Federico Delgado está al frente de una fiscalía en el fuero más sensible, mediático y escandaloso de todos: el Penal Federal. Por allí pasan las causas contra las mafias de los secuestros, el narcotráfico y la trata de personas. Y las que involucran a funcionarios, exfuncionarios y empresarios, por coimas, corrupción y delitos contra el Estado.
Desde su cargo y en funciones publicó un libro en el que detalla el lado oscuro de los despachos del edificio judicial de Comodoro Py y el modo en que los jueces actúan guiados por tradiciones caprichosas, presiones políticas y ambición.
En un pequeño despacho del quinto piso del elefante judicial se investigó al corazón del poder de Cambiemos: el presidente Mauricio Macri y su relación con el escándalo internacional de Panamá Papers; al amigo del presidente y jefe de los espías Gustavo Arribas por el presunto cobro de coimas de parte del gigante internacional de la obra pública, Odebrecht, cuyo dueño está preso en Brasil junto a varios ex funcionarios, todos condenados por corrupción con la obra pública; al presidente de Boca, Daniel Angelici, por “tráfico de influencias”, expediente iniciado por la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió. También investigó el jefe de gabinete, Marcos Peña, al ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y a su secretario do Obra Pública, José López (el de los bolsos), ambos detenidos. En poco tiempo sumó cuatro denuncias en su contra. Asegura que es víctima de “hostigamiento” derivado del desarrollo de sus investigaciones. Sostiene que se está defendiendo como “un narcotraficante” al estilo de Pablo Escobar Gaviria. Además creó una petición en plataforma solidaria Change.org para que lo dejen seguir investigando.
Apuntó al poder político de turno, a un abogado que lo amenazó por televisión y a un juez en particular. Sostiene que existe debilidad institucional por falta de recursos para trabajar y sostiene que los fiscales investigan en estado “famélico”. No le teme a los carpetazos y afirma que, como no es ladrón, le inventan causas. Está convencido que desde hace tiempo se usa la ley para destruir gente y que su aplicación está divorciada de la justicia. En esta entrevista revela un dato hasta el momento desconocido del incidente vial de que fue víctima y que, se sospecha, fue un atentado.
-¿Cuándo comenzó el hostigamiento?
-Desde hace tiempo hay disciplinamiento en la justicia, que siempre se repite y que tiene que ver con acusaciones derivadas por trabajar mucho. Cuando empezamos a meternos a fondo con el tema Odebrecht, que es un sistema global de corrupción que inventó una empresa para conseguir obra pública en dos continentes –América Latina y África-, nos metimos a trabajar muy duro ahí, con algunas limitaciones porque no tenemos las herramientas legales que tienen Brasil o Perú. Sin embargo descubrimos algunos segmentos muy importantes, donde quedó claro que los empresarios mancomunados con muchos funcionarios públicos habían dado obra pública a cambio de sobornos. Eso agudizó el hostigamiento que veníamos sufriendo en la fiscalía. Tuvimos el récord de cuatro denuncias en una semana.
-¿Cuáles fueron esas denuncias?
-Una por tomar una declaración testimonial a Leonardo Meirelles que acusó (al jefe de los servicios de inteligencia y amigo íntimo del presidente) Gustavo Arribas de recibir dinero; dos al señor Jorge Rodríguez que lo imputamos por la causa Odebrecht; un pedido de juicio político del juez (federal Claudio) Bonadío por tomarle declaración al señor Meirelles que es un arrepentido de la causa “Lava Jato” y que es fuente de información de la justicia brasileña y de la justicia peruana, porque los arrepentido en Brasil no pueden mentir, si lo hacen pierden todos los beneficios de la delación, en todas partes del mundo sus dichos son plena prueba menos en Argentina donde el señor está imputado de falso testimonio, una singularidad. Finalmente el juez federal (Marcelo) Martínez de Giorgi, de manera ilegal, reactivó una denuncia que me había hecho el abogado Víctor Stinfale, quien está procesado por la muerte de cinco personas y organizar una fiesta en la que permitió que se vendad drogas, me acusó de violar un secreto de sumario que no estaba vigente. El juez, de manera ilegal, inventó un mecanismo técnico: faltó a la verdad, para justificar una imputación. En ese baile estamos, en una debilidad institucional muy fuerte.
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-¿Por qué dice eso?
-En Argentina se trabaja a pulmón. No hay policía, no hay demasiadas protecciones, casi en un estado famélico, hacemos lo que podemos. Hay varios mecanismos de aprietes. Uno es el famoso “carpetazo” para sacar los muertos del placard que, felizmente, no tengo. Segundo, que soy un ladrón, felizmente no lo soy, entonces inventan causas y algunos jueces cómplices como Martínez de Giorgi usan su jurisdicción para que existan procesos ilegales y usan la ley para destruir gente. Es un mecanismo que, de manera más sofisticada que esta, está de moda en occidente. Hay mucha literatura anglosajona sobre el tema, no de un modo tan berreta, sino más sofisticado, pero la ley se usa como un arma desde hace por lo menos unos diez años.
-¿Quién empuña esa arma?
-No lo sé. Nosotros hemos tenido intervenciones muy fuertes en los últimos años. Intervenimos en expedientes que tienen que ver con la corrupción del anterior gobierno, el esquema de López, De Vido; intervenimos en la causa contra Gustavo Arribas, en la de Panamá Papers contra el Presidente de la Nación, en la causa del señor (Daniel) Angelici por tráfico de influencias y un expediente contra Marcos Peña por permitir que las agencias de publicidad del Gobierno utilicen la base de datos de la Anses. No sé si todos, o uno de ellos, pero de alguna manera este ataque viene por ahí.
-¿Cuál es el mecanismo que tienen los magistrados para defenderse de estos ataques?
-No tenemos, yo me defiendo como si fuese un narcotraficante, como si fuese Pablo Escobar pero con más dificultad, porque Pablo Escobar cometió delitos. Nosotros nos defendemos contra cosas inventadas y eso es difícil, además con un juez que no quiere escuchar. Estamos en una batalla en los tribunales para tratar que estas cosas se resuelvan y se aplique la ley. No estamos pidiendo misericordia ni un indulto, ni una amnistía, solamente que se aplique la ley. En el siglo XXI, en Argentina, yo que soy un laburante judicial, estoy pidiendo que se aplique la ley. Nada más que eso.
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-Hace un tiempo fue protagonista de un incidente vial, ¿Cree que eso fue un mensaje?
-La primera mirada fue que no, pero ahora no lo sé. Me enteré que a uno de los testigos del hecho, la persona que viene a auxiliarme me dice: “Quedate tranquilo, pasaste en verde, yo te salgo de testigo”. Esa persona, ese día, sufrió el secuestro exprés de un familiar. Lo que a mí me parecía un accidente de tránsito, ahora no lo sé. Hay un juez que está investigando, hay un procesado. Tampoco tengo fuerzas físicas ni emocionales para investigar todo lo que pasa. Hay mecanismos del Estado y del Ministerio Público que deberían ocuparse de esas cosas. De hecho fui amenazado en televisión por imputados y la Procuración General no me mandó ni un correo electrónico en solidaridad. Las amenazas siempre vienen por lo mismo, por exceso de trabajo, irónicamente. Hubo apartamientos extraños de causas. El clima de soledad es absoluto, defenderse es muy difícil. He tenido casi un abandono de las autoridades a mi suerte.
-¿Sigue sosteniendo que todos los ciudadanos están en libertad condicional?
-Lo dije antes que me pasara todo esto. En Argentina la única ley que se aplica es la de la gravedad y estamos en estado de libertad condicional. Esto no lo digo yo, cualquier persona que se tome un tiempo y se pone a mirar la realidad de unos años para atrás ve que tenemos problemas graves, por algo la justicia enfrenta el peor desafío de todos.
-¿Cuál es ese desafío?
-Recuperar la credibilidad. No le creen los imputados, las víctimas, la sociedad, no le cree nadie. Si hay semejante ausencia de credibilidad por algo es. La gente no es tonta, no come brea, algo pasa.
Los resultados de nuestro trabajo son directamente proporcionales a nuestros problemas. Si nos hubiéramos hechos los boludos o aplicamos la ley divorciada de la justicia, como hace la justicia argentina, probablemente no tendría problemas.
-Usted es docente. Ante este panorama, ¿qué se le dice a un estudiante de derecho que transita la carrera y sueña con llegar a la magistratura?
-Les digo que miren bien lo que está pasando, que aprovechen la frescura de la juventud y que traten de modificar esto. Que apliquen lo que aprenden en la Facultad acá (en Tribunales). La apuesta democrática no puede funcionar sin un sistema de justicia, entonces es difícil la situación. Nuestra vida pública es muy pobre e incide mucho en nuestra vida privada. Todo esto que me pasa a mí explica la puerta giratoria de Tribunales, que los chorros entren y salgan, explica la corrupción, que los banqueros se roben los bancos y estén en libertad. Lo micro siempre explica lo macro.
-Usted no es el único fiscal que tiene causas sensibles. ¿Al resto le ocurre lo mismo?
-Hay muchos fiscales en mi situación que no lo dicen, pero no sé a cuántos fiscales les tocaron los temas que nos tocaron a nosotros en esta fiscalía en los últimos años. Y si les tocaron, habría que hacer una evaluación y ver a qué conclusiones llegaron. Parece que los resultados de nuestro trabajo son directamente proporcionales a nuestros problemas. Si nos hubiéramos hechos los boludos o aplicamos la ley divorciada de la justicia, como hace la justicia argentina, probablemente no tendría problemas. Pero siempre cuando uno se acerca a la verdad, es cuando los problemas empiezan. Hay una correlación positiva entre los resultados de nuestros trabajos y los problemas (internos, laborales) que tenemos.
-¿Desde la Procuración General hay lineamiento claros?
-Tuve un reunión con el Procurador, muy amable, me ofreció custodia. Le expliqué que mi problema no era policial sino que un juez, Martínez de Giorgi, me había inventado una causa. Le dije que eso requería algún apoyo, le pedí algunas medidas específicas y quedó en pensarlas. Hasta ahora no tuve respuestas en más de tres semanas.
-¿Cuáles son las soluciones que propone al problema de la falta de credibilidad de la justicia?
-Hay que trabajar en dos planos. Uno, a largo plazo, el cultural. Hay que cambiar la forma en que la justicia argentina se acerca a los hechos, lo hace como si fuera un cajón de manzanas y hay que acercarse de otra manera, hay que comprender las emociones, los contextos, por qué pasan las cosas, tratar de contaminarse con el conflicto y no trabajarlo con guantes de seda. Y, por otro lado, hay que hacer reformas rápidas.
-¿Cáles?
-Establecer mecanismos de rendición de cuentas. Los jueces y fiscales no rendimos cuentas, es lo mismo trabajar mucho o poco. Nadie mide nuestra eficacia, nadie mide cuántos recursos de apelaciones ganamos, cuántas causas mandamos a juicio, cuántos hechos descubrimos. Es lo mismo descubrir cien casos que no descubrir ninguno. A nosotros nadie nos pregunta nada. Entonces estas dos cosas, básicamente, nos permitirían ver mejoras rápidamente.
-¿Ese control debería ser ciudadano o político?
-De los dos. Debería haber control de las instituciones, pero también es necesario que haya luz pública, porque la justicia lo que hace es expropiar conflictos de la sociedad civil y los soluciona o resuelve de acuerdo a la ley. Es una locura que los problemas de la gente, una vez que entran a la justicia, permanezca a espaldas de la gente. Tiene que haber instancias de control ciudadano que puedan monitorear qué pasa, cuánto se tarda. Y después tiene que haber controles que tengan que ver con medir cosas: cuánto tardás, cómo lo hiciste, por qué se hizo así, por qué camino llegaste. Los plazos de los Códigos (procesales) no se cumplen.
-¿Qué grado de morosidad o incumplimiento hay?
-Una causa de corrupción dura aproximadamente diez o doce años. Antes de la feria judicial se dictará sentencia de primera instancia en el expediente Ciccone de Amado Boudou. ¿Cuántos años tiene? Y estamos para sentencia de primera instancia: falta Casación y la Corte Suprema. Y ese fue un expediente, relativamente, rápido. Eso te da una pauta de cómo funciona.
-¿La mayoría de las causas de corrupción prescriben?
-En general sí, por el paso del tiempo.
-¿Y ahí nadie rinde cuentas?
-No. Ni siquiera se lo califica como mala praxis judicial. Nadie pregunta.
-Ese camino de mayores controles que plantea en su libro, ¿se puede aplicar rápido?
-Es una cuestión de decisión política del Poder Judicial, del Ministerio Público, es cambiar los reglamentos. Invito a conseguir estadísticas del Ministerio Público o del Poder Judicial a ver qué conseguís. Y que esté explicado cómo se recolectaron los datos: en cuánto tiempo, cuál es el diseño de esa estadística. Se ven, a veces, números al voleo, pero no se trabaja con lo que nosotros hacemos. Nosotros en la fiscalía, esos números, los hacemos internamente. No vas a encontrar ningún estudio sistemático para comprender qué hizo la justicia. En tu vida, en tu trabajo, en cualquier actividad, si no se mide el rendimiento, es difícil ver qué hacer para cambiar.
-¿Qué grado de morosidad o incumplimiento hay?
-Una causa de corrupción dura aproximadamente diez o doce años. Antes de la feria judicial se dictará sentencia de primera instancia en el expediente Ciccone de Amado Boudou. ¿Cuántos años tiene? Y estamos para sentencia de primera instancia: falta Casación y la Corte Suprema. Y ese fue un expediente, relativamente, rápido. Eso te da una pauta de cómo funciona.
-¿La mayoría de las causas de corrupción prescriben?
-En general sí, por el paso del tiempo.
-¿Y ahí nadie rinde cuentas?
-No. Ni siquiera se lo califica como mala praxis judicial. Nadie pregunta.
-¿Este sistema es sostenible en el tiempo?
-Depende de nosotros, de la sociedad civil. Hasta que no haya una apropiación social de la justicia estamos sonados. La justicia ha construido mucha lejanía y la gente la percibe lejos. Hasta que no comprendamos que la justicia es tan importante como que el maestro dé clases, como que el policía nos cuide o el chofer de colectivo respete los semáforos. Hasta que no se comprenda que es un servicio público y que un servicio público es de todos, que requiere una apropiación social, estamos sonados. Evidentemente este sistema es muy remunerativo. Si se mira cuarenta años para atrás, Argentina es un país que ha tenido muchas crisis económicas, ha tenido muchos hechos de corrupción. Sin embargo, la regla es la impunidad. Quiere decir que, en términos sociológicos, este sistema es remunerativo para un grupo social. Es un tema de correlación de fuerzas, la inmensa mayoría debe comprender que hay un sistema que le es hostil y que, en definitiva, le hace más difícil la vida. Por que, hasta eso no pase, es complicado que haya una solución. Magia no hay.
-¿Cómo se define?
-Soy un laburante judicial, un servidor público que trata de recuperar la noción de servicio público, sacarnos un poco el glamour. Ese trabajo no es solo de la inmensa mayoría de los laburantes judiciales, que está de acuerdo conmigo, sino que es un trabajo colectivo de los argentinos. Tenemos que mirar el fracaso del mundial para comprender que nos pasa.
-¿Pensó en lanzarse a la política?
-No. No me siento cómodo en la política partidaria. Soy un militante de la república, pero siempre desde el espacio judicial que es lo que me tocó desde que salí del colegio secundario.
-¿Cómo se recupera la confianza entre la justicia y la sociedad?
-Es un trabajo a dos bandas. Las reformas culturales y legales más la apropiación social de la justicia, que es lo que empezó a pasar en Brasil. No sé cómo va a terminar, pero lo que rescato es la apropiación de la cuestión judicial por parte de la sociedad, eso me parece interesante. Algo parecido está pasando en Perú y Colombia. Recuperar el espacio público que está despolitizado y transferido a un montón de actores sociales cuyos intereses generalmente no son los de la república.