DESGUACE DEL GRUPO INDALO

Por qué YPF se quedó con Oil, la petrolera de Cristóbal López

La petrolera de control estatal podría comprar activos de la nave insignia del Grupo Indalo, cuya continuidad le asignó la Justicia. Los motivos de una decisión que meses atrás parecía descartada.

La fallida Oil Combustibles no estaba en los planes de YPF tan sólo algunos meses atrás. La petrolera controlada por el Estado maneja tres refinerías, incluida una de las más importantes de Sudamérica, en La Plata, por lo que una cuarta con el grado de complejidad de la del ex Grupo Indalo podría representar, en la visión de fuentes clave del mercado, más un problema que una oportunidad. Sin embargo, realizó la oferta más competitiva para operar la continuidad de la refinería ubicada sobre el río Paraná y, aunque por ahora no implica la compra de los activos, podría significarlo en el futuro cercano. Al menos, de parte de ellos.

 

Entre el desinterés del verano y la propuesta aceptada por el juzgado comercial de Javier Cosentino mediaron razones económicas, comerciales y, probablemente, políticas, según pudo reconstruir Letra P.

 

Cosentino adjudicó el viernes a la sociedad YPF-Dapsa la continuidad de la empresa, en detrimento de los competidores que pugnaban en el expediente: las multinacionales de origen holandés Trafigura y Vitol, la rusa Lukoil y los trabajadores de la refinería agrupados en la cooperativa Petroleros Santafesinos. Antes, habían asomado por el juzgado, sin concretar propuestas, Shell, Pampa Energía (por un interés puntual en el abastecimiento para sus plantas químicas en Puerto San Martín y Zárate), Glencore y otros, algunos de identidad elusiva y hasta sospechosa.

 

 

LOS MOTIVOS. El consorcio YPF – Dapsa pagará un canon mensual de 3,3 millones de dólares por la explotación de las instalaciones. Eso triplica la mejor propuesta de sus competidores, analizó Cosentino, y se reserva la posibilidad de igualar la mejor oferta cuando se concrete la licitación por los activos.  

 

Además de que el monto ofrecido superó con creces al de Vitol, Trafigura y Lukoil, resultó decisivo que YPF tuviera ya un liderazgo en el mercado. “No es lo mismo que una empresa que será poderosa en el exterior pero que en la Argentina es apenas un nombre, no conoce el terreno y deberá subcontratar para poner la planta en funciones”, sintetizó una fuente cercana al juzgado.

 

En esa línea, YPF-Dapsa se comprometieron a reprocesar “sin cargo” y en forma inmediata los stocks de gas oil y fuel oil con que cuenta la refinería en quiebra, en la localidad de San Lorenzo, algo sólo factible para una empresa con una red instalada.

 

Otro punto crucial -firmó el juez Cosentino- fue que los competidores de YPF supeditaron la oferta a la realización de una auditoría. “Es lógico, lo cual demuestra que conocen menos el terreno”, expresó la fuente citada. A cambio de tomar la refinería como viene, YPF se reserva el derecho de renovar su compromiso cada dos meses.

 

JUEGO POLÍTICO. La empresa expropiada en 2014 había acercado ofertas de asesoramiento técnico y algún aporte específico cuando el juzgado trataba de encontrar una salida ante un muy probable colapso económico y ambiental de la refinería de Cristóbal López y Fabián de Sousa. No alcanzaba. La planta que iba rumbo a la quiebra inexorable necesitaba fondos frescos para mantenerse en pie.

 

El Gobierno de Santa Fe, a cargo del socialista Miguel Lifschitz, explora desde hace tiempo el interés de YPF por hacerse cargo. Para esa provincia, la posibilidad de que se perdieran 460 empleos directos en la estratégica San Lorenzo significa un problema social y político. En el comienzo del otoño, la respuesta de la petrolera estatal no fue muy prometedora.

 

Si para Santa Fe las consecuencias de la quiebra de Oil son graves, para el Gobierno nacional son atendibles. Con un atenuante: en época de “sangre, sudor y lágrimas”, una crisis cerca de Rosario podría ser atribuida a la “corrupción K”. Bien manejada, podría ser una oportunidad para alimentar el relato.

 

 

Los activos de Oil, en la mira de YPF.

 

En esa línea puede entenderse la absoluta inflexibilidad del principal acreedor, la AFIP, para explorar una vía alternativa que no fuese la quiebra, que se suma a la decisión del Ministerio del Interior de excluir a la otrora joya de Indalo, la constructora CPC, de los contratos de obra pública por un lapso de 10 meses. La determinación de la cartera de Rogelio Frigerio informada el viernes rescinde los convenios para obras de saneamiento en Comodoro Rivadavia (paralizadas y sin pago a los obreros) y la colectora costanera de Bariloche, de lo poco que le quedaba.

 

Si se sigue la línea de que la AFIP, no sin razones legales poderosas, empujó la debacle de Indalo, no sería razonable que a través de YPF el Gobierno estuviera tratando de salvar los activos por razones políticas.

 

Pero la política juega su rol en el expediente, en el análisis de la fuente del mercado: “Desde febrero hasta ahora cambió la economía. No es lo mismo el interés de una petrolera extranjera con una proyección de crecimiento y con contratos en dólares intocables, que una economía a las puertas de una recesión y con el Gobierno interviniendo para congelar los precios de los combustibles”. “No sabés tampoco cuánta espalda le queda a (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren para desregular el mercado. YPF juega otro partido más allá de la incertidumbre”, razonó.

 

Sobre el alto precio del canon ofrecido para la continuidad, la persona esgrime: “Tampoco le conviene a YPF que venga alguien de afuera y aproveche la coyuntura de comprar por dos mangos activos que, si las cosas marchan bien, podrían ser un buen punto de despegue en todo el Litoral y Córdoba”.   

 

El riesgo de una crisis laboral en San Lorenzo no está saldado. Ninguna oferta -tampoco la ganadora- admitió hacerse cargo de la totalidad del personal con sus sueldos presentes y su antigüedad, remarcó Cosentino en su resolución.

 

LOS BIENES. Lo que tampoco está saldado es cuánto podrá recuperar la AFIP de los más de 500 millones de dólares adeudados por la petrolera de López y De Sousa, ni tampoco los otros acreedores privados, por cerca de 250 millones de dólares. Según las estimaciones que maneja el juzgado, ni la continuidad de la empresa ni la liquidación de los activos se acercan siquiera a cubrir esos montos.

 

El fallo que decretó la quiebra incluye un punto clave que pasó hasta ahora inadvertido. En el apartado 11, el juez Cosentino ordenó al síndico que “en función de la debida preservación del acervo falencial” analice los bienes personales ejecutables de “administradores y/o ex administradores, socios, controlantes, terceros y otros”.

 

El juez otorgó a los síndicos, el pasado 11 de mayo, un plazo de diez días hábiles para indagar en una materia compleja, pero el informe todavía no es público en el expediente. La posibilidad de rematar propiedades a nombre de dueños y gerenciadores de empresas quebradas en plazos tan cortos no es habitual. “Aunque la ley lo prevé, el procedimiento es infrecuente y, cuando ocurre, demora varios años entre que el juez lo decide y se presentan todo tipo de dilaciones e ingenierías financieras que impiden dilucidar los bienes embargables”, indicó a Letra P una fuente clave de tribunales. “Que sea ordenado en el mismo decreto de quiebra es excepcional”, remarcó la voz.

 

La ley permite que sean embargables bienes extraídos a la quebrada y puestos a nombre de terceros, como viviendas, campos y otras propiedades, por lo general mediante ingenierías financieras destinadas al fraude. La demostración del vínculo no es sencilla, pero si se lleva a cabo, podría romperse con la lógica consuetudinaria de empresas quebradas y empresarios ricos que impera en el país.   

 

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