En Crónica de una Muerte Anunciada, Gabriel García Márquez escribía: “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo”. Todo el pueblo conocía cuál iba a ser su destino, menos él. Sucede a veces que la ficción y la realidad caminan de la mano.
Dirigentes políticos, economistas, diputados y senadores nacionales y provinciales, vaticinaban en diciembre de 2015 que el diagnóstico del gobierno nacional sobre la situación económica era erróneo.
Devaluación, quita de retenciones, apertura importadora, aumento tarifario y el acuerdo con los fondos buitres fueron algunas medidas que gestaron una economía inconsistente y vulnerable a shocks externos.
Lo que advertíamos como presente sombrío, deja ya entrever un futuro desalentador: el 2018 cerrará con un escenario de profunda “estanflación”: fuerte caída de la actividad económica (-2%) y una inflación que no cede, cercana al 40%. Desde el retorno de la democracia que no se experimentaban guarismos tan altos en inflación y desempleo.
Como réplica de este contexto de ajuste económico nacional se encuentra la provincia de Buenos Aires donde, en menos de un año, se suscitaron los siguientes acontecimientos:
- En 2017, la eliminación del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).
- A comienzos de 2018, la aprobación del “Pacto Fiscal”, que impone a los municipios un cúmulo de condiciones para acceder a financiamiento.
- En mayo de este año, la eliminación del 6% del impuesto que recaudan los municipios en cada factura de luz.
- Y, recientemente, la eliminación del Fondo Sojero (FS) por el cual la Nación transfería a provincias, y éstas a sus municipios, el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones al complejo sojero.
Aseveramos que se “municipaliza el ajuste”, porque en tiempos de crisis, el primer nivel de gobierno al que los habitantes se dirigen en búsqueda de asistencia, es el municipal. Simultáneamente, son los tributos locales los que primeros dejan de abonarse. He aquí la encrucijada de la crónica de una muerte anunciada: el municipio debe satisfacer nuevas necesidades de su comuna con recursos cada vez más escasos, algo utópico de lograr.
Los números
Los distritos bonaerenses perderán $737 millones en lo que resta del 2018 y $2.826 millones en 2019 sólo con la eliminación del Fondo Sojero. El arrebato total de los recursos a municipios (Fondo Infraestructura Municipal, Recaudación por Energía y Fondo Sojero) alcanzará los $8.000 millones en 2018 y $12.700 millones en 2019. En promedio $60 y $940 millones menos para cada municipio.
En este escenario, las perspectivas indican que:
- Hasta diciembre de 2019, las decisiones quedarán sujetas a las políticas de ajuste impuestas por el FMI.
- El paquete de medidas que exige el FMI producirá déficits en las cuentas fiscales de los municipios.
- Se necesitaría incrementar la coparticipación municipal en 2,8 puntos porcentuales a fin de sostener el nivel de recursos y compensar esta merma.
- Los municipios opositores serán los más afectados, ya que la asignación discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tiene un claro sesgo a favor de distritos oficialistas.
Lamentablemente, estas recetas de ajuste han sido varias veces implementadas, fracasando en todas las ocasiones y agravando los problemas que pretendía resolver. No existe experiencia alguna en la que medidas de ajuste hayan alcanzado un mayor bienestar económico.