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El ministro de Justicia marcó diferencias con la líder de la CC y defendió la nueva reglamentación del uso de armas en las fuerzas federales. La Justicia porteña la declaró inconstitucional.
Redacción 05/12/2018 9:04

El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó que la nueva reglamentación de uso de armas de fuego para las fuerzas federales viole los derechos humanos, tal como lo señaló la diputada Elisa Carrió.

“Es la opinión de Carrió, es válida, pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. (La ministra de Seguridad Patricia) Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”, argumentó el funcionario en declaraciones al diario La Nación.

 

 

De esta manera, el funcionario defendió la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad que establece que las fuerzas podrán disparar por la espalda en un “peligro de fuga” o tirar a matar aunque el delincuente lleve un arma de juguete, la que volvió a encender las internas en Cambiemos.

"Definitivamente la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas", analizó.

El nuevo cortocircuito en Cambiemos se activó el martes cuando Carrió salió a criticar a Bulrrich y hasta desafió al presidente Mauricio Macri. “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, escribió en su cuenta de Twitter.

 

 

“Esto no significa que la Policia no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”, opinó la diputada, que volvió a encender la interna en Cambiemos.

En tanto, cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta evaluaba aplicar el nuevo protocolo en la Ciudad, la Justicia porteña hizo lugar a un pedido de la diputada Myriam Bregman y declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

El encargado de echar por tierra la posibilidad de aplicar la doctrina Bullrich en el ámbito porteño fue el juez porteño Roberto Gallardo, un hombre que habitualmente irrita al PRO con sus fallos.

El historial de Gallardo con el PRO se puede graficar en un escenario de una batalla tras otra, aunque con la administración de Aníbal Ibarra también tuvo encontronazos, como cuando le ordenó cerrar el Casino Flotante de Puerto Madero.

 

 

Desde que el PRO llegó al poder de la Ciudad, Gallardo denunció a Macri y sus funcionarios varias veces, recibiendo, pedidos de recusaciones y juicio político que nunca prosperaron. El operador judicial del entonces jefe de Gobierno, Daniel “el Tano” Angelici se esmeró todo lo que pudo para frenar al magistrado, a quien el líder del PRO acusó de hacer “política desde el primer día”.

Sobre el fallo de Gallardo, el ministro aseguró que el magistrado "tiene una tendencia a avanzar en áreas que no son de su competencia". "No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en un reglamento de fuerzas federales", dijo en declaraciones formuladas a radio La Red.

 

Garavano contradijo a Carrió y defendió la doctrina Bullrich

El ministro de Justicia marcó diferencias con la líder de la CC y defendió la nueva reglamentación del uso de armas en las fuerzas federales. La Justicia porteña la declaró inconstitucional.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó que la nueva reglamentación de uso de armas de fuego para las fuerzas federales viole los derechos humanos, tal como lo señaló la diputada Elisa Carrió.

“Es la opinión de Carrió, es válida, pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. (La ministra de Seguridad Patricia) Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”, argumentó el funcionario en declaraciones al diario La Nación.

 

 

De esta manera, el funcionario defendió la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad que establece que las fuerzas podrán disparar por la espalda en un “peligro de fuga” o tirar a matar aunque el delincuente lleve un arma de juguete, la que volvió a encender las internas en Cambiemos.

"Definitivamente la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas", analizó.

El nuevo cortocircuito en Cambiemos se activó el martes cuando Carrió salió a criticar a Bulrrich y hasta desafió al presidente Mauricio Macri. “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministro Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, escribió en su cuenta de Twitter.

 

 

“Esto no significa que la Policia no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”, opinó la diputada, que volvió a encender la interna en Cambiemos.

En tanto, cuando el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta evaluaba aplicar el nuevo protocolo en la Ciudad, la Justicia porteña hizo lugar a un pedido de la diputada Myriam Bregman y declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

El encargado de echar por tierra la posibilidad de aplicar la doctrina Bullrich en el ámbito porteño fue el juez porteño Roberto Gallardo, un hombre que habitualmente irrita al PRO con sus fallos.

El historial de Gallardo con el PRO se puede graficar en un escenario de una batalla tras otra, aunque con la administración de Aníbal Ibarra también tuvo encontronazos, como cuando le ordenó cerrar el Casino Flotante de Puerto Madero.

 

 

Desde que el PRO llegó al poder de la Ciudad, Gallardo denunció a Macri y sus funcionarios varias veces, recibiendo, pedidos de recusaciones y juicio político que nunca prosperaron. El operador judicial del entonces jefe de Gobierno, Daniel “el Tano” Angelici se esmeró todo lo que pudo para frenar al magistrado, a quien el líder del PRO acusó de hacer “política desde el primer día”.

Sobre el fallo de Gallardo, el ministro aseguró que el magistrado "tiene una tendencia a avanzar en áreas que no son de su competencia". "No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en un reglamento de fuerzas federales", dijo en declaraciones formuladas a radio La Red.