REFORMA LABORAL

El Gobierno va a fondo para abaratar los despidos

Después del fracaso legislativo de diciembre, se esperaba que se conformara con plantear los temas menos sensibles. Pero el proyecto enviado al Senado incluye la reducción de las indemnizaciones.

Contrariamente a lo que se esperaba, el Gobierno planteará uno de los temas más polémicos de su agenda de reforma laboral en el proyecto de ley que anunció el viernes: el recálculo, a la baja, de las indemnizaciones por despido sin causa.

 

El tema se sumará así a otros tres ejes, considerados “blandos”, como son el proyectado blanqueo laboral, el establecimiento de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud. 

 

Según dijo este domingo el diario La Nación, el proyecto excluye del cálculo para el pago de indemnizaciones por despido "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”.

 

Siempre según ese diario, en el Ministerio de Trabajo señalaron que la reforma de ese punto polémico busca "evitar discrecionalidad en el cálculo, en el que muchas veces se generan distorsiones e imprevisibilidad a la hora de tomar nuevos trabajadores".

 

En una decisión que tomó por sorpresa a la Confederación General del Trabajo (CGT), se propone, como alternativa a las indemnizaciones, la creación de un fondo de cese laboral al que aportarán solamente los empleadores y que se constituiría a través de un convenio colectivo, es decir contando con la aceptación de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El modelo, afirman en el Gobierno, sigue a lo que ocurre en el sector de la construcción.

 

 

El Senado tiene previsto abrir en comisión en los próximos días el debate de la reforma, remitida el viernes por el Poder Ejecutivo.

 

Las propuestas estaban incluidas en el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a fines del año pasado en el Congreso a raíz de los fuertes cuestionamientos que recibió por parte de la oposición y organizaciones sindicales.

 

Ahora, el Gobierno insistirá con algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres proyectos de ley, que fueron enviados al Senado y que serían girados a la comisión de Trabajo. Se espera que el tratamiento del tema llegue al recinto en mayo o junio.

 

En lo que respecta a la regularización de trabajadores no registrados, se establece la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral. En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados. 

 

El proyecto plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley. 

 

El proyecto indica que "podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial”. 

 

En tanto que el demandado "se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos”.

 

También se prevé la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.

 

El segundo aspecto del proyecto establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en Empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas.

 

El artículo 16 determina que la duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en general en los Convenios Colectivos de Trabajo y en particular en el convenio de Práctica Formativa, en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales. 

 

La iniciativa propone que "los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo". 

 

"Esta asignación se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa", consigna el proyecto. 

 

El último punto crea la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.

 

Competerá a la AGNET la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.

 

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