“En Comodoro Py esperámos más medidas como el allanamiento que ordenó el juez Sebastián Casanello, pero la puesta en escena que hizo el Gobierno los dejó en evidencia y generó muchos rechazos. Los que están apurados son funcionarios Gobierno, pero en la Justicia podemos esperar hasta que se conozca toda la información que será liberada en Brasil a partir de junio ”, confió a Letra P un funcionario de los tribunales federales de Retiro para justificar el inesperado allanamiento que ordenó el titular del séptimo juzgado de ese fuero este miércoles en las oficinas que tiene la filial local de Oderbrecht. La medida, a pedido del fiscal federal Federico Delgado, impactó de lleno en la negociación que el Gobierno había empezado un día antes con los abogados de la multinacional acusada de pagar sobornos millonarios en una decena de países del continente, además de Argentina. La confirmación del cimbronazo resonó dentro la Casa Rosada, con el cuestionamiento de distintos funcionarios contra los allanamientos, aunque el discurso público estuvo en manos del ministro de Justicia Germán Garavano, que este miércoles suspendió la segunda reunión prevista con los representantes de la empresa.
La primera cita del Gobierno con Oderbrecht se concretó este martes, a partir de una instrucción del Presidente, que ordenó a Garavano y a la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso para que se reunieran con los representantes de la empresa ante la “inacción del Ministerio Público Fiscal”. En rigor, la primera cita con los letrados había sido agendada para este miércoles, pero ambos funcionarios decidieron adelantarla al martes. En la misma jornada, mientras Garavano y Alonso se reunían con el abogado Guido Tawill, el fiscal Delgado les “ofreció a los ex directivos de la firma Odebrecht acogerse a la Ley del Arrepentido” en “un plazo de cinco días”. Lo hizo dentro del expediente que instruye sobre el “posible pago de sobornos para ampliar la planta potabilizadora de AySA ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, en la localidad de Tigre”, norte de la Provincia de Buenos Aires y extremo de la primera sección electoral.
En la estrategia de Delgado, el paso siguiente al envío del oficio consistió en solicitarle a Casanello el allanamiento de las oficinas que Oderbrecht tiene sobre Avenida Leandro Alem al 800, para avanzar en el caso “Paraná de las Palmas”, una obra que ya tiene el 90% de ejecución. La incursión judicial sobre Oderbecht no fue la única: Casanello también ordenó allanamientos en las oficinas de las empresas Roggio, Camargo Correa y Esuco. De esas tres oficinas, la contratista cordobesa que fundó Aldo Roggio es socia de Odebrecht en la planta de Paraná de las Palmas y en otras dos dentro de la “Planta del Bicentenario”, también de AySA, en Berazategui.
Con semejante despliegue de la Justicia en menos de 24 horas, Garavano suspendió la segunda reunión para negociar con la empresa allanada y buscó disipar las sospechas que despertó el primer round, donde Odebrecht propuso un convenio de colaboración de información a cambio de que las obras en marcha no sean suspendidas. “El inconveniente más grande es que la propuesta está basada en lo que es la normativa brasileña, que es bastante diferente a la de la Argentina en relación a estos temas de empresas. Estamos trabajando en eso para tratar de ver de solucionarlo, porque la información que se pueda conseguir es para entregarla a la Justicia, no podemos darle otra finalidad", recalcó Garavano y buscó curarse en salud con los allanamientos solicitados por Delgado y ordenados por Casanello. “La Fiscalía es la gran ausente en esto, más allá del esfuerzo de fiscal Delgado u otros individualmente", contestó el titular de la cartera de Justicia para no cuestionar los allanamientos que entorpecieron la negociación que sostiene junto con Alonso.
Ante las consultas de Letra P, fuentes judiciales anticiparon que “habrán más medidas, allanamientos y otras resoluciones judiciales sobre el caso Oderbrecht, antes y después del 1 de junio”, la fecha acordada para que se conozca la información que entregaron los arrepentidos presos por los tribunales brasileños dentro del caso “Lava Jato”. Todos los casos del fuero federal que investigan obras de Oderbrecht en el país son instruidas por los fiscales Franco Picardi, Federico Delgado, Gerardo Policita y por Sergio Rodriguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Tal como hizo Delgado este miércoles, sus pares podrían replicarlo en los próximos días y semanas.
