El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta dijo basta. Este martes, “harto” –así lo describen sus asesores más cercanos- de los paros rotativos en el subterráneo porteño y aprovechando la situación de debilidad jurídica que padecen hoy los metrodelegados, decidió avanzar a fondo en su pulseada política, económica e ideológica contra el sindicato que conducen Roberto “Beto” Pianelli y Néstor Segovia. Una pulseada que cuenta con dos socios directos, la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) y el Grupo Roggio, propietario de Metrovías, y un verdugo: la Corte Suprema de Justicia.
El hartazgo nace por una multiplicidad de factores, pero hay dos que aceleraron la decisión de autorizar la intervención policial: la cantidad de paros en menos de tres semanas y el karma de las protestas en suelo porteño que no pudo controlar y que el propio Mauricio Macri se las reclamó más de una vez. La acumulación de piquetes colmaron la paciencia de Larreta. Además, y para profundizar la embestida, el alcalde ya negoció con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, la posibilidad de declarar al subte como servicio público esencial y forzar el funcionamiento del servicio para morigerar la huelga lanzada por los metrodelegados. Sin embargo, según pudo saber Letra P, sería el último camino a tomar por la Jefatura de Gobierno porteña.
En Uspallata 3160 creen que los detenidos serán liberados entre la noche del martes y la mañana deel miércoles y bajará la tensión con los trabajadores del subte, pero si se avanza con la declaración de servicio esencial el escenario podría recrudecer. Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Nación, la medida impacta y obliga a los trabajadores a garantizar el servicio. No obstante, los metrodelegados mantendrían su postura y el servicio sólo se llevaría a cabo por personal jerárquico vinculado a la UTA. El gremio que lidera Fernández está en minoría con respecto a los metrodelegados, por lo que podría ralentizarse la operación.
La cantidad de elementos de análisis que se entrecruzan en la riña entre el Gobierno y los metrodelegados, decisión de reprimir mediante, reserva un lugar destacado para el nuevo contrato del subterráneo. Durante el “road show” que protagonizó Larreta con empresarios europeos en 2016, la incógnita urticante era la misma para los alemanes, franceses o españoles: la situación sindical bajo tierra. El reclamo de “tranquilidad sindical” de las compañías extranjeras, según la visión que el Ejecutivo porteño quiere promocionar en el exterior, no condice con el escenario de conflicto permanente entre la UTA y la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP/Metrodelegados).
De acuerdo a los números de la gestión porteña, la Asociación que conducen Pianelli y Segovia está "desgastada". "Hay un fallo judicial que sostiene que no cuentan con incidencia en la paritaria. Tienen que manifestarse en la Corte Suprema no en las vías jodiendo a más de un millón de pasajeros", desafían en la administración larretista. Todas las fuentes consultadas confirmaron que la decisión de enviar a la Policía a ponerle fin al corte de vías emanó directamente de la voz de Rodríguez Larreta, que semanas atrás reconoció en público estar “hinchado las pelotas” de las protestas.
La pérdida de la personería gremial, a manos de la Corte, dejó afuera de la mesa de negociación paritaria a los metrodelegados a mediados de marzo, cuando el Gobierno porteño negociaba con la UTA y Metrovías una paritaria cercana al 15%, en línea con el techo salarial exigido por el presidente Macri. Como consecuencia del fallo en mayoría del máximo tribunal, la UTA firmó el acuerdo en abril y en absoluta soledad y el incremento salarial se fijó respetando los topes que bajó Casa Rosada y en comodísimas cuotas: 5,7% hasta julio; otro 5,7% a partir de agosto; y un último 3,8%, a cobrar recién en enero de 2019.
Ante los paros rotativos en el subte, el Gobierno porteño, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), activó, en acuerdo con Metrovías, un operativo de emergencia. Funcionó en las huelgas de las otras líneas, pero este martes la paz se quebró. El esquema de emergencia tiene dos actores clave: la Policía de la Ciudad y el personal jerárquico del subterráneo. El cuerpo de seguridad garantiza el trabajo de los empleados de Metrovías, que también cuentan con carnet para conducir los coches.
El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, confirmó todo este esquema de sociedades y actores claves en el camino que, en los deseos del Ejecutivo porteño, concluye con la extinción de los metrodelegados.
“Reclaman negociar paritarias, cosa que no pueden hacer. Eso le corresponde a un gremio, que es la UTA, y que ya ha llegado a un acuerdo”, arrancó el funcionario de confianza de Larreta. Y completó: “Fue la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos, la que les falló en contra (a los metrodelegados) y les dijo que no pueden discutir paritarias. Y cuando la Corte les dijo eso a ellos, nos lo dijo también a nosotros”.
No solo eso. Miguel adelantó que la Ciudad está "entrenando" trabajadores para conducir los trenes cuando los metrodelegados hagan paro. En síntesis, el Gobierno se apega al fallo del máximo tribunal para no convocarlos y desestimar su reclamo. La palabra de la Corte es clara: los metrodelegados no pueden firmar acuerdos salariales. La personería jurídica los habilita a discutir y no a rubricar. Esta situación burocrática simpatiza a los tres sectores: Estado, empresa y sindicato.
La compañía y la Jefatura de Gobierno coinciden y alientan la versión acerca de que los metrodelegados frenaron el servicio de emergencia a la fuerza, violando el artículo N°194 del Código Penal. Incluso, voceros del Gobierno porteño, hicieron circular un vídeo en donde se puede ver a manifestantes arrojar piedras a los efectivos policiales. La personería jurídica habilita a metrodelegados a realizar la huelga, pero el corte de vías en tres estaciones de la Línea H (Caseros, Las Heras y Once) bastó para que el Ejecutivo porteño pidiera asistencia a la fiscalía. Acto seguido, los efectivos policiales recibieron la orden de reprimir y detuvieron a 16 trabajadores que fueron imputados, siempre según la versión oficial, por los delitos de “atentado y resistencia a la autoridad”.
El comunicado de la UTA.
En paralelo a la batalla política y económica entre el PRO y los metrodelegados, existe una disputa sindical y otra laboral. Esas ramificaciones logran que el Gobierno, la UTA y Metrovías unan sus intereses.
Pero incluso este martes, cuando los principales referentes de los metrodelegados eran detenidos por la policía de Larreta después de ser reprimidos en los túneles del subterráneo, la UTA salió a desmarcarse de los palos de la Policía de la Ciudad. En un comunicado firmado por su histórico líder, Roberto Fernández, repudió “cualquier tipo de violencia” y avisó que “defenderá” a los trabajadores “para lograr la libertad de los detenidos”.
La firma que opera el subte porteño desde hace más de 20 años envió en los últimos días más de 100 telegramas con sanciones para trabajadores vinculados a metrodelegados. Más de noventa notificaciones se enviaron a personal con tutela gremial y requerirán sentencia judicial que habilite la aplicación de la suspensión. En tanto, cerca de 20 trabajadores sin tutela gremial fueron suspendidos directamente por la empresa del Grupo Roggio.
