El efecto del caso Valentín Díaz Gilligan rompe la frontera del Estado Nacional y llega a la Ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo porteño quiere modificar la ley de Ética Pública para prohibir que los funcionarios locales tengan firmas offshore y dinero depositado en ciudades o países denominados “paraísos fiscales”.
El proyecto fue presentado por el diputado Leandro Santoro y cuenta con el acompañamiento de todos sus compañeros del bloque Unidad Ciudadana, que conduce Carlos Tomada. En rigor, la iniciativa es similar a la presentada por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación.
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“Hoy presentamos un proyecto de ley para ponerle un freno al festival de sociedades off shore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el Gobierno de Cambiemos”, resaltó la ex mandataria días atrás. En ese sentido, agregó: “La mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers”.
Hasta ahora, ningún funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ha sido involucrado en la red de dirigentes políticos, empresarios y deportistas con dinero y empresas offshore radicadas en paraísos fiscales. La iniciativa de Santoro va en consonancia con lo propuesto por CFK y nace bajo el calor del escándalo del ex subsecretario General de la Presidencia Díaz Gilligan, que debió renunciar a su cargo tras conocerse que había ocultado millones en un banco de Andorra, según publicó el diario español El País.
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El expediente. La modificación propuesta por el kirchnerismo reclama que el alcance de las incompatibilidades e inhabilidades para ejercer un cargo porteño incluya la dirección, administración, representación, patrocinio o tener “algún tipo de participación en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otra estructura forma jurídica constituida en el exterior”.
“Y que se encuentre radicada o ubicada en países, dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, entendiendo por ellos como aquellos que disponga la Administración Federal de Ingresos Publico (AFIP)”, agrega. Esa lista de territorios donde proliferan las firmas offshore están marcadas en el Decreto N°589 del 2013 y la Resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) N° 3576 de fecha 31 de diciembre de 2013, según advierte la iniciativa.
A su vez, estarían inhabilitados de ocupar cargos públicos en la Ciudad quienes posean dinero o abran sociedades en jurisdicciones o países “no colaboradores en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo”, como los que identifica el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como “países con deficiencias anti lavado”.
El proyecto también reclama incorporar la prohibición de “adquirir o mantener títulos valores privados al portador” radicados en los lugares antes descriptos. Lo mismo para la posesión de depósitos en bancos u otras entidades financieras que se encuentren en esos territorios.
Además, se pide que se comprenda como “inhabilidades” a “aquellas situaciones en conflicto que sean preexistentes a la asunción del cargo público e impidan su ejercicio” y “por incompatibilidades a las situaciones surgidas durante el ejercicio de la función pública”.