En medio de la cuenta regresiva que le impuso al Gobierno el senador Miguel Angel Pichetto, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que le insistió sobre el proyecto alternativo que promueven junto al mandatario cordobés Juan Schiaretti para bajar el IVA del 21% a la mitad en las facturas de luz y electricidad y transferir a las Ciudad y Provincia de Buenos Aires el control de las empresas EDENOR y EDESUR. La insistencia de Urtubey con esa iniciativa retumbó en el despacho presidencial, cuando faltan pocas horas para que concluya el plazo de una semana establecido por el bloque de senadores de Argentina Federal, cuyo titular anunció que apoyará la media sanción del proyecto impulsado por la oposición si el Ejecutivo no presenta otra salida alternativa que no sea vetar la ley.
“Yo planteo una alternativa diferente. Se tiene que discutir en el Congreso, pero creemos que hay que bajar el IVA del 21% al 10,5%” para el consumo residencial, y “del 27% al 21% para las Pymes”, explicó el mandatario salteño, de estrecho diálogo con el Gobierno, cuando terminó su reunión con el Presidente.
La insistencia del salteño contrasta con la opinión de otros mandatarios provinciales que pidieron sacar ese punto del proyecto que fue aprobado en Diputados. Esa tensión forma parte de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con los senadores, aunque el punto central gira en torno al veto presidencial que anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en caso de que el proyecto que fue aprobado en Diputados también prospere en la Cámara Alta.
“No hablamos del veto, pero le planteamos al Presidente que nosotros tenemos una propuesta diferente a la media sanción y al no tratamiento. Hay que ayudar a que bajen las tarifas y una herramienta idónea es hacer esto: bajar el IVA y que la distribución (eléctrica) de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma sea igual que en cada una de las provincias”, argumentó Urtubey para defender la iniciativa que, entre los principales interlocutores peronistas del Gobierno, es una salida para evitar el veto presidencial, una posibilidad que cerca del Presidente aseguran que “está tomada”.
“Los gobernadores hemos conversado de todas las cuestiones que están sucediendo y coincidimos en la necesidad de aceptar el ofrecimiento para trabajar sobre un Gran Acuerdo Nacional para que la Argentina sea competitiva, y que la variable de ajuste no sea la obra pública, por eso hablamos sobre el proyecto de ley del Congreso”, remarcó el salteño respecto a los debates tarifarios que originalmente fueron desatados por las críticas del gobernador mendocino y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, antes de la corrida cambiaria que marcó la crisis financiera más álgida del Gobierno.
Ante la iniciativa oficial del acuerdo nacional, Urtubey opinó que debe incluir al kirchnerismo. “Un gran acuerdo es con todos, pero es la presidencia la que tiene que invitarlos a ellos. Tiene que ver con la responsabilidad que tenemos, porque yo no coincido en lo personal con lo que plantea el Gobierno, pero tenemos que generar instancias. Acá hay que hablar, las cosas no se resuelven sin diálogo”, sostuvo.
Ante las consultas sobre las negociaciones que inició el Gobierno con el FMI para obtener un nuevo endeudamiento para afrontar la crisis financiera, Urtubey fue tajante: “Yo no hubiese acudido al fondo, pero tiene que ver con un mecanismo que hasta lo que sabemos no tiene condicionamientos, pero esto es una responsabilidad del gobierno”, atajó el cacique peronista.
Detrás de la estrategia oficial del “veto presidencial irreductible” para ratificar el tarifazo, un sector del Gobierno apuesta a ganar tiempo para encontrar una salida alternativa. Una muestra de esta estrategia la aportó Urtubey, que confirmó que este martes no asistirán los gobernadores a la sesión del Senado. “Mañana (por el martes) estarán nuestros ministros de Energía para seguir analizando posibilidades”, confió, aunque no ocultó sus expectativas para que prospere su proyecto para reducir el IVA que promueve junto a Schiaretti.
Los pronósticos no coinciden con la lectura que se respira en la Cámara alta sobre la inminente sanción del texto opositor que incomoda al Gobierno, atravesado por debates internos sobre afrontar los costos políticos del veto o ganar más tiempo.
ESCRACHE DE GREENPEACE. Luego de una hora de reunión con el Presidente, Urtubey decidió hablar con la prensa en el portón de acceso a la Casa Rosada, ubicado en Balcarce 24. Cuando comenzó a contestar las preguntas, un grupo de activistas de la ONG Greenpeace puso sobre la cabeza del gobernador dos carteles amarillos que decían: "Urtubey: No Al Indulto", con el hashtag "DestruirBosquesEsUnCrimen". No se inmutó, pero los militantes ambientalistas lograron instalar su acusación contra la administración salteña, cuestionada por diseñar un presunto indulto a las empresas que realizan desmontes de bosques en el norte de esa provincia.
Antes de realizar su intervención pública, Greenpeace denunció mediante un comunicado que “con la colaboración de las asociaciones de grandes productores agropecuarios, (Urtubey prepara) una legalización de los desmontes que infringen la Ley de Bosques”. La comunicación fue difundida para repudiar el acuerdo entre Urtubey y el ministro de Ambiente Sergio Bergman que la semana pasada definieron "revisar" la suspensión de desmontes en 32 lotes de esa provincia. El pacto oficial encendió mas luces de alarma entre los ambientalistas que consideraron "insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron”, en referencia a un acuerdo firmado "con la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO, y la Federación de Entidades Rurales Salteñas”.