X

La razón de los silencios de Laura Alonso

Nuevos datos revelan por qué debió maquillar su vínculo con una consultora satelital del PRO que no podía ser contratada por el Estado. Su esperanza en los vínculos de Angelici en Comodoro Py.
Nuevos datos revelan por qué debió maquillar su vínculo con una consultora satelital del PRO que no podía ser contratada por el Estado. Su esperanza en los vínculos de Angelici en Comodoro Py.
Por 22/07/2018 10:41

Laura Alonso se quitó la palabra. Un cúmulo de irregularidades para contratar a una consultora que orbita en el PRO y de maniobras de baja política para ocultarlas colocaron a la titular de la Oficina Anticorrupción ante una opción inconveniente: si habla, se incrimina; si calla, incumple sus deberes básicos como secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Para eludir la encerrona, Alonso apuesta a jugar en dos campos en los que se siente más cómoda. Por un lado, deja saber que romperá el silencio ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, quienes recibieron una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero por la contratación irregular de la consultora de prensa y lobby Consuasor. A la espera de la oportunidad de ser oída en Comodoro Py, la responsable de Ética Pública tuitea sobre fake news, trending topic del que se declara víctima. Se desconoce si la estrategia de Alonso fue concertada con Consuasor, aunque hay indicios para suponerlo.

Mientras tanto, salen a la luz los motivos por los cuales Alonso prefirió, al menos desde comienzos de 2017, extender contratos personales a los dueños de Consuasor y no a la firma en sí, pese a que personal de la consultora predilecta del PRO trabajaba para su oficina sin estar registrado para el Estado.

 

 

INADMISIBLE. En enero pasado, el Ministerio de la Producción lanzó una licitación para un servicio de asesoramiento comunicacional, a la que se presentó Consuasor SRL, la razón social conformada en diciembre de 2015, en coincidencia con la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia. 

Al momento de la convocatoria, Página/12 ya había publicado que al menos media docena de dependencias estatales -Oficina Anticorrupción, Senado, Gobierno de Salta; ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Defensa- habían disimulado los pagos a Consuasor vía contratos con los dueños de la consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúidice (el tercer fundador se había separado de la firma cuando pasó a formar parte del Gobierno, en 2015).

 

Consuasor no podía ser contratado por el Estado por varios aspectos legales, según los asesores jurídicos de Producción.

 

Federico Falcone, Jonatan Luis y Florencia Castro, asesores del Ministerio de Producción cuando lo conducía Francisco Cabrera, dictaminaron el 17 de abril que la participación de Consuasor en la licitación resultaba “inadmisible” por dos motivos cruciales: registraba deuda exigible con el Estado y ni siquiera había completado el trámite de inscripción en el registro de contrataciones. En consecuencia, los funcionarios de Producción evaluaron que la oferta de Consuasor era “imposible” de analizar. En cambio, el mismo texto aconsejó admitir al otro oferente, Urban/ UP Comunicación.   

Es decir, Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por un organismo público, por lo que Alonso, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, el senador nacional Federico Pinedo y otros funcionarios optaron por pagos personales a Sosa Liprandi y Giúdice. En el caso de la OA, por lo menos 82.500 pesos mensuales en 2018, con proyección anual de 990.000, según información oficial en poder de este medio. 

 

Consuasor hace "evaluaciones de riesgo político" para sus clientes.

NADA FUE UN ERROR. Alonso difícilmente podría negar que el servicio era prestado por la consultora y no sólo por sus dueños, dado que hay pruebas que demuestran lo contrario. La jefa de Anticorrupción tampoco podría soltarles la mano a los contratados con el argumento de que, al momento de sumarlos a su equipo, no se había percatado de que ofrecían servicios de lobby para empresas, como “brindar información detallada y sensible sobre decisiones de gobierno”. Luego de que este servicio fuera revelado en enero, Alonso mantuvo el vínculo con Consuasor al menos hasta mayo y probablemente hasta julio.

La funcionaria trató de ocultar durante meses el vínculo con Sosa Liprandi -quien tuvo un paso por el último PAMI kirchnerista desde donde, con anuencia de su titular Luciano Di Césare, trabajó para la victoria del PRO- mediante diferentes artilugios. Consultada días atrás para esta nota sobre cuándo se interrumpió exactamente el vínculo laboral de la Oficina Anticorrupción con los dueños de Consuasor, la secretaria de Ética informó que no respondería y que lo haría en la causa judicial en el fuero federal. 

Es probable que la jefa de la OA no esté al tanto de que su obligación republicana de transparencia incluye informar con buena fe cómo maneja el presupuesto. Ante ello, Letra P requirió -mediante un nuevo pedido de información- saber además cuál fue la vía de llegada de Consuasor. Los socios de la consultora tenían vínculo histórico con el PRO pero, aun así, dos fuentes indican que, en el caso de Alonso, la contratación no obedeció a una relación personal sino a indicaciones de jefes políticos. 

La obediencia partidaria dispara otra incompatibilidad. Por ejemplo, Alonso debería investigar si su colega en el gabinete, Triaca, hizo nombrar en un puesto estatal a la empleada a la que maltrataba y empleaba en negro, Sandra Heredia, así como a decenas de ñoquis, pero a enero pasado, cuando se conoció el caso, Sosa Liprandi se sentaba a la mesa chica de ambos. Con la funcionaria coordinaba cómo decir que investigaría el escándalo: con el ministro articulaba la estrategia para aplanarlo.

LA ÓRBITA DEL TANO. El fiscal federal que debería impulsar la denuncia por negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales es el ex secretario de Seguridad de Boca Juniors Stornelli, quien -según Elisa Carrió- conversa sus decisiones con el lobista gubernamental Daniel Angelici

Laura Alonso debe en gran medida al titular del club de la Ribera su comentado salto hace una década desde Poder Ciudadano a lugares expectantes en las listas del PRO. El mundo de las ONG fue una importante salida laboral para muchos miembros de la UCR que quedaron huérfanos en las décadas del 90 y 2000, y unos cuantos reingresaron a la función pública de la mano de los gobiernos de Macri en la Ciudad y en la Nación. 

En ese tránsito, para algunos resultó fundamental el padrinazgo de Angelici, armador del brazo UCR-PRO. Alonso y su pareja, Ernesto Ochoa -mano derecha del “Tano”-, son claros exponente de esa vertiente. 

Con  las fichas puestas en el tejido de Angelici en Comodoro Py, Alonso espera el destino de una causa que ni siquiera fue abierta. 

 

 

Mientras, la funcionaria tuitea. 

Además de celebrar una gracia repugnante de un troll sobre el cadáver de Santiago Maldonado, Alonso se manifestó esta semana sorprendida por “cómo opera la bola de fake news”. Le pareció “maravillosa” una descripción de Carlos Pagni sobre operaciones entre servicios de inteligencia y “usurpadores del título medios y periodistas”, a quienes no identificó. Insistió sobre los “truchimedios” dedicados a “calumniar, difamar, engañar y mentir escudados en la libertad de expresión esparciendo basura con malicia”, y bloqueó a Florencia Moroni, a quien calificó de “truchitroll” luego de que le preguntara por el estado de la investigación de la supuesta financiación ilegal del PRO.

La fiscal anticorrupción gugleó fake news y halló un breve artículo publicado en febrero en el Washington Post sobre cómo usinas esparcen información falsa con alguna apariencia verosímil. 
Tiempo después de esa nota, se supo que la consultora Cambridge Analytica fue artífice de campañas sucias en redes sociales contra Hillary Clinton y en favor de Donald Trump. Indagado en junio en el seno del parlamento británico, el ex CEO de Cambridge Analytica Alexander Nix admitió que su usina de fake news trabajó también en la Argentina durante 2015, en  una campaña para promover el cambio político. Buen tema para que investigue la Oficina Anticorrupción.