La batalla entre los metrodelegados y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta suma un nuevo capítulo y actor: Metrovías unifica postura con el Gobierno de la Ciudad y reclama al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que declare al subterráneo como servicio público esencial.
La medida es considerada como “último recurso” por el jefe de Gobierno y sus asesores, pero la compañía del Grupo Roggio avanzó y, según pudo saber Letra P, ya tramitó el pedido ante la cartera laboral nacional. La embestida contra los metrodelegados, argumentada por el fallo de la Corte Suprema que los desafectó de la firma de la paritaria, también cuenta con el aval de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), adversario histórico del gremio que conducen Roberto “Beto” Pianelli y Néstor Segovia.
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De hecho, como publicó este medio, el alcalde tiene en carpeta la posibilidad de reclamar la declaración de servicio público esencial al transporte en subterráneo. El expediente ingresa al ministerio que conduce Triaca y debe ser analizado por la Comisión de Garantías para determinar la “esencialidad” o no del servicio. Ese cuerpo, de carácter independiente y creado por la Ley N°25.877 (ordenamiento del régimen laboral), entra en funciones “en el marco de un conflicto colectivo de trabajo” atravesado por medidas de fuerza.
La normativa es rigurosa en torno a qué servicios el Ministerio de Trabajo puede calificar de esenciales, pero abre la probabilidad de extender esa lista en caso de que la duración y extensión de la medida de fuerza ponga en riesgo “la vida, la salud o la seguridad de la población”.
La respuesta de Metrovías llega luego de las semanas de paro aleatorios por parte de los metrodelegados y la jornada de furia del 22 de mayo, cuando Rodríguez Larreta se “hartó” y decidió reprimir el corte de vías. Ese martes, los efectivos de seguridad detuvieron a Segovia y a once trabajadores más, en el marco de una riña sin control entre el Gobierno, la firma que opera el subte, la UTA y la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
La pérdida de la personería gremial, a manos de la Corte, dejó afuera de la mesa de negociación paritaria a los metrodelegados a mediados de marzo, cuando el Gobierno porteño negociaba con la UTA y Metrovías una paritaria cercana al 15%, en línea con el techo salarial exigido por el presidente Macri. Como consecuencia del fallo en mayoría del máximo tribunal, la UTA firmó el acuerdo en abril y en absoluta soledad y el incremento salarial se fijó respetando los topes que bajó Casa Rosada y en comodísimas cuotas: 5,7% hasta julio; otro 5,7% a partir de agosto; y un último 3,8%, a cobrar recién en enero de 2019.
Metrodelegados reclama la reincorporación a la discusión paritaria y el gobierno de Rodríguez Larreta, de buena relación con la UTA de Roberto Fernández, se atiene al fallo del máximo tribunal para rechazar ese pedido. En rigor, la medida judicial le quitó la personería gremial al gremio y le impide firmar convenios laborales.
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Los metrodelegados mantienen la personería jurídica que los habilita a sentarse en la mesa y a realizar huelgas, pero no tienen voto en la discusión de fondo: la cuestión salarial en un marco de inflación en ascenso. La decisión de avanzar con una ola de paros y apertura de molinetes iniciada por Pianelli y Segovia nace para exigir reapertura de paritarias bajo el telón de fondo del fallo de la CSJN.
Además, Metrovías pidió a Triaca que intime a metrodelegados a que “cese en las diversas conductas que viene desarrollando desde hace más de 40 días para entorpecer la normal prestación del servicio”.