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Luego de que Carrió le volteara la de financiamiento electoral, las falencias técnicas del plan anti barras de Bullrich postergaron su tratamiento para el 18 y recién llegaría al Senado en 2019.
Por 06/12/2018 20:21

La última chance para que el Poder Ejecutivo pudiera mostrar antes de fin de año una de las leyes más relevantes que Mauricio Macri le pidió al Congreso en sesiones extraordinarias se terminó de esfumar este jueves, en plena sesión, cuando por acuerdo de todos los bloques se decidió postergar para el 18 de diciembre el tratamiento en el recinto de la ley contra las barras bravas, que recién llegaría al Senado en 2019. Esa resolución conjunta se sumó al rechazo a la ley de financiamiento de los partidos políticos, encabezada por Lilita Carrió, que forzó a patear para marzo la discusión sobre el otro proyecto insignia de la Rosada.

Los diputados del oficialismo y la oposición trabajaron durante todo el jueves para tratar de destrabar el tratamiento del proyecto contra los barras, que para entonces ya tenía decenas de modificaciones aportadas por todos los bloques. En el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, escuchó las propuestas de las massistas Carla Pitiot y Vanesa Masettani, los aportes de Paula Oliveto (Coalición Cívica), aceptó los cambios pedidos por Facundo Moyano y la introducción de un capítulo sobre prevención que presentó el Frente para la Victoria a través de Daniel Scioli y Adrián Grana.

 

 

Pero la discusión no se pudo destrabar, pese a que al mediodía el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes, que presiden Burgos y Scioli, respectivamente, habían logrado sacar despacho. El dictamen, sin embargo, tenía tantas firmas en disidencia como apoyos -una rareza en el trámite habitual– pero los diputados decidieron firmarlo para poder incluirlo en el temario de la sesión y seguir discutiendo fuera del recinto para tratar de ajustar el texto.

Pero pese a la buena voluntad, el avance fue imposible. “Se empiojó todo, todos metieron modificaciones que incluso se contradecían entre sí. Es imposible llevar un proyecto en estas condiciones al recinto”, se lamentaba un diputado de Cambiemos que intentó hasta último momento salvar la votación.

En los pasillos de diputados, un referente oficialista explicaba las razones por las cuales el debate estaba destinado a fracasar. “Mandan una ley de esta envergadura, que modifica el Código Penal, crea figuras penales nuevas, aumenta las escalas y pretenden que la saquemos en 48 horas. Es imposible”, le explicaba a Letra P. Mientras, referentes de otros bloques criticaban el apuro presidencial, explicado solamente en el "mero oportunismo" político. "Todos sabemos que esto no sirve para nada, no va a solucionar nada. Aunque lo vamos a votar", decía un diputado peronista. 

 

 

En efecto, el proyecto anunciado con bombos y platillos por el Presidente generó resistencia en el Congreso desde el momento en que fue enviado por el Ejecutivo. Una comisión de diputados encabezada por Burgos, Juan Manuel Lopez (Coalición Cívica), Héctor Baldassi (PRO), Luis Petri (UCR) y Silvia Lospennato (PRO) les advirtió el martes al mediodía a los funcionarios del Ministerio de Seguridad que el proyecto tenía varias inconsistencias, no respetaba el principio de proporcionalidad e incluía conceptos “vagos”, como la referencia a las “inmediaciones” del estadio y a los tiempos “antes, durante o después” del espectáculo deportivo. El Ministerio insistió en la redacción hasta que se topó con la resistencia de los diputados, ya en el Palacio Legislativo, el mismo martes por la tarde. Para ese entonces, los integrantes de la Coalición Cívica, buena parte del radicalismo y del PRO se negaban a votar la ley.

El Ejecutivo empezó a ceder y el oficialismo empezó a trabajar en la búsqueda de consensos con la oposición, algo que estuvo cerca de lograrse el jueves durante la sesión. Más allá de la coincidencia de todos los bloques en la necesidad de avanzar en la aprobación de la ley, el debate se empantanó en cuestiones técnicas. “No podemos sacar algo así a las apuradas y mandarlo al Senado para que después los senadores digan que hicimos un mamarracho”, apuntó un diputado del oficialismo.

 

 

En ese contexto, mientras el recinto avanzaba en el debate de otros proyectos, Emilio Monzó anunció el acuerdo general para pasar el tratamiento de la ley contra los barras para el 18 de diciembre. La fecha no fue elegida al azar. Para tener quórum y aprobar la iniciativa, el oficialismo necesita en gran medida del interbloque Argentina Federal. Los diputados de ese espacio, en su mayoría del interior del país, estarán esa semana en Buenos Aires para el encuentro del espacio Alternativa Federal que se celebrará en Costa Salguero el 19 de diciembre. De todas formas, el oficialismo cuenta también con el compromiso del bloque del Frente para la Victoria (FPV) para asistir a la sesión. “El proyecto va a salir con mucho consenso, va a tener el apoyo de todos. Y va a tener mucho más legitimidad así”, afirmó un referente de Cambiemos acostumbrado a tender puentes con la oposición para construir mayorías.

De aprobarse el proyecto en el recinto el 18, es prácticamente un hecho que la discusión en el Senado se pasará para 2019, ya que el período de sesiones extraordinarias vence el 21 de diciembre y la Cámara alta no le dará tratamiento exprés. De esta forma, el Ejecutivo verá frustrado su deseo de anunciar antes de fin de año la sanción de la ley que el Presidente impulsó como reacción frente al papelón internacional del Superclásico, que este fin de semana se jugará en España.

Junto a la ley de barras, el otro proyecto que quedará para el año próximo en el Congreso será la ley de financiamiento de los partidos políticos, otra iniciativa impulsada por Macri que encontró su límite dentro de su propio espacio, con el freno irrestricto que le impuso Carrió.

Jaque mate para Macri: terminará el año sin las dos leyes que pidió

Luego de que Carrió le volteara la de financiamiento electoral, las falencias técnicas del plan anti barras de Bullrich postergaron su tratamiento para el 18 y recién llegaría al Senado en 2019.

La última chance para que el Poder Ejecutivo pudiera mostrar antes de fin de año una de las leyes más relevantes que Mauricio Macri le pidió al Congreso en sesiones extraordinarias se terminó de esfumar este jueves, en plena sesión, cuando por acuerdo de todos los bloques se decidió postergar para el 18 de diciembre el tratamiento en el recinto de la ley contra las barras bravas, que recién llegaría al Senado en 2019. Esa resolución conjunta se sumó al rechazo a la ley de financiamiento de los partidos políticos, encabezada por Lilita Carrió, que forzó a patear para marzo la discusión sobre el otro proyecto insignia de la Rosada.

Los diputados del oficialismo y la oposición trabajaron durante todo el jueves para tratar de destrabar el tratamiento del proyecto contra los barras, que para entonces ya tenía decenas de modificaciones aportadas por todos los bloques. En el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, escuchó las propuestas de las massistas Carla Pitiot y Vanesa Masettani, los aportes de Paula Oliveto (Coalición Cívica), aceptó los cambios pedidos por Facundo Moyano y la introducción de un capítulo sobre prevención que presentó el Frente para la Victoria a través de Daniel Scioli y Adrián Grana.

 

 

Pero la discusión no se pudo destrabar, pese a que al mediodía el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes, que presiden Burgos y Scioli, respectivamente, habían logrado sacar despacho. El dictamen, sin embargo, tenía tantas firmas en disidencia como apoyos -una rareza en el trámite habitual– pero los diputados decidieron firmarlo para poder incluirlo en el temario de la sesión y seguir discutiendo fuera del recinto para tratar de ajustar el texto.

Pero pese a la buena voluntad, el avance fue imposible. “Se empiojó todo, todos metieron modificaciones que incluso se contradecían entre sí. Es imposible llevar un proyecto en estas condiciones al recinto”, se lamentaba un diputado de Cambiemos que intentó hasta último momento salvar la votación.

En los pasillos de diputados, un referente oficialista explicaba las razones por las cuales el debate estaba destinado a fracasar. “Mandan una ley de esta envergadura, que modifica el Código Penal, crea figuras penales nuevas, aumenta las escalas y pretenden que la saquemos en 48 horas. Es imposible”, le explicaba a Letra P. Mientras, referentes de otros bloques criticaban el apuro presidencial, explicado solamente en el "mero oportunismo" político. "Todos sabemos que esto no sirve para nada, no va a solucionar nada. Aunque lo vamos a votar", decía un diputado peronista. 

 

 

En efecto, el proyecto anunciado con bombos y platillos por el Presidente generó resistencia en el Congreso desde el momento en que fue enviado por el Ejecutivo. Una comisión de diputados encabezada por Burgos, Juan Manuel Lopez (Coalición Cívica), Héctor Baldassi (PRO), Luis Petri (UCR) y Silvia Lospennato (PRO) les advirtió el martes al mediodía a los funcionarios del Ministerio de Seguridad que el proyecto tenía varias inconsistencias, no respetaba el principio de proporcionalidad e incluía conceptos “vagos”, como la referencia a las “inmediaciones” del estadio y a los tiempos “antes, durante o después” del espectáculo deportivo. El Ministerio insistió en la redacción hasta que se topó con la resistencia de los diputados, ya en el Palacio Legislativo, el mismo martes por la tarde. Para ese entonces, los integrantes de la Coalición Cívica, buena parte del radicalismo y del PRO se negaban a votar la ley.

El Ejecutivo empezó a ceder y el oficialismo empezó a trabajar en la búsqueda de consensos con la oposición, algo que estuvo cerca de lograrse el jueves durante la sesión. Más allá de la coincidencia de todos los bloques en la necesidad de avanzar en la aprobación de la ley, el debate se empantanó en cuestiones técnicas. “No podemos sacar algo así a las apuradas y mandarlo al Senado para que después los senadores digan que hicimos un mamarracho”, apuntó un diputado del oficialismo.

 

 

En ese contexto, mientras el recinto avanzaba en el debate de otros proyectos, Emilio Monzó anunció el acuerdo general para pasar el tratamiento de la ley contra los barras para el 18 de diciembre. La fecha no fue elegida al azar. Para tener quórum y aprobar la iniciativa, el oficialismo necesita en gran medida del interbloque Argentina Federal. Los diputados de ese espacio, en su mayoría del interior del país, estarán esa semana en Buenos Aires para el encuentro del espacio Alternativa Federal que se celebrará en Costa Salguero el 19 de diciembre. De todas formas, el oficialismo cuenta también con el compromiso del bloque del Frente para la Victoria (FPV) para asistir a la sesión. “El proyecto va a salir con mucho consenso, va a tener el apoyo de todos. Y va a tener mucho más legitimidad así”, afirmó un referente de Cambiemos acostumbrado a tender puentes con la oposición para construir mayorías.

De aprobarse el proyecto en el recinto el 18, es prácticamente un hecho que la discusión en el Senado se pasará para 2019, ya que el período de sesiones extraordinarias vence el 21 de diciembre y la Cámara alta no le dará tratamiento exprés. De esta forma, el Ejecutivo verá frustrado su deseo de anunciar antes de fin de año la sanción de la ley que el Presidente impulsó como reacción frente al papelón internacional del Superclásico, que este fin de semana se jugará en España.

Junto a la ley de barras, el otro proyecto que quedará para el año próximo en el Congreso será la ley de financiamiento de los partidos políticos, otra iniciativa impulsada por Macri que encontró su límite dentro de su propio espacio, con el freno irrestricto que le impuso Carrió.