El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán, hizo lugar a una denuncia presentada por una ONG y le pidió explicaciones al gobierno de Mauricio Macri sobre la existencia de un presunto plan para presionar magistrados y organismos judiciales. La presentación fue radicada por Abogados por la Justicia Social de La Plata, que se la entregó en junio al relator en Lima, junto a una delegación que viajó a Perú para entrevistarse con el funcionario, integrada también por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la organización Iniciativa Justicia.
La denuncia fue radicada en junio y hace dos días el relator le envió un pedido de informes a la Cancillería argentina para que conteste en un plazo de 60 días, es decir que podría ser respondida por la próxima administración del presidente electo Alberto Fernández. El funcionario firmó un dictamen de 15 páginas, donde le planteó al canciller Jorge Faurie sus preocupaciones porque “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, resumió García Sayán para reclamarle explicaciones al estado argentino.
Tal cual el título de la denuncia recibida en junio, el relator hace propias esas definiciones y consideró pedir información sobre la presunta existencia de un plan “sistemático del Ejecutivo para cooptar a la Corte Suprema, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial" y “para agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas”.
EL CONSEJO. El documento hace eje en el organismo de selección de jueces. Según la información recibida, el relator sostiene que "la coalición gobernante habría obtenido una mayoría política en el Consejo de la Magistratura a partir de la designación como miembro del Consejo, del diputado Pablo Tonelli, en febrero de 2016". El documento sostiene que "por medio de dicha mayoría en el Consejo, el poder ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses". También "se habría utilizado a la Comisión de Selección de Magistrados para la selección de determinados jueces. Con ese fin, presuntamente la Comisión paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos por la legislación (...) De esta forma, esos magistrados son colocados en puestos clave sin cumplir los trámites establecidos, posibilitando, presuntamente, el control por parte del gobierno".
CORTE Y CULOTTA. El dictamen arranca con sospechas sobre la designación por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti y por las presiones para que la entonces procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó diera un paso al costado.
También menciona la "designación ilegal" del juez Juan Manuel Culotta en la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, porque el Consejo "escindió la competencia material del juzgado federal de La Plata y encomendó a dos jueces diferentes el ejercicio de una jurisdicción única". Desde entonces las funciones quedaron en manos de un subrogante y de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que renunció a esa función en diciembre de 2016.
"La designación de Culotta en marzo de 2017 incrementó su competencia territorial en toda la provincia de Buenos Aires, otorgándosele competencia en materia electoral para la cual no había concursado". El dictamen asegura que "Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el presidente Mauricio Macri, con su abogado personal y especialmente con Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación".
EL CASO MAHIQUES. El texto plantea reparos sobre posibles conflictos de intereses con determinadas designaciones, como es el caso de Carlos Mahiques, que solicitó ser designado como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal en reemplazo de uno de sus miembros que había jubilado. El pedido fue aceptado por el Consejo, pero rechazado por la Cámara porque había un concurso en proceso, pero después el Poder Ejecutivo avaló el traslado definitivo y un año más tarde envió el pedido al Senado para nombrarlo. Según el relator, "existirían vínculos entre Mahiques y el gobierno provincial y el nacional. El hijo del Dr. Mahiques habría sido designado por el Presidente como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y Subsecretario de relaciones con el poder Judicial".
En esa línea suma "la alegada designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal en lo Crimina y Correccional", realizada "sin cumplir los requisitos establecidos en la legislación relativa al procedimiento de designación de jueces".
Agrega que "el Ejecutivo y miembros de su coalición política habrían realizado un ataque sistemático contra magistrados del fuero laboral que dictan sentencias contrarias a los intereses gubernamentales, así como los abogados del fuero laboral".
CORREO ARGENTINO. Otro de los casos apunta a la presunta "manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino", por el desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y los ataques contra la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, que interviene en un expediente donde fue denunciado e investigado un acuerdo que aceptó en 2016 el Gobierno, como representante del Estado, para condonar una "una quita velada de 98,82 por ciento" por la deuda que mantiene el Grupo Macri por la fallida privatización del Correo Argentino. El relator destaca que se perdonaba a la empresa Sociedades Macri (Socma) unos 70.000 millones de pesos, es decir, unos 4.400 millones de dólares al momento de la operación.
CONTE GRAND. En el esquema de presiones, el relator también apuntó al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por haber organizado una ofensiva política contra Luis Federico Arias, titular del juzgado contencioso administrativo N° 1 de La Plata que incluyó el pedido de juicio político y destitución por el contenido de sus sentencias. La lista incluye al renunciado titular del tribunal oral Federal en lo criminal de La Plata, Carlos Rozanski, que fue victima de una "campaña mediático política de desprestigio que incluyó denuncias ante el Conejo de la Magistratura y ataques de abogados defensores de violadores de derechos humanos".
También menciona presiones sobre los jueces que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de tarifas de servicios públicos y sobre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión con funcionarios públicos, fiscales, jueces federales y provinciales, funcionarios y periodistas. El documento hace hincapíe en el pedido de juicio político que impulsa el ministro de Justicia, Germán Garavano.
