En junio, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) autorizó la fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina. Terminó de rubricar así lo que habían anunciado los accionistas en 2017 y lo que había avalado el gubernamentalizado Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La fusionada quedó bajo control del Grupo Clarín y sus tentáculos ostentan un alcance nunca antes visto en Argentina. Como señaló Martín Becerra en Letra P, la cualidad distintiva del nuevo conglomerado es la presencia en todos los segmentos de las comunicaciones: producción de papel, redes audiovisuales abiertas y pagas, telefonía fija y móvil y conexión a Internet. Desde la revisión de la experiencia argentina con altos niveles de concentración en el audiovisual y la telefonía, el investigador anticipa consecuencias negativas de esta fusión tanto para la competencia como para la diversidad cultural e informativa. Entre otras, menciona “comportamientos cartelizados; discriminación por parte de los grandes actores en la interconexión a los pequeños y medianos; desaparición de contenidos locales; precios predatorios; desatención de servicios y menor inversión relativa que en otros países de la región”.
Desde Defensa de la Competencia, entidad que depende directamente de la Secretaría de Comercio, impusieron condicionamientos mínimos para aprobar el movimiento empresarial. La nula resistencia a los mismos es indicador de la recepción que tuvieron en la fusionada. De hecho, las obligaciones impuestas refieren fundamentalmente al mercado de conexiones a internet, pero no atienden ni al poder económico que otorga al Grupo Clarín ni a su capacidad de incidencia en el escenario audiovisual.
Apenas unos días atrás Barricada TV y Pares TV realizaron una protesta pacífica en el estacionamiento de Canal 13. Allí hicieron saber que Cablevisión se niega a subir esas señales a su grilla de cable. La noticia sirve como muestra actualizada de ese poder de la empresa, incluso para incumplir con la legalidad vigente. El articulo 65 (inciso 3.d) de la ley audiovisual establece que las cableras deben incluir en su servicio a todas las señales autorizadas para emitir en su área de cobertura. Es el caso de las emisoras sin fines de lucro que protagonizaron el reclamo.
A esto debe agregarse que el oficialismo no logró aprobar la Ley Corta de Telecomunicaciones prometida por el Presidente en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso. Con esta norma, el Ejecutivo intentaba compensar a las empresas telefónicas frente a la fusión entre Cablevisión y Telecom en favor del Grupo Clarín.
ENTREVISTAS Y PAUTA OFICIAL. El Gobierno no ha ocultado su preferencia por el contacto con periodistas o medios de Clarín para dar a conocer sus posturas o explicaciones. Así lo demostró en Letra P el relevamiento realizado por Ezequiel Rivero y Martín Zanotti entre mayo y junio de este año sobre las 133 entrevistas que brindaron miembros del Poder Ejecutivo y sobre las 13 conferencias de prensa ofrecidas en esa etapa. Fueron los días en que “pasaron cosas” o cuando se desató la “tormenta”, según los eufemismos exculpatorios ofrecidos por el presidente Mauricio Macri para explicar la situación en esas mismas entrevistas. En definitiva, en ese periodo el Gobierno atravesó serias dificultades a partir de la disparada del dólar, las posteriores negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los anuncios de cambios en el Gabinete.
De las entrevistas, 36 fueron concedidas a medios del Grupo Clarín, que junto con el Grupo América concentraron 50% de las mismas. Los periodistas de los medios del grupo, Marcelo Longobardi, Jorge Lanata, Marcelo Bonelli, junto a la conductora Mirtha Legrand, integraron el selecto grupo de mayor interacción con los funcionarios nacionales.
En las 13 conferencias revisadas hubo 83 preguntas, de las cuales 12 las realizaron cronistas del Grupo Clarín, al tope de las empresas con más acceso al micrófono.
Estas prioridades en el vínculo con la prensa se corresponden con el destino de los fondos para la difusión de publicidad estatal del Gobierno. En base a datos de Jefatura de Gabinete, en los primeros seis meses del año el grupo recibió 139 millones de pesos por este servicio. Esto constituye casi 18% del total de la pauta oficial de ese periodo, según relevó el periodista Ari Lijalad en el portal El Destape. Con estos números el conglomerado mediático lideró con amplia diferencia el ranking de receptores de pauta.
De acuerdo al seguimiento que realizan Santiago Marino y Agustín Espada, el Grupo Clarín también lideró esta lista en el segundo semestre de 2017, como lo hizo durante todo el periodo de Cambiemos, con 200 millones de pesos. Estas cifras constituyeron 16,6% del total repartido en esos seis meses.
REGALO SORPRESA PARA NAVIDAD. Los hinchas de River no fueron los únicos que recibieron buenas noticias en diciembre. Clarín y La Nación vieron como el Congreso derogó ocho artículos de la Ley 26.736 de 2011 para desregular la producción y venta del papel para diarios. Estos cambios aplican a la empresa Papel Prensa, controlada por el Grupo Clarín, que comparte la propiedad con La Nación y el Estado nacional. La fábrica tiene el monopolio de la producción del papel para diarios en el país, por lo que los medios gráficos compran allí o importan.
Votación en el Senado para los cambios a la Ley 26.736.
Los principales artículos derogados son el 20 y el 40. El primero establecía que los fabricantes de papel para diarios debían informar: “El stock total y disponible, en forma diaria (…) La capacidad de producción máxima y la producción estimada para los próximos tres (3) meses, de manera trimestral (…). El precio único pago contado de venta de papel para diarios a la salida de planta”. El artículo 40 indicaba que Papel Prensa debía: “Operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando ésta sea menor a la capacidad operativa) (…) Presentar y ejecutar cada tres (3) años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”. Las modificaciones dejan a Papel Prensa sin la obligación de vender a un precio único para todos los medios y sin la responsabilidad de abastecer al mercado local.
El veloz y sigiloso recorrido del proyecto por el Congreso despierta las sospechas hasta de los más ingenuos. Con ingreso a Mesa de Entradas el 9 de noviembre, pasó sólo por la Comisión de Comercio antes de ser incluido por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. El 6 de diciembre fue aprobado por la Cámara de Diputados y en su última sesión del año los senadores avalaron los cambios a la norma de 2011 reclamados por la empresa. La falta de participación en el debate de los actores interesados y su trámite legislativo exprés se contraponen con los estándares internacionales para el tratamiento de temas vinculados a la libertad de expresión.
Además, la empresa realizó ocho aumentos en la venta de sus productos durante 2018, con lo que completó una suba de 110% sólo este año, según informó el diario Tiempo Argentino.
Frente a este contexto, organizaciones de prensa, de trabajadores gráficos y medios cooperativos advirtieron sobre los riesgos que el cambio normativo puede generar para los puestos de trabajo de estos sectores y para la libertad de expresión.
A poco de asumir, en diciembre de 2015, Cambiemos flexibilizó todos los límites a la concentración en las comunicaciones establecidos por la ley audiovisual. Con el DNU 267 barrió, entre otros, con los artículos que el Grupo Clarín había cuestionado sin éxito el ámbito judicial. Desde ese día la empresa ha visto que las decisiones gubernamentales han contribuido con sus intereses y necesidades. Para algunos, navidad fue todo el año, o todo un mandato de gobierno.