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Justicia por mano PROpia

Justicia por mano PROpia

17/02/2018 10:47

El Gobierno demostró este viernes que no está dispuesto a ceder en su defensa enérgica del policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un joven de 18 años que huía desarmado a tres cuadras de donde había asaltado y apuñalado a un turista. Sostendrá, hasta el final, su decisión de hacer justicia por mano PROpia.

Por una mezcla de convicción/pulsión ideológica y presuntos mandatos populares decodificados en mesas de focus groups, el presidente Mauricio Macri y su mano dura, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, absolvieron, en juicio abreviado ventilado en los tribunales de Balcarce 50, al agente de la Policía local de Avellaneda. Y el jefe del Estado lo recibió en su despacho para exponerlo ante la sociedad como héroe y ejemplo de compromiso. Lo hizo a pesar del procesamiento que había dictado el juez de la Justicia, que había considerado que el policía se había excedido en el ejercicio de su legítima defensa.

El gesto presidencial desató un dominó de cuestionamientos políticos y críticas de juristas reconocidos de diferentes extracciones. “Un juez penal con competencia y dotado de facultades constitucionales para eso había decidido el procesamiento del policía; no era el mejor caso como para poner de relieve una acción heroica”, le dijo León Arslanián a Letra P. Y hasta Ricardo Gil Lavedra, radical de la UCR que integra la alianza Cambiemos y asesor del ministro de Justicia, Germán Garavano, desacreditó la “nueva doctrina” que el Gobierno busca plasmar en el Código Penal a través de la introducción del concepto de “presunción de legalidad” en el accionar de los miembros de las fuerzas de seguridad. La invención de Bullrich choca con la Constitución, advirtió el ex camarista, que coordina el programa oficial Justicia 2020. Y amplió: “La policía debe actuar dentro de sus instituciones, no se debe salir de sus funciones. Establecer que en todos los casos actúa legítimamente no se condice con” la Carta Magna.

 

 

Este viernes, se conoció la confirmación del procesamiento de Chocobar. O sea, el procesamiento dejó de ser una medida sospechosa por haber sido dictada por un juez de probidad floja de papeles, como hizo instalar rápidamente el Gobierno a través de eficaces operaciones de prensa. Ahora, hay dos instancias de la Justicia de la República que Cambiemos venía a rescatar de los atropellos de tiempos que mejor ni mencionar que evalúan los tiros de Chocobar como una acción abusiva del poder del Estado que el policía encarna. (Dato que no debería derretirse en la hoguera mediática de las distorsiones/omisiones: Chocobar es un ser humano falible, como todos, pero es, cuando empuña, levanta y dispara su arma reglamentaria, el Estado en ejercicio del monopolio de la fuerza y, como tal, su desempeño debe ser juzgado con mano dura).

Los jueces de la Sala VI de la Cámara del Crimen de la Justicia que en la era DC (Después del Cambio) iba a ser respetada para que pudiera ser independiente de veras consideraron que Chocobar actuó correctamente en el inicio de los hechos, pero pusieron bajo la lupa el desenlace de la persecución, que deberá ser discutido en juicio oral y público.

“Chocobar intervino porque debía hacerlo, máximo si se tiene en cuenta que el episodio se desarrolló mientras se dirigía a cumplir su función. Lo hizo inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior", resolvieron los magistrados que se habían ilusionado con trabajar sin presiones como las que, seguro, recibieron en los tiempos que más vale ni recordar.

Pero no coincidieron con su subordinado de primera instancia en el encuadramiento de la investigación: en vez de exceso en la legítima defensa, caratularon el expediente como exceso en el cumplimiento del deber. En criollo: los tiros que dieron muerte al ladrón no fueron disparados para repeler una agresión, sino en posición de ataque.

Una duda lícita irrumpe como un rayo: ¿serán, estos jueces de la sala VI de la Cámara del Crimen, referentes duros de Justicia Legítima? ¿Serán topos K operando bajo tierra para desestabilizar al Gobierno desde el Poder Judicial? Los que conocen a Rodolfo Pociello Argerich, Mario Filozof y Marcelo Lucini los ubican justo justo en las antípodas. Y recuerdan que le dieron al presidente Macri motivos para celebrar cuando giraron la causa por la muerte de Alberto NIsman de la justicia ordinaria al fuero federal, como esperaba la Casa Rosada, y dos de ellos -Lucini y Pociello Argerich- sostuvieron que “es plausible” la hipótesis del homicidio del ex fiscal.

 

 

Al Gobierno todo esto no le alcanzó. Ni el procesamiento en primera instancia ni las opiniones de juristas extraños y propios. Tampoco, la confirmación del procesamiento por parte de un tribunal de alzada. No. Como un jugador de truco envalentonado por tener cartas que cree ganadoras -o como uno que, a pesar de no tener ni un ancho falso, sube las apuestas para amedrentar al contrincante-, la Casa Rosada le cantó el re truco a la Justicia de la República refundada.

“Cuidar a la gente implica, además, cuidar a quienes nos cuidan”, repitió Bullrich el libreto ya ajado de tanto uso intensivo. Y quiso matar el 7 de espadas de la Cámara del Crimen con un caballo: “Chocobar actuó luego de que una persona fuera atacada a cuchillazos, haciendo cesar el delito e impidiendo que se genere (sic) más violencia. Apoyamos a él y a todos los policías que actúan según su deber”, dejó por escrito en su cuenta de Twitter.

El Gobierno se aferra a un diálogo de sordos. La Justicia había advertido: los disparos letales de Chocobar fueron a destiempo. Y el Gobierno había dicho para justificarlos: el asaltante había apuñalado a un hombre. La Justicia insiste ahora: el policía disparó tres cuadras después de que el asaltante apuñalara a un hombre. Y el Gobierno insiste: el asaltante había apuñalado a un hombre.

 

 

Se sabe: los focus grupos mandan y moldean la comunicación oficial. Más, en tiempos de vacas flacas y noticias malas. Y -sin llegar al clamor por la pena de muerte inventado por el asesor Durán Barba- los estudios que le acercan al primer ministro Marcos Peña reflejan una demanda social de firmeza con el delito que en la era DC iba a perder peso. Pero, como escribió Diego Genoud en su nota reciente titulada “Focuscracia”, en este asunto manda con mano dura la convicción.

“Cuidar a la gente implica, además, cuidar a los que nos cuidan”. Ahí está la pulsión ideológica dominante.

Se sabe: la vida es el bien superior que debe proteger el Estado. No dice, en ningún lado, que haya vidas que deban ser protegidas y otras que no. No hay ley alguna que categorice las vidas. No hay, para el Derecho del Estado de Derecho de la República recuperada, vidas que valen la pena y otras que no.

Pero la Justicia por mano PROpia que ejercen -armados hasta los dientes con los fierros de la maquinaria mediática militante- el presidente Macri y la ministra Bullrich se da sus propias normas no escritas y hace eso: categoriza las vidas. Hay algunas, para ellos, que no deben ser cuidadas. Que no entran en el universo “la gente” que hay que cuidar. No aplican para integrar el colectivo “nos” que debe ser protegido por las fuerzas de seguridad. Como el ladrón atentó contra una vida tres cuadras antes, la de él -que era una tragedia en sí misma de la que el Estado debería hacerse cargo- ya no merecía ser cuidada por el Estado. Se justifica, entonces, que el policía Chocobar renunciara a su obligación de proteger las vidas de todos y frenara la huída del ladrón con una ráfaga de disparos por la espalda.

El problema -que, evidentemente, no es tal cosa para la Justicia por mano PROpia- es que la muerte no reconoce instancias de apelación.