Diputados kirchneristas presentaron un proyecto para declarar la emergencia ocupacional en la agencia estatal de noticias Télam y prohibir los despidos en el organismo por 180 días.
La iniciativa lleva la firma de siete diputados nacionales, entre ellos la dirigente judicial porteña y titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSiTraJu) Vanesa Siley.
El objetivo del proyecto es retrotraer las 354 cesantías, evitar nuevos despidos y mantener las condiciones laborales de los empleados.
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De esta manera, se volvería atrás también con el cierre de seis corresponsalías provinciales, hecho que producen “graves consecuencias sobre el federalismo y la libertad de expresión”.
Vale recordar que la semana pasada, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, confirmó la cesantía de más 350 empleados de la agencia de noticias oficial. Esto representa más del 40% de la planta.
El Gobierno alegó para fundamentar la decisión tanto cuestiones presupuestarias, basada en una supuesta sobredimensión del plantel de trabajadores, como políticas, al alegar que muchos de los despedidos eran simpatizantes kirchneristas. Los trabajadores niegan ambas acusaciones. Sobre el crecimiento del personal, explican que Télam diversificó en los últimos años sus servicios, comenzando a explotar plataformas audiovisuales. Y sobre lo segundo, denuncian persecución ideológica, a la vez que testimonios de numerosos cesanteados indican que no han registrado actividades políticas ni sindicales.
Además de Siley, los diputados Walter Correa, Pablo Carro, Fernanda Raverta, Roberto Salvarezza y Rodrigo Martín Rodríguez (todos de Unidad Ciudadana) aseguraron que los dichos de Lombardi “dan cuenta del carácter ideológico de los despidos, en clara violación del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo que prohíbe expresamente el despido por motivos políticos, de la Ley 23.592 de actos discriminatorios y Tratados Internacionales, que, una vez más, colocan a nuestro país en situación de incumplimientos y persecución por motivos políticos e ideológicos”.
La iniciativa está fundamentada en el Estatuto del Periodista y la ley de Contrato de Trabajo, que prohíbe expresamente los despidos por motivos políticos.
Además, se considera que la situación se enmarca en una emergencia dado el contexto económico de recesión y estancamiento del empleo, según los indicadores del Ministerio de Trabajo.