El decreto presidencial abre la puerta a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército, para que desempeñen una función que hasta ahora tenían vedado. Se inscribe en un cambio de orientación que lleva adelante Cambiemos desde que asumió el poder, pero choca con una imposibilidad: la necesidad de fondos que Macri recorta en el sendero ortodoxo en el que se abraza al Fondo Monetario Internacional.
En su cruzada contra el terrorismo, el Presidente quiere darle vía libre a los militares, pero su límite es el ajuste, prioridad excluyente hasta las elecciones de 2019. Basta como antecedente la suspensión del desfile militar del 9 de Julio y la paritaria del 8% que les ofrecían a los uniformados en una primera instancia, antes del 20% que finalmente se otorgó.
LA AMENAZA AMARILLA. La estrategia de militarizar la resolución de conflictos internos no es un invento de Macri, sino que tiene antecedentes -recientes y peligrosos- en la región, como los de México y Brasil. Sin embargo, la jugada vuelve a marcar un contraste entre las pretensiones de la administración Macri de insertarse en el mundo y alinearse con Estados Unidos y la mirada empresarial que repite el Presidente cuando se queja de que tiene 70 mil hombres ociosos. ¿Macri quiere alinearse y luchar contra el terrorismo o quiere recortar gastos? Por lo pronto, el recorte presupuestario que se había iniciado durante los años del kirchnerismo no se alteró a partir del 10 de diciembre de 2015. Al contrario.
En contraste con la movilización al Ministerio de Defensa y del rechazo opositor que busca derogar el decreto en el Congreso, se advierte un creciente lobby oficial para modificar la Ley de Defensa en un marco en el que no existe una correlación de fuerzas favorable para el Gobierno en el Congreso.
El comunicado firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Grupo Convergencia y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) plantea entre sus objeciones que se elimina toda referencia a que la agresión externa deba ser estatal, lo cual habilita a las Fuerzas Armadas a actuar ante lo que se considere amenaza externa asociada al narcotráfico y el terrorismo. Además, sostiene que el concepto de apoyo logístico funciona como “coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad”.
Para los firmantes de la carta, entre los que figuran Alberto Binder, Ileana Arduino, Carlos Acuña, Horacio Verbitsky, Paula Canelo y Juan Tokatlian, el decreto de Macri les da a las FF.AA. la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa, que la prohíbe salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. “La reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FF.AA. así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad”, dicen.
Como anticipó Letra P, la definición de objetivos estratégicos puede ser clave en un contexto en el que la Casa Rosada apuesta todo al oasis de Vaca Muerta como puerta para el ingreso de capitales. En un contexto en el que la lluvia de inversiones no se concretó, el megayacimiento de la Patagonia es la gran esperanza para revertir el déficit energético y generar dólares genuinos en una economía especulativa. El decreto de Macri habilita el desembarco del Ejército ante reclamos de comunidades mapuches o conflictos gremiales que alteren el mandamiento de la productividad.
“Hay que entender esta reforma dentro de un cambio de paradigma que empieza en 2016”, le dijo a Letra P Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
Una reforma como la que plantea el oficialismo demandaría más que un decreto. Reformar la ley de Defensa Nacional de 1988, la de Seguridad Interior de 1991 y la de Inteligencia Militar de 2001.
Entre los promotores del nuevo escenario se destacan desde amigos de la familia militar, como Rosendo Fraga, hasta Horacio Jaunarena, el ex ministro de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. Tanto Fraga como Jaunarena respaldan al Gobierno en general y la iniciativa de Macri en particular.
ESCUDO NORTE, ANTECEDENTE RIESGOSO. Los especialistas consultados por Letra P y el Gobierno coinciden en algo: el decreto termina de abrir la puerta que habilitó el Escudo Norte, el operativo que movilizó militares a la frontera durante los últimos tres años del gobierno de Cristina Kirchner. De hecho, Macri anunció que en agosto enviará tres mil efectivos a Eldorado, Misiones, con el objetivo de trasladar los gendarmes al conurbano, exactamente lo mismo que hizo el kirchnerismo bajo la conducción de Sergio Berni.
Entre los organismos de derechos humanos, algunos admiten que hay una continuidad pero destacan que se da dentro de un paradigma totalmente distinto: bajo la doctrina de las “nuevas amenazas” que propaga el Comando Sur de Estados Unidos, con la influencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con datos recientes como la intervención de la UIF en la triple frontera que estaría financiando a Hezbollah, lo cual activa la posibilidad de que la inteligencia militar comience a operar en la zona.
El gobierno de Macri da dos pasos en un sentido riesgoso: borra la distinción clara entre Defensa y Seguridad y, como lo especifica el decreto 683, se lanza a una guerra contra agresiones externas que no necesitan ser estatales. El narcotráfico y la sinuosa categoría de terrorismo habilita la lucha contra el RAM o contra cualquiera que el gobierno y las Fuerzas Armadas definan como amenaza.
La definición de objetivos estratégicos demandaría la custodia física por parte del Ejército y fuerzas de seguridad que no siempre quieren asumir la función de seguridad privada en un megayacimiento, donde operan las grandes trasnacionales del petróleo y el gas. Puede además activar la disputa con la Gendarmería. Pero lo más importante para los que cuestionan el nuevo rumbo es la Ley de Defensa, que obliga a definir como zona militar a través del Congreso los llamados objetivos estratégicos.
Con el decreto, el Presidente está cambiando eso y se extralimita.
AJUSTE VERDE OLIVA. El decreto 683 de Macri no es el último movimiento que preocupa. Para completar la ofensiva, se espera la Directiva de Política de Defensa Nacional que ya estaría redactada, a la firma del Presidente.
Un borrador que circula sobre el tema vuelve a plantear la contradicción entre ajuste y represión, dos términos que vienen siempre de la mano. El texto al que accedió Letra P abunda en la necesidad de que los militares puedan brindar apoyo logístico, habla de “eventos de interés estratégico” (¿la cumbre del G20?), le da relieve al papel de la inteligencia militar y plantea una reestructuración de las Fuerzas Armadas que tiene como prioridad la eficacia y la flexibilidad. Con especial énfasis en el cambio de la ocupación territorial, con mención explícita a “las restricciones fiscales” del Gobierno y a las estructuras burocráticas y con un llamado a una reconversión para el despliegue rápido y la movilización. Si no hay modificaciones, algo está claro: el ajuste atraviesa la Directiva que viene.
“Las organizaciones y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz deberán reducir sus estructuras de personal. Dichas organizaciones deberán mantener, actualizar y desarrollar el conocimiento necesario para desempeñar sus funciones en tiempos de paz con un mínimo de personal altamente capacitado, al óptimo nivel de alistamiento. Asimismo, frente a situaciones de crisis o cambios en el contexto estratégico, deberán contar con la capacidad de incrementar su tamaño mediante la incorporación planificada de reservas”, dice.
Consultado por Letra P, Berni consideró que la jugada del Gobierno preanuncia dos movimientos. En primer lugar, la mira en Vaca Muerta y el conflicto mapuche. En segundo término, el negocio inmobiliario con las unidades que forman parte del patrimonio del Ejército y que habilita la redistribución de unidades militares que planifican Macri, Pompeo y el subalterno Oscar Aguad.
Las nuevas Fuerzas Armadas que diseña Cambiemos deberán tener una flexibilidad mayor y ya no estarán afincadas en un territorio. Un supuesto se cae de maduro: no van a precisar las enormes extensiones de tierra de las que disponen. El dato se advierte con preocupación entre los militares, en especial en el Ejército, que ya se queja porque la venta del edificio de Sastrería Militar, en el Barrio de Las Cañitas, en 33 millones de dólares no le dejó ni un centavo.
Así como sucedió con ese predio, puede pasar con una larga lista de inmuebles como el Campo Argentino de Polo, la dirección de Remonta y Veterinaria, la Escuela Superior de Guerra, el Instituto Geográfico Militar, el Comando Antártico, el Regimiento de Granaderos, el Regimiento 14 de San Martín de los Andes, la reserva Pulmarí y el mismísimo Campo de Mayo. Según estima Berni, el patrimonio del Ejército en materia de inmuebles asciende a mil millones de dólares, una caja suculenta de la que Macri puede echar mano a través de la Agencia de Bienes del Estado. Para un gobierno que necesita ajustar y tiene poco para rematar, una tentación difícil de evitar en la era de la racionalización del gasto.