El gobierno de Mauricio Macri eligió, por el momento, despegarse del raid de detenciones de empresarios y ex funcionarios kirchneristas en el marco de la causa que investiga sobreprecios en los contratos de obra pública, aunque sottovoce festeja la citación a indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner. “Es un tema judicial”, sostienen en la Casa Rosada tras la revelación de la investigación publicada por el periodista Diego Cabot en el diario La Nación.
El oficialismo vive un júbilo solapado en una semana marcada por los tarifazos en el transporte público, la electricidad y el gas. Y espera que la densidad de imágenes mediáticas sobre las detenciones de ex funcionarios K logre aliviar o bajar la intensidad mediática sobre la causa de aportantes truchos y financiamiento de las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, que sacude la imagen de María Eugenia Vidal y del propio Macri.
El Gobierno espera ahora recobrar silenciosamente el protagonismo de la lucha contra la corrupción tras la detención del ex número dos de Julio Miguel de Vido, Roberto Baratta, y su chofer en el ex Ministerio de Planificación Federal, Oscar Bernardo Centeno, que durante años escribió en cuadernos todos los movimientos de dinero y la ruta de las coimas que los funcionarios recibían por parte de empresarios interesados en ganar licitaciones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En el marco de la causa, el juez federal Claudio Bonadio ordenó la detención de los empresarios Walter Faygas, Hugo Larraburu, Jorge Guillermo Neira, Armando Loson, Carlos Munndin, Nelson Lazarte, Claudio Glazman, Gerardo Ferreyra y Héctor Javier Sánchez Caballero (de IECSA).
A pesar de los números rojos de la economía, que Macri reconoció aunque calificó como "tormenta", Cambiemos desata una algarabía silenciosa ante la batería de detenciones de Bonadio, que citó a CFK a indagatoria para el 13 de agosto. “Les pusieron el VAR y, claramente, estaban en off side”, marcó, suelto de cuerpo, un funcionario nacional.
