Con cifras escalofriantes en cuanto a las condiciones de alojamiento de personas privadas de su libertad en comisarías, penales y neuropsquiátrico de la provincia de Buenos Aires, se presentó este miércoles el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el que fueron revelados altos índices de hacinamiento, incremento de los casos de tortura e incumplimiento de órdenes judiciales por parte del gobierno que encabeza María Eugenia Vidal. En comisarías, la sobrepoblación es del 310%; tres de cada cuatro reclusos duermen en el piso.
Con el Salón Eva Perón del Senado bonaerense desbordado de público se presentó el “Informe de la crueldad”. Uno de los oradores centrales fue Roberto Cipriano García, secretario de la CPM y referente del Comité contra la Tortura, quien no vaciló al sostener: “A tres años y medio de iniciada la gestión de María Eugenia Vidal podemos afirmar sin ninguna connotación partidaria que la profundización de las políticas punitivistas la ubican desde una perspectiva de los derechos humanos como la peor de las gestiones desde el regreso de la democracia”.
Los números hablan por sí solos. En las comisarías bonaerenses hay una sobrepoblación de detenidos del 310%. Al cierre del informe se contabilizaron 4.129 detenidos. Hay 1007 camastros. Tres de cada cuatro reclusos duermen en el piso.
De las 410 seccionales que hay en el territorio provincial, 255 fueron clausuradas para el alojamiento de personas. En 113 seccionales de estas 255 se siguen alojando detenidos, sin que ningún funcionario sea denunciado por incumplir órdenes judiciales.
Según los datos de la Comisión, durante la gestión de Ritondo 65 personas murieron en comisarías provinciales.
El panorama no es mejor en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde se registra un 113% de sobrepoblación: 42 mil detenidos para 20 mil cupos.
En su extensa y medulosa intervención, a la hora de señalar responsables, García apuntó principalmente a la gobernadora Vidal, a su ministro de Seguridad y candidato a diputado nacional por Cambiemos por Buenos Aires, Cristian Ritondo, y al titular de la cartera de Justicia, Gustavo Ferrari.
“Los hechos que se denuncian no son casuales, son consecuencia de políticas que se implementaron, nada de lo que describimos ocurre por azar o desconocimiento. Esta política de la mano dura se da a la par del crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, la exclusión y el desempleo”, describió. Y ahondó: “Vidal, Ritondo y Ferrari son los máximos responsables de las masacres” policiales ocurridas en Pergamino (siete muertos en una comisaría), Esteban Echeverría (10 muertos en una dependencia policial, la más grave de la historia) y la de San Miguel de Monte, donde murieron cuatro jóvenes luego de una persecución policial. “Nunca pidieron perdón ni repararon a las familias, las ningunearon. Para ellos, estos hechos no pasaron. No fue un silencio respetuoso hacia las familias”, consideró el funcionario de la CPM.
También recordó las palabras de Ritondo luego de la masacra de Pergamino, quien dijo que prefiere a “los delincuentes amontonados y no liberados, un poco apretados pero no cometiendo delitos”, declaración que ratificó luego de la masacre de Esteban Echeverría. “Es la máxima expresión del desprecio por la vida humana”, sostuvo García. Según los datos de la Comisión, durante la gestión de Ritondo 65 personas murieron en comisarías provinciales, “lugares prohibidos para el alojamiento permanente de personas”.
En el informe no sólo se hace foco en las responsabilidades políticas, también señalaron a la cabeza del Poder Judicial como una de las responsables del estado crítico de las cárceles y comisarías del distrito más poblado de Argentina. “Tampoco la Suprema Corte provincial estuvo a la altura de la gravedad de los hechos, se limitó a jugar un papel burocrático enviando resoluciones al Ejecutivo, pero ante la falta de respuesta no fue capaz de exigir medidas estructurales. Tampoco tomó medidas efectivas para promover el cumplimiento de las órdenes judiciales ni ha orientado su rol de superintendencia judicial”, descargó García.
El informe sobre el estado de situación de las personas privadas de su libertad se presenta desde hace 13 años. Las últimas cuatro presentaciones se realizaron en el edificio Anexo del Senado provincial por iniciativa del vicegobernador Daniel Salvador, quien en 2016 invitó a la Comisión a que haga uso de ese espacio. En ediciones anteriores era habitual su presencia y la de funcionarios de Cambiemos, pero en esta última presentación nadie del gobierno de Vidal dijo presente.
Otro dato que llamó la atención fue la adhesión enviada por el juez de la Suprema Corte, Eduardo Julio Pettigiani. Bajo su presidencia de la Corte, empoderó a Casación para que unifique todos los trámites de habeas corpus por las condiciones inhumanas de los detenidos, se creó una mesa de trabajo multisectorial “que hasta el momento no arrojó resultados”, expresó García en otro tramo de su ponencia.
Quienes sí estuvieron fueron el juez Federal Daniel Rafecas; el juez de Casación Federal Gustavo Hornos; el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y el relator de la ONU Fabián Salvioli.
