Adecuarse a la concentración extrema

Un año después de anunciada por los accionistas del Grupo Clarín, la fusión Cablevisión/Telecom (de la que participa como socio minoritario David Martínez, de Fintech) recibe la bendición del presidente Mauricio Macri. En el medio intervinieron dos organismos gubernamentales, hubo críticas de competidores, organizaciones de la sociedad civil, representantes de audiencias y consumidores y una sospecha inicial que se confirma sobre la orientación de las políticas públicas en comunicaciones.

 

Esta semana, cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) calentaba las firmas de su aval a la fusión Cablevisión/Telecom (con mayoría societaria de los accionistas del Grupo Clarín), el organismo que depende directamente de la Secretaría de Comercio (es decir, de Macri) le anticipó a varios competidores de la fusionada que rechazaban sus objeciones en el trámite que terminaría este viernes con la bendición oficial a la mayor concentración de la historia de las comunicaciones en el país. En los despachos de Telefónica o de Cablevideo Digital -dos de los competidores que argumentaron reparos a la fusión-, entendieron lo que se vendría.

 

La resolución gubernamental es larga (tiene 145 páginas y, aparte, anexos) y muy funcional a los intereses de la fusionada. La CNDC le recuerda que debe devolver al Estado 80 Mhz de espectro de telefonía móvil que superan el límite vigente (tal como hiciera Telefónica en 2006); demora entre seis meses y un año (dependiendo de la zona geográfica) la paquetización de servicios de tv paga y telefonía móvil; la autoriza a ceder 140 mil clientes de la conexión a Internet que prestaba Arnet (Telecom) a la empresa Universo Net, en 28 localidades donde también opera Fibertel (Cablevisión, cuya red es más robusta que la de Arnet). Universo Net le arrenda la infraestructura a Telecom, por lo que el desprendimiento resulta, como mínimo, muy redituable. También tendrá regulación de precios, para evitar abusos dado su poder significativo de mercado, en nueve localidades en todo el país donde la fusionada será monopólica en el servicio de conectividad. Allí no podrá cobrar más que en la Ciudad de Buenos Aires.

 

La resolución gubernamental es muy funcional a los intereses de la fusionada.

Asimismo, la resolución establece que Telecom tendrá que abrir su red como operador mayorista para reventa a eventuales oferentes del servicio minorista, compartir infraestructura y realizar ofertas de referencia para que operadores móviles virtuales (en condiciones no exclusivas ni discriminatorias) utilicen la red móvil de la fusionada.

 

Las condiciones que le impone eran ya conocidas por ésta y fueron atenuadas con creatividad por el conglomerado, mediante la ingeniería de cesión de clientes de su servicio más anacrónico de conectividad fija a Internet a la empresa Universo Net.

 

En cambio, nada dice la resolución de la CNDC sobre las ventajas competitivas que tendrá de ahora en más Telecom por ser sus dueños los únicos en la Argentina presentes en todos los segmentos de las comunicaciones, desde la producción de papel de diarios, el manejo de las principales redes audiovisuales abiertas y de pago, la telefonía fija y móvil y la conexión a Internet. Esa cualidad, que distingue a Telecom y al Grupo Clarín de cualquier otro competidor, representa una posición única en su tipo en toda América Latina y le abre la oportunidad de distorsionar precios mayoristas y minoristas, acceso y exclusión de contenidos, fue soslayada por el examen de Defensa de la Competencia.

 

Eso es -cuanto menos- curioso, pues el principal motivo de la fusión es la cualidad convergente de las comunicaciones y su progresiva escala global de operaciones, lo que impulsa a asociarse a los productores de contenido con los proveedores de conectividad en la disputa de la rentabilidad del sector.

 

 

 

La suma de Cablevisión y Telecom, por la cantidad de mercados y eslabones productivos que abarca, es una concentración inédita en Latinoamérica. Su carácter conglomeral y convergente introduce una problemática nueva y demanda, pues, un abordaje integral, es decir, no sectorizado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, así como en diciembre pasado lo hiciera el ente gubernamental de las comunicaciones (EnaCom), facilitó los planes de los accionistas del Grupo Clarín al rubricar la autorización estatal como si el único segmento donde la amenaza de distorsión del mercado fuese la conexión a Internet y no, por ejemplo, la tv paga, donde Clarín ostenta una posición dominante que refuerza con su estratégico poder como principal multimedios del país.

 

¿Cuál es el riesgo de autorizar esta fusión con tan pocos condicionamientos y casi sin contraprestaciones por parte del conglomerado beneficiado? No hace falta hacer futurología para responderlo: las últimas décadas ofrecen sobrado testimonio de que, en la Argentina, la excesiva concentración de telecomunicaciones y tv paga incubó comportamientos cartelizados, discriminación por parte de los grandes actores en la interconexión a los pequeños y medianos, desaparición de contenidos locales fruto de la absorción o quiebra de estos últimos, precios predatorios, desatención de servicios que figuran al tope de las quejas de la ciudadanía y menor inversión relativa que en otros países de la región,  con lo que el promedio de calidad y velocidad de los servicios es bajo y los precios son altos.

 

La suma de Cablevisión y Telecom, por la cantidad de mercados y eslabones productivos que abarca, es una concentración inédita en Latinoamérica.

En efecto, para evaluar la fusión Cablevisión Telecom hay elementos empíricos al alcance de quien quiera estudiar la concentración de los sectores de medios audiovisuales de pago y de telecomunicaciones. No se trata sólo de pronosticar los efectos probables de la concentración de las comunicaciones a futuro, sino de examinar qué ha sucedido con la contracción de la competencia y los servicios y precios de mercados ya de por sí altamente concentrados antes de que la fusión se anunciara. Basta revisar qué sucedió con las prácticas anticompetitivas en el sector de la tv por cable, con el ingreso vedado a nuevos concurrentes a causa del congelamiento en la concesión de licencias durante más de una década o, en el caso de la telefonía, con el incumplimiento de gran parte de las condiciones de apertura a la competencia dispuestas en el año 2000 con el Decreto 764/2000 y la exclusividad de facto de la que gozaron los incumbentes del servicio básico, Telecom y Telefónica.

 

Las tendencias mencionadas, que abundan tanto en el sector audiovisual de pago como en el de las telecomunicaciones que hoy convergen, ilustran las averías de un sector que, fruto del sesgo de la política estatal, alcanzó los extremos de concentración que ostenta en la actualidad.

 

Cuando el Grupo Clarín y Fintech sellaron la fusión, hace casi un año, la suma de los servicios de Cablevisión y Telecom arrojaba a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35% de conectividad móvil y el 40% tv paga.

 

A ello se suma el exceso sobre lo permitido por ley en el caso de espectro radioeléctrico para telefonía móvil y una situación privilegiada en la gestión de redes troncales de comunicaciones en las zonas centro y norte del país, donde Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía. Con las condiciones dispuestas por la CNDC, estos indicadores serán mínimamente afectados.

 

La fusión Cablevisión/Telecom consagra la orientación de la política de comunicaciones dispuesta por decretos y resoluciones desde la asunción del presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, que no por errática (recordar la creación y disolución del Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, o las reiteradas e incumplidas promesas de redactar y proponer al Congreso un proyecto de ley integral de comunicaciones convergentes) fue menos eficaz a la hora de adecuar las normas y políticas estatales a las necesidades de la creación y expansión del ahora mayor conglomerado infocomunicacional del país. Así, en vez de aplicar la ley a los agentes del mercado, el jefe de Estado concluye rubricando la adecuación de las normas a los intereses y necesidades expansivas de uno de estos agentes, que emerge de estos dos años y medio de gobierno con un poder nunca visto en la Argentina.

 

 

 

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