Alberto Fernández es consciente del fracaso que significó conformar una “mesa judicial” como intentó Cambiemos para aceitar los siempre necesarios vasos comunicantes con el Poder Judicial. Pero, esencialmente, lo sabe porque él mismo fue el vector de conexión durante el primer kirchnerismo con el sector más influyente de los tribunales federales. Conoce desde sus entrañas la maquinaria de poder que mueve a jueces, fiscales, operadores, servicios de inteligencia y estudios de abogados con diversos grados de influencia. Estuvo y está al tanto del permanente dinamismo y de los hilos invisibles que conectan todo ese submundo de maneras impensadas y hasta contradictorias. Por eso, en tribunales, nadie espera más que un funcionamiento radial de un eventual gobierno del Frente de Todos. Y aguardan la definición de interlocutores, algo que por ahora se guarda bajo siete llaves. Los resultados de las PASO, también en esta área, obligaron a acelerar conversaciones y a exponer algunos nombres que ya venían trabajando a la sombra junto al candidato. Alberto será su propio ministro de Justicia.
Olmos, el arquitecto invisible.
Nadie duda de la influencia de Juan Manuel Olmos, histórico operador del peronismo porteño. De pasado común con Fernández en la Capital Federal, es un pragmático que forjó vínculos sólidos merced a su capacidad negociadora. Se la pasó jugando singles dentro de los límites de la General Paz con el hombre fuerte de la justicia porteña que expandió sus dominios en el cuaternio de Mauricio Macri, el presidente de Boca Juniors, Daniel “Tano” Angelici.
Losardo, la socia. Fue secretaria de Justicia. Fernández la ascendería a ministra.
La función de Olmos es coordinar el armado de las estructuras del gobierno en materia judicial y sus acciones cotizaron tan alto que la silla de ministro de Justicia comenzó a tener su gafete. El dilema es que para la misma silla está apuntada Marcela Losardo, socia de Fernández y sus “ojos y oídos” en materia judicial. Tanto, que era la representante enviada al Instituto Patria en los albores del armado de los equipos técnicos de las distintas áreas apenas se anunció la candidatura del binomio Fernández&Fernández.
Entre los jueces hay un interrogante que desvela: ¿Justicia será un área que manejará con su expertise Alberto Fernández o un bastión que la doctora se reserva para ejercer el tan mentado “Ministerio de la Venganza” sobre los magistrados que buscaron acorralarla?
Hasta ahora, no hay señal de que Cristina imponga nombres o candidatos en los equipos. Por eso, hoy el dilema del candidato presidencial es definir entre Olmos y Losardo como ministros. Cualquiera de los dos podría ser designado igualmente en la Secretaría de Legal y Técnica, una dependencia sensible que requiere alguien de confianza para “cuidar la firma” del Presidente. Los dos también pueden enrocarse en ese sillón, lo que le daría a Olmos la ventaja de estar más liberado desde el punto de vista institucional para lo que mejor sabe hacer.
Más allá de pertenecer al círculo de confianza de Fernández, Olmos cuenta con un plus: se conoce de memoria con Angelici por los años de convivencia y el reparto táctico de poder en suelo porteño. Más en tiempos donde "El Tano” se muestra enfrascado en la pelea por retener Boca Juniors y mientras, para los que lo conocen, destila veneno hacia Macri, que lo corrió de la mesa de decisiones para privilegiar la audacia –no siempre acompañada de resultados- de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Ese desaire explica por qué la locomotora que comanda Angelici tomó hace meses una bifurcación que lo aleja del abismo al que se asoma todo Cambiemos. Supervivencia, se llama. Puede que con el objetivo de profundizar esa grieta le hayan hecho llegar a oídos de Macri que hubo dos encuentros secretos entre el líder de Boca y Fernández.
El respeto de Alberto por juristas de la talla de León Arslanian generó el run run respecto a un eventual desembarque del ex camarista en algún puesto de decisión. El desgaste de la posición desalienta al prestigioso abogado con muchas batallas sobre las espaldas.
Iribarne. Fue ministro de Kirchner. Está en el círculo de confianza de Fernández.
Quien no pierde fuerza es Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner y miembro del primer anillo de confianza del candidato. Lo mismo que Julio Vitobello, ex SIGEN y ex Oficina Anticorrupción. Ambos están en la pole position de cargos de relevancia tanto para la OA como en el codiciado sillón del Señor 5 en la AFI.
Vitobello dirigió la Oficina Anticorrupción K. Para los anti K, un oxímoron.
Todo, en definitiva, tiene relación con la justicia que viene. Un indicio dejó el propio Fernández en el homenaje-desagravio a Esteban Righi, su maestro y amigo. Los ejes en justicia serán regidos – al menos de manera declamativa- por los valores y el comportamiento que guiaron al ex procurador. Hubo allí un metamensaje contra la influencia siempre disruptiva de los servicios de inteligencia en los tribunales federales. Fueron esos intereses los que empujaron a Amado Boudou a generar las condiciones de eyección de Righi del gobierno de Cristina Kirchner y la reconfiguración del mapa de poder con mayor influencia de las oficinas de 25 de Mayo.
CAMPORISTA CERCANO. Un personaje insoslayable en el entorno albertista pero difícil de encorsetar en un área es Eduardo “Wado” De Pedro. El camporista fue adoptado por Fernández desde el kirchnerismo paladar negro para tareas que requieren absoluto pragmatismo. Embajador para asuntos sensibles, pisa fuerte dentro de su interlocución con magistrados.
De papel destacado dentro del Consejo de la Magistratura, “Wado” se convirtió en el principal interlocutor con el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde habita la Corte Suprema. Entra a vocalías antes vedadas para los K y su palabra es escuchada tanto adentro de las filas del nuevo armado como afuera. Aunque su eventual puesto en un futuro gobierno excede el área de justicia, su habilidad para interrelacionarse ya ha dado sus frutos en la configuración de un nuevo bloque de poder dentro del Consejo de la Magistratura, uno de los vértices clave que Alberto entiende es causal de los desajustes en tribunales. Su trabajo de hormiga en la Corte ha tenido efectos que, por el fracaso de su “mesa”, el Gobierno no ha podido siquiera anticipar.
De Pedro. Tiene destino de gabinete en Balcarce 50, pero entra bien en la Corte y la Magistratura.
Ligado a él en términos familiares aparece el nombre de Gerónimo Ustarroz, hermano de “Juani”, el intendente de Mercedes, y hermano de crianza de De Pedro hasta convertirse –en la política- en su alter ego.
Encargado por propiedad transitiva de misiones encargadas por “Wado”, conoce desde adentro el Consejo y su nombre comenzó a barajarse como un eventual ministeriable en Justicia, pero de la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof puede ser el próximo gobernador. La posición no es nada desdeñable dada la importancia de la justicia en territorio bonaerense, siempre mirada por los intendentes que hasta gustan definir no solo en sus jurisdicciones, sino también respecto a los jueces federales que tendrán asiento en sus partidos.
Ustarroz despierta confianza en un sector de los jueces ligados a la lista Celeste que aspiran a ganar los lugares que durante la gestión Cambiemos fueron siempre privilegiados para el sector de Compromiso Judicial.
Luego de la elección en Mendoza, la camporista Anabel Fernández Sagasti, que resultó perdedora en la disputa por la gobernación empezó a ser mencionada en ámbitos judiciales con destino al área de justicia. Consejera de la Magistratura durante el gobierno K en el estamento político, un destino como secretaria de Justicia la catapultaría de manera instantánea como la consejera en representación del Poder Ejecutivo en el órgano de selección y remoción de jueces. Es un cargo clave para definir el destino disciplinario de los magistrados, sobre todo por los “casos” abiertos que podría “heredar”.
Hoy existen comisiones de trabajo en los equipos que diseñarán la plataforma de gobierno. Funcionan con un mix de personalidades: delegados de Fernández, representantes enviados desde el Instituto Patria, miembros de Justicia Legítima y hasta fiscales en actividad. Se reúnen para delinear los ejes de una gestión en justicia, seguridad y derechos humanos a pedido del candidato y bajo la mirada también de Olmos. Una división de tareas: los equipos diseñan las políticas, pero el primer anillo de confianza de Alberto define los cargos.
La moneda está en el aire y las fichas en el tablero aparecen como intercambiables. La primera gran decisión que deberá tomar el Frente de Todos para proyectarse y no solo atacar la coyuntura es definir quién será su candidato a procurador general. Con el sistema acusatorio en marcha, el rol del jefe de los fiscales será crucial en la relación con la Justicia. Candidatos hay, pero también es preciso que su pliego genere algún entusiasmo en la UCR, aportante del puñado de votos que se calculan necesarios en el Senado. Los que toman carrera prefieran evitar “el que suena, suena” y se guardan para la definición final. Será una definición de principios para Fernández. Lo dejó claro en su reivindicación al profesor Righi.
