En fallo unánime, la Cámara Comercial rechazó este miércoles la pretensión de Cristóbal López y Fabián de Sousa de apartar de las diferentes quiebras del Grupo Indalo al juez Javier Cosentino, una estrategia instrumentada por el abogado de ambos empresarios, Aníbal Fernández, que encontró un rápido desenlace.
Los camaristas Gerardo Vasallo, Juan Garibotto y Pablo Heredia rebatieron todos los argumentos expuestos por Fernández y, con ello, desbarataron la intención de demorar la liquidación de activos y separar los procesos de quiebra de la petrolera Oil Combustibles y el resto de las empresas, incluidos los medios de comunicación.
Si la presentación de los dueños de Indalo hubiera tenido éxito, los concursos de acreedores de Oil, constructoras, emprendimientos agropecuarios, empresas viales y medios como Radio 10, FM Pop, C5N y Ámbito Financiero habrían corrido por separado, en diferentes juzgados, a distinto ritmo y con menores chances de detectar los entrecruzamientos económicos y de eventuales fraudes. Además de las obligaciones impositivas, varias de esas empresas mantienen impagas indemnizaciones a decenas de trabajadores y la diseminación de los procesos habría favorecido la eternización de las deudas.
Oil, uno de los principales activos del Grupo, ya tiene la quiebra decretada desde mayo e YPF se encuentra a cargo de la operación de la planta, mientras avanza un proceso de venta de la refinería, el puerto y los tanques ubicados sobre el río Paraná, en la localidad de San Lorenzo, y unas 250 estaciones de servicio, principalmente en Santa Fe y Córdoba.
En principio, de acuerdo a la valuación de los veedores designados por el juzgado, la suma de los activos de la petrolera no alcanza para cubrir ni el 15 por ciento de la deuda que Oil mantiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (por el no pago del impuesto a los combustibles) y y otros acreedores, por más de 15.000 millones de pesos.
El fallo de la Cámara sostiene, en primer lugar, que De Sousa y López no son parte por sí mismos sino que la causa trata quiebras de empresas, y que, llamativamente, piden, en un mismo escrito, separar los 28 expedientes de las sociedades en concurso de acreedores pese a que afirman que se trata de razones sociales distintas.
El argumento central del ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y hoy abogado de los dueños de Indalo fue que el juez Cosentino tiene “interés personal” en el expediente, porque procura ascender a camarista y, en ese camino, o bien buscó complacer al Gobierno de Mauricio Macri o fue coaccionado por éste para perjudicar a López y de Sousa.
Los jueces respondieron que la supuesta parcialidad del juez fue apenas conjetural en el escrito de Fernández y arriesgaron: “De admitirse tal causal de recusatoria, se habilitaría a que todo juez que interviene en una causa de trascendencia pública o mediática en la que el Estado sea parte deba apartarse de ella por el sólo hecho de haberse inscripto en un concurso judicial”.
Además, Vasallo, Garibotto y Heredia recordaron que ellos mismos ya ratificaron medidas adoptadas por Cosentino que habían sido apeladas, y que la supuesta obediencia del juez de primera instancia a los deseos del Gobierno (que fueron públicos y que Fernández citó profusamente en su escrito, con frases de Macri, Gabriela Michetti y medios oficialistas) no motivó que Indalo o sus dueños objetaran un proceso que lleva dos años.
En concreto, se vislumbra una estrategia en apariencia separada -aunque podría ser complementaria- entre el representante legal de Oil Combustibles, el ex juez comercial Eduardo Favier Dubois, y Fernández, abogado de López y De Sousa.
Despejada la recusación de Cosentino, podrían avanzar los procesos de quiebra y eventuales ventas de los medios de comunicación. Resta por verificar quiénes son los acreedores, el estado contable de las empresas, posibles fraudes y eventuales interesados en adquirir sus activos y pasivos.
Las empresas de Indalo involucran miles de puestos de trabajo. Sólo en el sector de los medios de comunicación, son alrededor de 700.