Esta semana se derrumbaron las chances de sancionar la Ley Corta de Telecomunicaciones. Pese a la prédica dialoguista, hasta ahora Cambiemos reguló el sector sólo con decretos y resoluciones.
“¿Alguien dijo que no va a haber ley? Nadie puede sostener que no va a haber una ley”. La frase pertenece a la actual presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici. Así se refería en noviembre de 2017 en el canal La Nación+ a la promesa del Gobierno de presentar una ley integral para las comunicaciones. Un año después no sólo no se debatió un proyecto de “ley larga” para la convergencia comunicacional, sino que tampoco se sancionará la llamada Ley Corta de Telecomunicaciones, aprobada en julio pasado en el Senado.
Cambiemos intentó sin éxito el martes alcanzar un dictamen para aprobar la norma en Diputados en la sesión del miércoles 21. El rechazo del oficialismo a un pedido de modificaciones realizado por el bloque Argentina Federal terminó por trabar el dictamen.
LA CORTA. El proyecto de Ley Corta tiene tres puntos fundamentales: el permiso para que empresas telefónicas puedan brindar televisión satelital; el uso por privados del espacio radioeléctrico reservado a Arsat por la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital de 2015; y la modalidad para compartir torres, postes y ductos entre operadores y para utilizar la Red Federal de Fibra Óptica desarrollada por el Estado nacional. Se discute quiénes y cómo disponen de los canales físicos por dónde circulan internet, telefonía y contenidos audiovisuales. No parece un tema menor.
El texto aprobado por los senadores habilita a las telefónicas a brindar televisión satelital desde julio 2020 en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Con los últimos cambios al proyecto, esta autorización se posterga para enero de 2021 en el resto de ciudades con más de 100 mil habitantes y para enero de 2022 en localidades pequeñas.
La norma impulsada por el Gobierno pretende entregar a actores comerciales espacios del espectro destinados a Arsat. Una porción de este recurso fue reclamada por los diputados del bloque Argentina Federal para que las provincias desarrollen redes de defensa civil y seguridad pública. Este punto parece haber trabado el dictamen.
Las compañías telefónicas pueden brindar servicios de TV por cable desde 2018 en los grandes centros urbanos gracias a un decreto de diciembre de 2016. Un año más tarde, una resolución del Enacom extendió esta posibilidad a casi todo el país. Pocas horas después, el organismo autorizó la fusión entre Cablevisión y Telecom, que también fue avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en julio pasado.
Sin embargo, las empresas como Claro y Telefónica no cuentan con el despliegue de red de fibra óptica que alcanzó la fusionada Telecom-Cablevisión para competir por servicios de TV paga, internet, telefonía fija y móvil. El permiso a las telefónicas para brindar televisión satelital que brinda la Ley Corta ofrecía una salida para que las compañías ganen tiempo mientras proyectan inversiones en el tendido de su red. El freno a la norma no parece colaborar con la llegada de estas últimas.
LA LARGA. El Ministerio de Modernización prorrogó en agosto por cuarta vez y por 90 días hábiles el plazo para presentar un proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Su justificación fue la necesidad de esperar la sanción definitiva de la Ley Corta. ¿Habrá una nueva prórroga ahora que la citada norma no salió? Las tres primeras postergaciones fueron por 180 días, esto es, todo lo que lleva Cambiemos en el Ejecutivo.
El Gobierno no escatimó en momentos y lugares para prometer la presentación de un proyecto integral para las comunicaciones. Además de los estudios de televisión, primero fue en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267 de diciembre de 2015, con el que Cambiemos flexibilizó los límites a la concentración. Allí también se ordenaba la creación de una comisión para que elabore un proyecto de ley integral para el sector. Este cuerpo conducido por la actual presidenta del Enacom nunca presentó en forma oficial el resultado de su trabajo (sí lo hizo de modo informal y a título personal uno de sus integrantes).
Tiempo después, en abril de 2016, una delegación del Ejecutivo insistió en su compromiso de presentar sin dilaciones una regulación completa para el sector. Fue durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente a este organismo regional llegó la semana pasada la denuncia judicial realizada por FM En Tránsito contra el DNU 267 que disolvió el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), espacio donde participaba un integrante de la radio en representación de las emisoras comunitarias.
La última promesa se produjo en la apertura de sesiones del Congreso de este año. Allí el Presidente aseguró: “Necesitamos una nueva ley sobre telecomunicaciones y tecnología de la información, que nos permita aprovechar los beneficios de la tecnología, mejorar la competencia y las inversiones, bajar los precios y mejorar la calidad del servicio a los usuarios. En esta herramienta legal también estamos atrasados respecto a otros países”. En su discurso del 1 de marzo, Mauricio Macri agregó: “Va a haber lugar para que cooperativas, empresas pequeñas, medianas, grandes, tanto nacionales como internacionales, participen activamente de la conversación para garantizar la neutralidad de las redes y la pluralidad de los contenidos”.
La caída de la Ley Corta siguió la misma suerte que el proyecto sobre la responsabilidad de los intermediarios de internet, que también contaba con media sanción del Senado pero no llegará a ser tratado por la Cámara de Diputados.
El Gobierno ordenó el sistema comunicacional desde decretos y resoluciones tanto del Enacom como del Ministerio de Modernización y del extinto Ministerio de Comunicaciones. Esta modalidad inició con el DNU 267 que barrió en diciembre de 2015 con una parte importante de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La llamada Ley Corta fue el primer intento del Ejecutivo de impulsar modificaciones en ese sector que atraviesen el debate legislativo. Tres años después de la llegada de Cambiemos, el dinámico campo de las comunicaciones no tiene ley. Ni larga, ni corta.