Con la quiebra de Oil Combustibles ya decretada y en proceso de transferencia de activos, y el resto de las firmas de Indalo en un rumbo similar, Cristóbal López y Fabián de Sousa juegan una de sus últimas cartas antes de perder sus empresas: desplazar a Javier Cosentino, el juez comercial que lleva adelante los concursos de acreedores del grupo.
El ex ministro y ex senador Aníbal Fernández, recientemente designado abogado de López y De Sousa, irrumpió en el expediente de la quiebra de Indalo con la estrategia de patear el tablero. El 13 de junio, presentó un escrito en el que solicitó apartar a Cosentino de la causa “por un hecho muy grave: tener el juez interés en el pleito”, y dividir los concursos de las 28 empresas de Indalo para que tramiten en diferentes juzgados. Con este giro, los dueños de Indalo, de mínima, ganarían tiempo y, si tuvieran un improbable éxito, atomizarían el proceso y bloquearían el cobro de sus acreedores, entre ellos los trabajadores y la AFIP, que son privilegiados.
López y De Sousa se encuentran en prisión en el penal de Ezeiza dispuesta por la Cámara de Casación Federal en la causa por supuesto fraude contra el Estado, luego de que los empresarios pasaran el verano en la misma cárcel, fueran liberados el 16 de marzo y reingresaran intramuros pocas semanas después.
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La excarcelación de los dueños de Indalo por parte de la Cámara Federal, por entender que no había condena firme ni riesgo de fuga, generó una ofensiva fulminante del gobierno de Mauricio Macri. En cuestión de semanas, el Ejecutivo logró que los dos camaristas federales responsables de la liberación dejaran el cargo: Jorge Ballesteros se enfermó y anticipó su jubilación y Eduardo Farah pidió un traslado a otro fuero concedido en el acto. Así las cosas, Casación ordenó el regreso de la dupla a la cárcel.
En paralelo y con menos estridencias, avanzó el proceso de quiebra de Oil Combustibles -cuyo corazón es la histórica refinería de San Lorenzo- en el fuero comercial. Una deuda monumental de más de 15.000 millones de pesos, que incluye la apropiación planificada del impuesto a los combustibles, impidió un acuerdo con los acreedores e inhibió a gigantes como Trafigura, Shell, YPF, Vitol o Lukoil de realizar una oferta por la continuidad empresa. En la actualidad, YPF está a cargo de la operación de Oil Combustibles a cambio de un canon mensual de 3,5 millones de dólares y podría ser un interesado en la liquidación de los bienes, mucho menos onerosa que la compra antes de la quiebra.
Los veedores designados por Cosentino en Oil describieron un panorama desolador. Cero ingresos, quiebre de la cadena de pagos, 450 empleos directos en riesgo, grave riesgo ambiental, facturación potencial insuficiente para tan sólo evitar que se siguiera acumulando deuda… En contraste, los interventores detectaron honorarios y retiros millonarios de fondos, y una turbia actuación de los empresarios Santiago Dellatorre e Ignacio Rosner, supuestos compradores de Indalo en octubre pasado, quienes fueron desplazados en cuanto surgieron las aparentes irregularidades.
Con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en posición inflexible para cualquier negociación, Cosentino decretó la quiebra de Oil en mayo y atrajo a su juzgado todos los concursos presentados por Indalo. La gran mayoría de las 27 empresas, incluidos los medios de comunicación (C5N; las radios 10, Pop, Mega, One y Vale; Ámbito Financiero; Minuto Uno; Diario Registrado; entre otros), emprendimientos agropecuarios, inmobiliarios, constructoras, concesionarias viales, etcétera, tienen a Oil como accionista y/o le deben a la petrolera fondos multimillonarios, que Cosentino cifró en 6.020 millones de pesos.
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Esas firmas vienen echando trabajadores de a decenas, por lo que se supone que los despedidos estarán primeros en la fila a la hora de cobrar si se llevare a cabo la liquidación de los activos, lo que no implica el cierre de las empresas.
Altisonante tanto en los micrófonos como en el expediente, Fernández apuntó de lleno contra Cosentino. Lo acusó de “satisfacer los objetivos de persecución del Grupo Indalo exteriorizados por el Gobierno bajo la expectativa de… lograr un ascenso”, o que el juez comercial tomó las resoluciones “bajo amenaza de no llevar adelante un ascenso que se considera merecido”. “Nos hemos enterado hace poco que Vuestra Señoría participa de un concurso para ascender a juez de Cámara”, firmó incisivo el ex jefe de Gabinete. El concurso en cuestión es público.
El abogado de De Sousa y López también consideró que la atracción de todos los concursos en un juzgado “es una medida inédita en la jurisprudencia nacional” y detalló que la participación accionaria de Oil en varias de las empresas es minoritaria o incluso nula. El ex senador arriesgó en su acusación contra Cosentino que la intervención en las empresas de medios podría estar destinada a modificar la línea editorial y afectar la libertad de expresión.
Hasta ahora, la actuación del juzgado no implicó ningún cambio en la dirección periodística de los medios digitales, televisivos, gráficos y radiales de Indalo. Algo que quizás no fue tenido en cuenta por Fernández es que algunos de esos medios manejan una línea editorial mucho más afín al oficialismo que a la oposición, por disposición de los dueños de Indalo.
La representación legal de Oil en el expediente de la quiebra corría a cargo de Eduardo Favier Dubois. Este ex juez y abogado comercialista de los caros sigue en la causa, pero el ingreso de Fernández, que estaba abocado al juicio por fraude en el fuero federal que lleva el juez federal Julián Ercolini, supone un tinte más político.
El ex funcionario del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acompañó su presentación con una larga lista de declaraciones del presidente Macri o sus funcionarios del estilo “acá no hay más Cristóbal López que no pagan sus impuestos”, la liberación de los empresarios “es una tomadura de pelo”, y otras consideraciones de medios afines al Gobierno. También acusó a los jueces federales Claudio Bonadio y Ercolini (que actúan en otro fuero ajeno a la quiebra comercial) de hostigar a los dueños de Indalo con múltiples allanamientos.
Cosentino respondió el 15 de junio las 26 páginas de acusaciones de López y De Sousa con un escrito de cuatro carillas en el que manifestó no tener ningún interés particular en la causa y haber seguido los procedimientos del Código y la jurisprudencia para “cuidar el patrimonio de Oil”. Remarcó que sus actuaciones fueron ratificadas por la Cámara comercial cuando debió intervenir. El juez calificó las “amenazas” del Gobierno y la intención de “complacencia” para ascender a camarista como “meras especulaciones” y afirmó evitar la lectura de opiniones ajenas al expediente.
“No tienen nada, lo único que pueden llegar a ganar es tiempo hasta que se resuelva la recusación y con todas las maniobras que vendrán, lo cual es malo para las propias empresas y los acreedores; los pasos de Cosentino fueron mucho más rigurosos que los de Ercolini, diría que opuestos”, indicó una fuente que conoce al detalle ambos expedientes y no especialmente hostil contra los dueños de Indalo.
En la declaración de quiebra de Oil, Cosentino ordenó a los síndicos que presentaran un listado de bienes de los propietarios, directores y administradores que podrían haber sido adquiridos producto del vaciamiento de la empresa, lo que ampliaría el abanico de activos embargables.
A su vez, los expedientes de los concursos colaterales comenzaron a exponer mecánicas similares a las evidenciadas en Oil: retiros millonarios y asignación de sueldos exorbitantes a ejecutivos ingresantes en plena crisis. Al menos un síndico pidió explicaciones por una transferencia por decenas de millones de pesos equivalente a un monto de seis meses de facturación de la empresa cuyas cuentas audita, según un informe asentado en el expediente. La firma en cuestión produjo decenas de despidos en los últimos dos años y los trabajadores que permanecen cobran en cuotas, además de que no son abonadas las cargas sociales.
El pedido de recusación está siendo tratado por la Cámara comercial y derivo en un expediente que recayó en el juzgado de Marta Cirulli, la misma jueza a la que la fiscal Gabriel Boquín acusó de pretender homologar un acuerdo con un beneficio multimillonario para la familia Macri en la quiebra de la fallida empresa concesionaria del Correo Argentino.