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Sin conciliación: judiciales, médicos y estatales le paran a Vidal

Más allá del conflicto docente en el cual el gobierno de María Eugenia Vidal dictó la conciliación obligatoria, la administración bonaerense mantiene abierto los frentes de controversia con estatales, judiciales y médicos que este lunes llevan a cabo un paro por 24 horas, fundamentalmente con el reclamo por reapertura de la negociación salarial, aunque también con múltiples paquetes de exigencias sin respuesta. En el caso de ATE, el gremio insiste con el pedido de reapertura de paritaria de la ley 10.430, como así también el “pase a planta permanente de trabajadores precarizados, nombramiento de personal en áreas críticas, mayor presupuesto para políticas sociales, y defensa del IPS y del IOMA”.

 

Asimismo, se plantean focos de conflicto puntuales, como la situación crítica que atraviesa el Astillero Río Santiago y los casi 250 despidos de trabajadores de la planta permanente comunicados por la empresa estatal que administra las centrales nucleares, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) en Zárate y por los cuales ATE lleva a cabo aquí un paro por tiempo indeterminado junto a otros gremios.
 

 


“Estos despidos se dan en un nuevo marco de desmantelamiento del plan nuclear que contemplaba la construcción de dos nuevas centrales en la ciudad de Lima. Es un golpe social muy grande para una ciudad como Zárate, un pueblito como Lima, donde estamos realmente preocupados y movilizados. Este es un problema de clase que impacta sobre toda la población, que va a sufrir un fuerte impacto económico justamente por la pérdida de las fuentes de trabajo”, remarcaron desde la entidad sindical.

 

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) vuelve a realizar un paro de 24 horas en reclamo de paritarias. Y es que no se retomó la negociación después de la reunión del 28 de mayo, en la cual el gremio judicial rechazó por insuficiente la oferta salarial propuesta por el Ejecutivo provincial.
 

 


“La AJB exige que el Poder Ejecutivo provincial vuelva a abrir el diálogo que cerró a fines de mayo, y realice una oferta salarial acorde a la realidad económica que se está viviendo en el país y en la provincia. El gremio judicial considera inaceptable una oferta de incremento del 15% en tramos, cuando todas las proyecciones estiman que la inflación anual se ubicará por encima del 30%”, resaltaron.

 

En tanto, los médicos de Cicop remarcaron que “pese a las dificultades en consensuar acciones en común”, la decisión del Congreso de Delegados de la entidad “fue parar con el conjunto de los gremios estatales el lunes 30 y continuar bregando por construir, a la mayor brevedad posible, una contundente expresión en la calle que haga visible la mayor unidad de acción posible”. “La necesidad de promover medidas articuladas asoma como una cuestión imprescindible para la etapa que atravesamos. Cicop seguirá insistiendo en su decisión de impulsarlas”, enfatizaron.
 

 


“Transcurridos siete largos meses desde el vencimiento de la paritaria salarial en diciembre de 2017 y con una sola convocatoria en 2018 donde se ofertó un magro 15 % en tres cuotas, los profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires nos enfrentamos a un conflicto que se extiende en el tiempo por la falta de nueva convocatoria del Gobierno provincial”, cuestionaron para  subrayar que la “enorme pérdida de poder adquisitivo” trae “como consecuencia directa la dificultad para sostener la atención cotidiana con planteles diezmados, servicios cerrados y guardias descubiertas".

 

"A ello se le suman condiciones de trabajo cada vez más complejas: problemas de infraestructura, situaciones de violencia e insumos insuficientes. Por otro lado, la insuficiencia de recursos humanos, la falta de resolución de la interinización de los becarios, los expedientes de concursos y nombramientos demorados de larga data, la falta de cobro de bonificaciones y funciones, así como la vulneración de derechos de los residentes por la falta de avances en la discusión de su reglamento, desalientan a quienes a diario sostienen esforzadamente el sistema de Salud Pública en hospitales y centros de salud”, puntualizaron.

 

Juan Carlos Romero, autor de la resolución del Senado para aumentar las dietas. 
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