Lo que viene

El futuro de Pichetto: expulsión asegurada y rumor de destino judicial

El candidato a vicepresidente de Mauricio Macri afronta un proceso disciplinario en el PJ de Río Negro, mientras se reflota un viejo murmullo sobre su desembarco en el Superior Tribunal de Justicia.

La promesa de Miguel Ángel Pichetto de continuar en el frente que encabeza Mauricio Macri generó una incógnita sobre el rol que tomará en la vida política de Río Negro, la provincia que representará hasta el 10 de diciembre en el Senado. Lo seguro es que deberá afrontar un proceso disciplinario en el Partido Justicialista (PJ). Esta instancia, que provocará una salida inexorable de la estructura que lo contuvo durante su carrera política, se suma a un rumor que circula desde principios de año por el acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck. Una inclusión en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante la posible jubilación de integrantes del máximo cuerpo judicial rionegrino, toma fuerza. Al menos es un murmullo que se expande por los pasillos judiciales rionegrinos.

 

Desde que dejó el PJ, apenas perdió la elección provincial en 2015, Pichetto buscó un lugar en los esquemas nacionales. Como vocero de los gobernadores en el Senado, en el armado de Consenso Federal o con el presidente Macri, avanzó con un pacto para frenar a Martín Soria, el hijo de un viejo rival, Carlos Soria. Su enemistad transitoria con Juntos Somos Río Negro (JSRN), en 2015, viró a sociedad desde entonces: los pichettistas que no fueron incluidos en las listas del peronismo que cayó en abril se sumaron al partido verde o se beneficiaron por no tener competencia de fuste en los municipios, como sucedió en Campo Grande, la pequeña localidad que tendrá al legislador Ariel Rivero de intendente.

 

Pichetto en la mesa 266 de Sierra Grande, al sur de la zona atlántica de Río Negro.

 

 

El sustento del pacto es que Cambiemos bajara su tramo a senadores y beneficiara al jefe provincial, Weretilneck, quien este domingo achicó la diferencia con boleta corta. Esta fue la muestra más explícita del acuerdo que se gestó para contener al justicialismo disidente. La nueva etapa, ante la derrota del oficialismo nacional, vincularía un desembarco final a la Corte rionegrina. Al menos es una posibilidad que se reflotó luego de que Pichetto terminara inexorablemente en el llano e insinuara que volverá a la actividad privada.

 

La designación de un miembro del STJ depende del Gobernador. Como lo expresa la Constitución de Río Negro (artículo 204), el nombramiento emerge de un consejo integrado por el jefe provincial de turno, tres representantes de abogados por cada circuncripción judicial, “(…) electos de igual forma y por igual período que los representantes del Consejo de la Magistratura e igual número total de legisladores, con representación minoritaria, conforme lo determina la Legislatura”. Los candidatos, explica el artículo, son propuestos por el mandatario provincial y el 25% de los miembros del Consejo de la Magistratura.

 

Tal se describe en el tramo de la Constitución, el gobernador de turno “convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate”.

 

Fuentes judiciales consultadas por Letra P reconocieron que el rumor tomó fuerza en los últimos días. La actual conformación del STJ tiene miembros de notable sintonía con Weretilneck. La mayoría de los cinco miembros fueron nombrados bajo su mandato, cuando asumió luego de la muerte de Soria padre.

 

 

 

DISCIPLINA. El último Congreso del PJ en General Roca constató lo que había publicado Letra P. La Junta de Disciplina tiene previsto “en las próximas semanas” avanzar con la sanción que abrirá un proceso particular para el hoy senador nacional. Lo que pasa con Pichetto tiene un precedente cercano que se retrotrae al 2016, cuando ex afiliados como la gobernadora electa Arabela Carreras, el vicegobernador electo Alejandro Palmieri o el actual titular del parlamento, Pedro Pesatti, terminaron expulsados por candidatearse en la lista de Weretilneck.

 

Según marca la hoja de ruta, Pichetto será notificado y deberá definir si afronta el proceso con más de 160 pedidos de expulsión por parte de los afiliados.

 

El gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto al intendente radical de la sureña General Acha, Abel Sabarots, en el mismo momento en que la oposición retaceaba quórum, el jueves.

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