Magistratura nacional: acuerdo PRO-UCR pone en jaque la alianza con Rizzo

El PRO, como informó Letra P, cedió espacios en esa elección para mantener el nexo con Gente de Derecho y garantizarse el candidato a consejero para la Nación. Eso pactó con Rizzo a principios de año. Sin embargo, en el oficialismo no esperaban que el ex presidente del CPACF enfureciera cuando el macrismo avanzara en un acuerdo con los radicales. Por estas horas, los enviados de Angelici y Clusellas negocian contrarreloj para que la alianza no explote por los aires, a pesar de que hace tiempo activaron un operativo desmarque, que incluso involucró al presidente Mauricio Macri.

En rigor, el PRO tiene el primer lugar y le ofrece el candidato suplente a los radicales de Cambio Pluralista, que aceptarían el trato e impulsan a Juan Pablo Más Vélez o a Javier Concepción. El primero, además, cuenta con aval de Angelici, que en las últimas horas bajó a Pablo Garcilazo, del riñón del actual consejero y subsecretario de Justicia Juan Bautista Mahiques.

La danza de nombres es frenética. Cambia minuto a minuto. El PRO también puso sobre la mesa a los legisladores porteños Daniel Presti y Diego Marias, presidentes de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, respectivamente. Ambos cuentan con el aval de Clusellas, que fue quien cerró el acuerdo con Rizzo para las elecciones del CPCAF y la Magistratura capitalina.

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Los referentes de Abogados PRO, que por el tenor de la negociación podrían ser catalogados como arquitectos, trabajan a destajo para contener a Rizzo. El ex presidente del CPACF avaló en abril que el PRO se quedara con el candidato de la Nación, pero se reservó un curioso derecho a veto. Guillermo Lipera y Alejandro Fargosi, abanderados del históricos del Colegio Ciudad - que Rizzo detesta-, quedaron afuera por ese filtro. Sin embargo, este último presentó lista con el abogado y docente universitario Yamil Santoro, bajo el sello Bloque Constitucional de Ricardo "Riky" Mihura Estrada.

Fargosi, de buena llegada a los matriculados y a los medios de comunicación, podría copar un sector de votos de los que goza el macrismo. Sin Gente de Derecho, la estructura PRO estaría en desventaja. Rizzo amenaza con presentarse en soledad si el macrismo cierra con Cambio Pluralista un esquema rotativo (dos años para el candidato titular y los otros dos para el suplente, que sería radical). Por las dudas, tantea reabrir el diálogo con el diputado nacional K y actual consejero Rodolfo Tailhade, otrora aliado suyo. Este acercamiento encendió la alarma en el Gobierno, cuyos delegados en este mundillo saben que Rizzo habló también con Ricardo Nissen, el reconocido catedrático que le confesó que quiere postularse. Tiene tiempo hasta el lunes, cuando cierra el plazo para inscribir candidaturas.

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A propósito: ¿en qué quedó la negociación para que Rizzo controle la presidencia de la Magistratura porteña y así bajar la espuma del conflicto? El angelicista Alberto Maques ya se imaginaba en la conducción, pero el ex presidente del CPACF aceptaría quedar afuera del acuerdo entre radicales y macristas en la Nación si le concedieran la presidencia del organismo a nivel Ciudad para la diputada nacional por Cambiemos Anabella Hers Cabral.

Esa oferta será rechazada por Angelici, que bendijo a Maques hace meses. El actual síndico de la CEAMSE ocupará el lugar de la constitucionalista Marcela Basterra, que confía en su CV para ingresar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras la promoción que hizo Macri sobre el desembarco de Inés Weinberg de Roca para la Procuración. La actual titular de la Magistratura capitalina cuenta con el aval del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que hace meses detectó que la oposición le reclamará un espacio propio para aprobar el nombramiento. Se habla de una posible renuncia en el organismo que, casualmente, destrabaría la negociación.

En la riña por las listas para las elecciones surgió un interrogante: ¿Por qué se frenó la modificación de la ley que amplía la cantidad de miembros de la Magistratura? Sería un triunfo para los abogados que el Gobierno nacional aún no quiere garantizar. Cuenta con un aliado clave y que tampoco quiere que el tema avance: la ley está en estudio en la Corte Suprema, donde conduce Ricardo Lorenzetti, que sería erigido presidente del Consejo de la Magistratura si avanzara ese expediente.