Mientras resuenan las voces críticas por la reciente fusión de planes sociales, el Gobierno aplicará un mecanismo de “monitoreo” y “evaluación” de estos programas bajo la órbita de la cartera de Desarrollo Social con el objetivo de analizar “la correcta aplicación de los fondos públicos asignados a los mismos”. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, es rubricada por presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra del área, Carolina Stanley.
Asimismo, se argumenta que la medida es necesaria ya que “el diseño e implementación de políticas sociales exige la disponibilidad de información y la posibilidad de realizar análisis técnicos para evaluar su impacto y mejora en la toma de decisiones; por lo que deviene necesario la institucionalización de un espacio de gestión que contribuya a la articulación de las diversas áreas de Gobierno que administran datos para mejorar su disponibilidad, gestión y análisis”.
Y se añade: “Resulta necesario establecer el continuo monitoreo y la evaluación de políticas, programas, planes y proyectos con impacto social como una política imprescindible del Estado tendiente al cumplimiento de sus metas y resultados, como así también la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos”.
Este seguimiento de cerca a la marcha de los programas sociales se da en un contexto de reciente fusión de planes destinados a los sectores más vulnerables de la población, medida que enciende las luces de alerta de investigadores sociales y dirigentes políticos que ven en esta determinación un creciente retiro del Estado en estas áreas sensibles de la población.
El “Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales” será elaborado y ejecutado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el cual “propondrá las políticas, programas, planes y proyectos sociales a ser monitoreados y evaluados, y establecerá su periodicidad, los criterios y lineamientos metodológicos y demás procedimientos esenciales para la correcta ejecución del plan anual de monitoreo y evaluación de políticas y programas sociales”.
En uno de los artículos del Decreto 292/2018 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se estableces que “los organismos y entidades que tramiten, otorguen, liquiden y/o paguen programas nacionales, pensiones no contributivas, becas, jubilaciones y pensiones, tarifas sociales, subisidios y/o cualquier otro beneficio o prestación cuya fuente de financiamiento provenga de aportes o de fondos del Estado Nacional o de Organismos internacionales deberán:
a. con carácter previo a su otorgamiento, integrar e intercambiar la información de postulantes o solicitantes con las bases de datos coordinadas en la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin perjuicio de los derechos que le asisten a los titulares del dato personal.
b. Integrar la información de los beneficiarios o titulares de los mencionados beneficios a los sistemas de identificación e información coordinados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con los alcances y limitaciones establecidos en la Ley N° 25.326.