El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles los decretos para regular los conflictos de intereses, con el objetivo de resolver los casos que involucren al presidente, el vice, los funcionarios y sus familiares y amigos, e intervenir además en los procedimientos de contratación pública.
Los decretos 201 y 202 fueron publicados en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, quien el pasado 1ro. de marzo, al inaugurar el año legislativo en el Congreso, había anunciado que tomaría esa decisión tras la polémicas por el acuerdo con el Correo Argentino y la concesión de las rutas aéreas a Avianca.
Sin embargo, parte de la oposición –los bloques del Frente para la Victoria y Justicialista- reclama que las regulaciones queden a cargo del Congreso, a través de modificaciones a la Ley de Ética Pública, en lugar de aplicarlas por decreto.
La norma 201 establece un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre las partes, y ordena que el Estado Nacional será patrocinado en forma directa por la Procuración del Tesoro de la Nación "en los procesos de cualquier naturaleza en que sea parte un organismo o entidad comprendida en el sector público nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156".
En tanto, el decreto 202 indica que “toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, debe presentar una Declaración Jurada de Intereses”.
En esa declaración se deberá indicar si hay algún tipo de vinculación con el presidente y vicepresidente de la Nación, el jefe de Gabinete, los ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, “aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata”.
Así, el concursante deberá especificarse si existe entre él y el funcionario parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; si ambos mantienen una sociedad o comunidad, o un pleito pendiente; si es deudor o acreedor; y si recibió “beneficios de importancia”.
Otro supuesto novedoso para determinar si existe conflicto de intereses será la existencia de “amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato”, como se da en el caso del contratista de obra pública Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri.
Además, “en caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas”.
Más allá de los decretos, existen proyectos de ley de distintos bloques políticos para regular los casos de conflicto de intereses, incluso del oficialismo: en los últimos días presentaron iniciativas los diputados radicales Mario Negri –jefe del Interbloque- y Karina Banfi, y el senador Julio Cobos.