Una primera idea. Según los casos más resonantes que involucran a bancos de inversión y delegaciones de Banca Privada (oficinas armadas sólo para facilitar esquemas de fuga y evasión de capitales), la gran mayoría de los empresarios argentinos tuvo o tiene dinero en el exterior, radicado en cuentas abiertas en paraísos fiscales o locaciones del mundo de baja tributación. Siendo el de Cambiemos un gobierno que tiene raíces en el sector privado, no es extraño que muchos de sus funcionarios de primera, segunda y tercera líneas hayan accedido alguna vez a este tipo de negocios. El caso de la renuncia sugerida de Valentín Díaz Gilligan, un funcionario de Presidencia que, según el propio Ejecutivo, ni siquiera conocía el presidente de la Nación, se inscribe dentro de esta lógica, pero con algunas particularidades y peligros políticos que pueden ser un boomerang para los propios estrategas oficiales que dijeron que era hora de quemar un fusible para evitar una catástrofe mayor.
Díaz Gilligan cometió un pecado común en el Gobierno: no declaró una cuenta de 1,2 millón de dólares radicada en Andorra, en la que –según su propia declaración pública- participaba favoreciendo el manejo de dinero de Paco Casal, un empresario vinculado a los negocios del fútbol. En la constelación ministerial de Cambiemos, el corrimiento de Díaz Gilligan es más un problema serio a futuro que una movida inteligente de los cerebros políticos de Balcarce 50. Mauricio Macri fue investigado globalmente por cuentas offshore en el caso Panamá Papers; el ministro de Finanzas, Luis Caputo, hizo lo mismo que Díaz Gilligan pero en volúmenes infinitamente superiores y con un plus. Según la investigación que publicó el diario Perfil, nunca hubo una persona física vinculada a su sociedad offshore. Es casi una operación emblema de los manejos de fondos en paraísos fiscales. Tiene prestanombres, no hay responsables, ni se sabe con mucha precisión para qué se usó el dinero en el exterior.
El Gobierno y aquellos que tienen cuentas afuera tiene algo a su favor: la ley que debería terminar condenando estas maniobras como delitos económicos es tan interpretativa que habilita el escapismo sencillo de los involucrados. Lo explicó a Letra P Agustín Carrara, titular del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), una de las organizaciones que trabaja para buscar soluciones a una pandemia global que desfinancia a los estados. El especialista asegura que, en Argentina, la elusión impositiva no es considerada evasión, lo que hace que la Justicia no avance. Técnicamente, elusión es el abuso de las herramientas que da la ley para hacer algo determinado, que no es el fin para el cual la norma fue creada. La evasión, en tanto, es engañar para pagar menos impuestos.
Para Carrara, la elusión es evasión, porque, en realidad, lo que debe medirse no es si es legal la constitución de una sociedad offshore, sino para qué se usó esa compañía. Un informe detallado del Cefid-Ar, organismo que se nutría de información bancaria para avanzar en esta problemática, cita jurisprudencia de los Estados Unidos en la que se observa un giro, que propone saber para qué se usan las firmas, más que ver si son legales. Uno de los casos más resonantes es de la triangulación de futbolistas, previo paso por países en los que nunca juegan. El caso más cercano, el de Uruguay.
“Hay ocasiones en las cuales las renuncias o las ventas de acciones se hacen más por el parecer, por el qué dirán, que por la necesidad de hacerlo”, detalla. Uno de esos casos es el del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Al ex Shell, propietario de acciones de la petrolera angloholandesa luego de sus años como CEO, la Oficina Anticorrupción (OA) de Laura Alonso le recomendó vender sus participaciones pero le aclaró que no existía conflicto de interés.
En este contexto, el caso de Díaz Gilligan es casi como la detención de un niño que sustrae ilegalmente un caramelo, mientras otros por detrás cometen irregularidades mayores sin mayor problema. Por estas horas, en la filas de los sabuesos de la Coalición Cívica que persiguieron con éxito a los delitos económicos del kirchnerismo, hay confusión respecto al tema. Es que la vara quedó muy alta, casi en vano. Lo que inicialmente pudo entenderse como una rápida salida del paso, puede redundar en cuestionamientos a mandos más altos, que serán un problema político para la gestión Cambiemos. Un dato último: la preocupación en el Gabinete es creciente, porque no son pocos los que están en una situación similar que Díaz Gilligan. A algunos, aún, los ampara el secreto bancario de los países que no abrieron las bases de información. Una certeza: la mano más firme en el corrimiento de Gilligan fue Paula Olivetto, el brazo ejecutor de corruptos de Elisa Carrió. Es el ala más dura que denuncia lo que ellos mismo llaman, a la italiana, Omertá. El capitulo promete continuar.
