El presidente Mauricio Macri forma parte de la larga lista de funcionarios del Gabinete que mantienen sus cargos en empresas privadas tanto locales como extranjeras, según reveló una investigación de la Universidad Nacional de San Martín que fue publicada por el diario Página 12.
En total, son 269 los funcionarios que se desempeñan como autoridades, socios o representantes en los directorios de distintas compañías radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, un 50% de los ministros del gobierno de Cambiemos.
La nota, firmada por Tomás Lukin, señala que existen cuatro carteras donde se destaca la presencia de funcionarios con participaciones en firmas privadas: Energía, Desarrollo Social, Modernización y Producción.
“Este criterio de reclutamiento incrementa el grado de exposición a los conflictos de interés y a la captura de la decisión pública”, advirtió al matutino la socióloga Ana Castellani, quien coordinó el relevamiento. El estudio da cuenta, además, que el propio Presidente figura en la actualidad como “autoridad del directorio” de una empresa del grupo Socma: Minera Metales S.A.
Entre los funcionario que encabezan la lista se encuentra el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios.
También aparece en la investigación Mariano Grondona Lynch, quien se desempeña como vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente y registraba 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.
El documento fue elaborado a partir del entrecruzamiento de bases de datos de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Mapa del Estado. “Con la llegada de Macri a la Casa Rosada la articulación entre elites económicas y políticas adquirió rasgos cuantitativos y cualitativos distintivos. La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta. El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno”, remarca el texto.
De este informe, se desprende que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por la administración de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado.
En cuanto a las conclusiones del informe, Castellani explica que “la presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal y a diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública”.
Lo cierto es que si bien los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito, la presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal.
El informe permite identificar además potenciales conflictos de interés como el caso del subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Manuel Biset, que figura en los registros de la IGJ como representante de la minera brasilera Vale.
También se menciona al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de la empresa extranjera Sea and Fish Management BV, y al subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, que participa como autoridad en el Deutsche Bank Suisse.
Los investigadores trabajaron con los datos actualizados de la IGJ que depende del Ministerio de Justicia, pero aunque constataron que se trata de “cargos vigentes” reconocen que, en algunos casos, es probable que los funcionarios no se estén desempeñando en la actualidad en esos cargos pero continúen ya que las empresas no hicieron los trámites para dar la baja o, si lo hicieron, no quedó registrado.