir la Casa Rosada, Vialidad tiene frenado el inicio del proceso licitatorio para las dos primeras concesiones bajo el régimen de peaje de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria.
Las rutas mesopotámicas y el enlace vial de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos estuvieron en manos de la concesionaria privada Caminos del Río Uruguay (CRUSA) hasta el 9 de abril pasado.
Al expirar la última prórroga contractual otorgada a principios de 2024, la administración mileísta decidió no renovarla y dar por finalizada la concesión que había nacido de las privatizaciones menemista a principios de los 90.
Tras la salida de CRUSA, Vialidad se hizo cargo de las tareas de mantenimiento de banquinas, luminarias y servicios de auxilio del antiguo Corredor Vial 18 y dejó de cobrar peajes en las estaciones Zárate, Colonia Elía, Yerúa, Piedritas e Isla La Deseada.
Según el relato oficial, el levantamiento de las barreras de peaje regirá por un período inicial de seis meses o hasta que concluya el proceso licitatorio que dará paso a una nueva operadora privada.
Con los pliegos técnicos y particulares listos y publicados para salir a licitar, en Vialidad siguen esperando el visto bueno de Caputo y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher.
Debido a esta tardanza, el empresariado y técnicos del sector ya advierten que Milei no podrá adjudicar sus primeras concesiones viales antes de octubre y que Vialidad deberá seguir manteniendo las rutas y el puente interprovincial sin cobrar peaje varios meses más.