Cuando el jueves pasado se daba por descontado que la CGT se encaminaba a anunciar el tercer paro contra el Gobierno de Cambiemos, el Ejecutivo primereó y le ofreció a la central avalar la reapertura de las negociaciones paritarias para reducir el ya inocultable desfasaje entre el techo del 15% fijado por el Ministerio de Trabajo y las proyecciones inflacionarias, que ya superan el 27% anual. La decisión, plasmada en el decreto 806 publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado, es, antes que un cambio normativo sustancial, una confesión de que la cartera a cargo de Jorge Triaca maneja de manera discrecional la homologación de los acuerdos entre trabajadores y empleadores.
En concreto, al mismo tiempo que aseguraba que las negociaciones paritarias son libres, el Gobierno sostuvo que autorizaba un incremento con un tope del 5% en los acuerdos salariales cerrado o en discusión, a razón de un 2,5% en julio y otro porcentaje igual en agosto.
Al respecto, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma, consideró que el decreto "no le otorga a los sindicatos ningún derecho que no tuvieran ni tampoco pone límites adicionales a los ya existentes".
"Si existe un acuerdo entre la partes, no hace falta esperar al momento de la cláusula de revisión dado que un incremento adicional se puede negociar en cualquier momento y por cualquier porcentaje. La novedad pasa por la creación de un 'procedimiento simple' para la homologación de los acuerdos, lo que da cuenta de que la homologación de aquellos que no las sigan estará más complicada", sostuvo Campos.
Frente a la oferta oficial, la CGT condicionó la convocatoria al paro al cumplimiento de un pliego de cinco puntos y estableció un compás de espera hasta el martes próximo. El reclamo consiste en la suspensión de despidos en el sector público y en el privado por seis meses, la reapertura de paritarias sin techo, la eliminación del pago de impuestos a la ganancias sobre los aguinaldos, la devolución de los fondos retenidos a las obras sociales sindicales y el compromiso que no se modifique la Ley de Contratos de Trabajo.
A esto hay que sumarle que, según publicó este lunes Ámbito Financiero, el Gobierno se comprometió a destrabar 6.000 millones de pesos de las obras sociales, como una primera muestra de buena voluntad a la CGT. La misma información sostiene que, ahora, el triunvirato, si bien no se bajó de la chance de llamar a un paro general, la amenaza se trasladó al menos hasta fin de mes.
La jugada oficial llevó al extremo la tensión entre las posturas que vienen confrontando en el último tiempo dentro del Consejo Directivo de la central. Por un lado, los gremios más numerosos vienen retrasando la convocatoria a una medida de fuerza nacional con la intención de no quedar asociados a movimientos desestabilizadores, una posición que se consolidó de la mano de la corrida financiera que sacudió la economia y puso en guardia el gobierno.
LA OTRA VEREDA. En una posición contraria está la constelación de gremios combativos o enfrentados a la actual conducción, que por las mismas razones de carácter económico insisten en la necesidad de llamar a un paro general.
La decisión del Consejo Directivo de conceder un plazo apuntó a tirarle la pelota al Gobierno, pero también a desmarcarse de la apurada que el mismo jueves lanzó Hugo Moyano convocando a un paro general de Camioneros para el jueves 14. Enemistados desde el tiempo que condujo la central, casi todos los sectores internos quieren desmarcarse del líder camionero.
La Corriente Federal, principal espacio opositor interno y aliado a Moyano en el movimiento 21F, sacó un duro documento en el que consideró "inadmisible" que la CGT plantee una agenda de cinco puntos "a todas vistas insuficiente para darle una solución a la crisis".
El sector que conduce el bancario Sergio Palazzo, que en el último Congreso de la central rechazó integrar la conducción, amplió el pliego de reivindicaciones gremiales y reclamó, además de un inmediato llamado al paro general, la declaración de la emergencia alimentaria, la suspensión del aumento de tarifas, el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario y la derogación de la reforma previsional.
A esto se suma la definición por parte de la CTA que conduce Hugo Yasky de realizar un paro el jueves 14 de junio, convocado bajo duras críticas contra la conducción cegetista. Inicialmente, la central que conduce el diputado del Frente para la Victoria (FPV) y dirigente docente había fijado la fecha del paro para el viernes 8, pero decidió postergarlo con la expectativa de que todas las centrales pudieran confluir en una única medida de fuerza. Postergada la definición de la CGT, la CTA anunció el cese de actividades para el jueves próximo.
Lo cierto es que las presiones internas sobre el triunvirato cegeteista no se limitan a las de la Corrientes Federal. Diez días atrás, en un encuentro en el que Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid recibieron a los secretarios generales de las regionales de la CGT, quienes llevaron un lapidario informe sobre la situación en las provincias, diagnóstico que estuvo acompañado por un aluvión de críticas a la inacción de la conducción. No casualmente, el secretario general de Luz y Fuerza de Chubut fue una de las voces más fuertes durante la última reunión de la cúpula sindical, el jueves pasado. El sindicalista advirtió que tanto la situación de su provincia como la del resto de las provincias patagónicas es desesperante, algo que también habían advertido los representantes gremiales de las regiones del norte y de Cuyo.
