AJUSTE Y CRISIS

¿Por qué Ecuador? Las razones históricas de una explosión más allá del FMI

Nafta barata como acervo cultural, organizaciones indígenas con antecedentes, gobierno deslegitimado, Ejército con prestigio, economía dolarizada y en crisis. Un proceso de larga data.

¿Por qué no ocurrió en la Argentina'? La pregunta ha sido recurrente desde el estallido social en Ecuador. En todo caso, ¿por qué sí se produjo en ese país? Es útil, como siempre, recurrir a la historia, que es donde suelen estar las respuestas a los dilemas del presente y las señales para el futuro.

 

El detonante de la crisis fue la decisión del presidente Lenín Moreno, en línea con el FMI, de aumentar el precio de la nafta -actualizarlo a valores internacionales, dijo- hasta 123%. Es decir que, de un día para el otro, el litro de nafta extra (la más usada en Ecuador) pasó de costar U$0,49 a U$0,63. Obviamente, el impacto fue enorme, porque los combustibles son un componente esencial en los costos de las empresas y su incremento afecta sobre todo a los sectores que viven de ingresos que rozan el límite de cubrir la canasta básica o están por debajo de él.

 

Pero hay algo más. Desde la década del 70, cuando fue nacionalizado el petróleo bajo el gobierno del populista y cinco veces presidente José María Velazco Ibarra, en Ecuador el precio del combustible está regulado por el Estado vía subsidios (en rigor, lo que hizo Moreno fue eliminar esos subsidios) y los ecuatorianos tienen incorporado en su bagaje cultural que la nafta es barata porque el petróleo es ecuatoriano. Desmontar esa idea tan arraigada no es cosa de un día para el otro y menos con un aumento de esa magnitud.

 

 

Otra punta a tomar tiene que ver con el rol de las organizaciones indígenas en las protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONIAE) juega un rol clave en las movilizaciones que coparon Quito junto con los gremios del transporte, los estudiantes y el correísmo de Revolución Ciudadana. Pero la CONIAE no debutó en estas lides con esta protesta. Fundada en 1986, tuvo un rol central en las recurrentes protestas populares que hubo en Ecuador a fines del siglo XX y principios del XXI, que llevaron a que -hasta la llegada de Rafael Correa a Carondelet en 2007- hubiera siete presidentes en diez años.

 

Correa no tuvo la mejor de las relaciones con la CONIAE. Los voceros de la organización se encargaron de remarcar que no tienen vínculos políticos con el ex presidente.

La presencia en las calles de los indígenas ecuatorianos fue fundamental para la caída de Abdalá Bucaram en 1997, de Jamil Mahuad en 2000 y de Lucio Gutiérrez en 2005, en todos los casos, por promover políticas de ajuste con el agravante en el caso de Gutiérrez de que había sido electo en 2003 a través de una alianza formada, entre otros, por el movimiento Pachakutik, brazo político-partidario de la CONIAE. A poco de empezar a gobernar, Gutiérrez incumplió sus promesas electorales y se rompió el acuerdo.

 

Tampoco Correa tuvo la mejor de las relaciones con la CONIAE y, en el marco de las últimas protestas, los voceros de la organización se encargaron de remarcar que no tienen vínculos políticos con el ex presidente. Sus acuerdos fueron visibles en los primeros años de la administración correísta, fundamentalmente en la Asamblea Constituyente de 2009, que reconoció a Ecuador como país plurinacional y les dio a las lenguas indígenas kichwa y shuar reconocimiento como idiomas oficiales a la par del castellano.

 

Pero la promoción de la minería petrolera extractivista en la selva amazónica ecuatoriana por parte del gobierno de Correa puso a esta organización indígena en la vereda de enfrente y tuvieron fuertes enfrentamientos que incluyeron también cortes de ruta, protestas masivas en todo el país y el peligroso reclamo secesionista que volvió a aparecer con fuerza ahora. 

 

 

 

Y aquí aparece otra razón para entender la magnitud de las protestas en Ecuador. El de Moreno es un gobierno absolutamente legal, pero con visos de ilegitimidad no solo porque su popularidad está por el piso – entre 8% y 10% - sino porque que fue electo presidente en 2017 como cabeza del espacio oficialista y, de manera lenta pero continuada, en poco más de dos años de mandato fue tomando decisiones en sentido absolutamente contrario a la línea de su predecesor y su espacio político original.

 

Moren fue vicepresidente en el primer mandato de Correa entre 2007 y 2013. Abocado a trabajar en la ampliación de los derechos de los discapacitados -tras recibir un balazo en un asalto, usa silla de ruedas-, cultivó siempre un perfil dialoguista que lo catapultó a ser la mejor opción electoral de un correísmo desgastado.

 

Sin embargo, su gestión se caracterizó hasta ahora por reacomodamientos en el mapa del poder: alineamiento con EE.UU., organismos financieros internacionales, medios de comunicación hegemónicos, elite financiera local, partidos políticos de “derecha” y políticas consecuentes con esos encuadramientos, como la entrega de Julián Assange a la policía británica, préstamo con el FMI, reformulación de la Ley de Medios, ajuste fiscal, aval explícito a las causas judiciales contra el anterior gobierno e incluso promoción de la Agenda de Género, de la cual Correa fue y es un fuerte opositor.

 

 

 

El oficialismo justifica el giro de Moreno en causales políticas y económicas. La política es la histórica dificultad de los populismos latinoamericanos para resolver el problema de la sucesión. Para Moreno, dicen, hubiera sido difícil gobernar alineado con un Correa de perfil caudillista y con fuerte respaldo popular más allá de sus anuncios de distanciamiento temporario de la política ecuatoriana. La económica tiene que ver con que la caída de los precios internacionales del petróleo - pasó de U$100 a U$60 el barril -, principal insumo de exportación de la economía ecuatoriana, hacía imposible pensar en repetir las políticas pro Estado y de distribución del ingreso de Correa.

 

Además del abultado déficit fiscal que Moreno usa como argumento para justificar el acuerdo con el FMI, Ecuador tiene desde el año 2000 el dólar como moneda. Por lo tanto, aunque la economía goza de cierta estabilidad, el Estado no tiene soberanía monetaria para poder, por ejemplo, devaluar si las circunstancias lo ameritan. Correa no supo, no pudo o no quiso modificar esta situación y la restricción externa – la falta de dólares - es en Ecuador un problema mucho más grave que en Argentina.

 

 

 

En este marco, Ecuador paradójicamente se va asemejando a su conflictiva vecina Venezuela, no solo por las violentas protestas callejeras – al cierre de esta nota, se contaban ocho muertos y casi 100 heridos graves –, sino porque el Ejército asoma como un elemento clave para imaginar el sostenimiento de Moreno como presidente. La imagen del presidente rodeado de los uniformados altos mandos de las Fuerzas Armadas con la que se ilustró el último discurso presidencial fue sugerente en ese sentido.

 

Hay aquí también que bucear en la historia para entender esta situación con ojos argentinos. Si bien Ecuador tuvo “su” dictadura militar en los '70 (concretamente, entre 1972-79, tras el derrocamiento de Velazco Ibarra), esta no tuvo las características de sus pares argentina o chilena en materia de represión. Ecuador no registra casos de desapariciones forzadas e incluso hubo cierta bonanza petrolera que se tradujo en obras públicas, una leve mejora de las condiciones económicas de la población y el desarrollo de industrias militares que le dieron, hasta hoy, márgenes de autonomía económica a las FF.AA.

 

En consecuencia, el Ejército ecuatoriano es un factor de poder en la política ecuatoriana porque goza de prestigio en amplios sectores sociales. Sin embargo, en anteriores ocasiones, han sido las propias Fuerzas Armadas las que se han negado a reprimir y con eso dieron la puntada final para la caída de los gobiernos. No parece casual que en estos momentos la CONIAE esté llamando al Ejército a retirar su apoyo al presidente.

 

La mesa de cuatro patas – EE.UU., elite económica y medios, Congreso y FF.AA. que sostiene hoy a Moreno podría caerse si perdiese una de ellas.

 

Claudia Sheinbaum, presidenta entrante de México.

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