X

Blindado hasta los dientes

El arsenal ilegal del supermercadista y el apagón mediático que envidian Franco, Brito y Rocca. El miedo a un diciembre caliente, funcionarios macristas distraídos y el puente con el mundo Boca.

Por 13/12/2018 16:39

Atraviesa un fin de año con problemas de todo tipo. No sólo la caída del consumo que afecta a los supermercados, también los problemas judiciales que complican a un selecto grupo de empresarios, postal impensada de la era Cambiemos. A los 77 años, Alfredo Coto enfrenta con un sabor agridulce este diciembre y estas fiestas: con el primer y único procesamiento de su historia, según afirmó en su declaración ante la Justicia.

En octubre pasado, el supermercadista argentino y su hijo Germán -vicepresidente de la empresa- fueron procesados sin prisión preventiva, embargados en tres millones de pesos e inhabilitados para usar armas de fuego por el juez federal Sebastián Ramos. La noticia apenas trascendió: Coto goza de un blindaje capaz de generar la envidia de Franco Macri, Jorge Brito y Paolo Rocca. La receta del dueño de Techint de levantar la publicidad en los contados medios que dieron cuenta siempre de sus problemas judiciales sería una daga letal en manos de Don Alfredo, el mayor auspiciante de diarios y grandes sitios digitales.

Coto goza de un blindaje mediático capaz de generar la envidia de Franco Macri, Jorge Brito y Paolo Rocca.

Con 18 mil empleados, una cadena que tiene su epicentro en el Gran Buenos Aires y desarrollos inmobiliarios en Miami, Coto no fue procesado por causas asociadas a la corrupción, sino por la tenencia ilegítima de un arsenal de guerra en su sede principal, de la calle Paysandú 1842, en el barrio de La Paternal: “Materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia, el de acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin la debida autorización y el de adulteración y/o supresión del número o grabado de un arma de fuego, los cuales concurren realmente entre sí”, según el procesamiento del juez Ramos.

Se trata de delitos no excarcelables. Según el artículo 189 bis del Código Penal, el acopio de armas de fuego, piezas o municiones, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años”. La adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego tiene una pena de “prisión de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena”.

 

 

La Sala I de la Cámara Federal tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de Coto por el arsenal ilegal que se descubrió en la sede principal de la compañía y centro de distribución internacional. Integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, es la misma que debe resolver el pedido de detención de Rocca que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Los tres camaristas fueron designados por el gobierno de Cambiemos. Una vez que resuelvan la apelación de la fiscal Paloma Ochoa por la falta de mérito a dos funcionamos del ex RENAR, el juez puede clausurar la instrucción y elevar la causa a juicio oral.

 

Un botón. Apenas una muestra del arsenal de Don Alfredo.

 

ES TIEMPO DE NAVIDAD. El detalle del arsenal que ocultaba Coto -descubierto a partir de un mensaje anónimo el 30 de agosto de 2016- es escalofriante: 227 granadas, 41 proyectiles de gases MM RIOT CS  SMOCK, 29 armas -27 fuego y dos de lanzamiento-, 3.886 municiones, un revólver doble acción calibre 38 a nombre de Alfredo Coto, una ametralladora UZI 9 milímetros a nombre de Germán Coto, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal sin número  visible,  un silenciador y nueve escudos antitumultos. En el acta, no se consignó el “spray de pimienta” marca Cóndor GL 108/OC que mostraron las fotografías sacadas en el lugar.

El detalle del arsenal que ocultaba Coto es escalofriante, el armamento era ilegal y el supermercadista no tenía permiso para tenerlo en su poder.

Por una orden que llegó desde más arriba, los inspectores del ANMAC (ex RENAR) que descubrieron el armamento no hicieron nada más que fajarlo y volver a su casa.

Sin embargo, el anónimo activó la investigación de la UFIARM y el juez Ramos coincidió con los fiscales de la unidad, Jorge Di Lello y Franco Picardi: “No era un material destinado a tareas comunes de vigilancia”.

Para qué quería Coto semejante despliegue es parte de lo que debe investigarse y probarse, pero el fantasma de diciembre actualiza el tema. El gran auspiciante aludió en sede judicial al trauma de los saqueos y a los reclamos de comida en la puerta de su supermercado por parte de “agrupaciones piqueteras y organizaciones sociales”. Blindado hasta los dientes, casi como si fuera el Estado, Coto estaba en condiciones de negarse a cualquier entendimiento, en cada diciembre.

Según pudo saber Letra P, el supermercado de las ofertas permanentes es el más intransigente ante las protestas de movimientos sociales y jamás cede al pedido de alimentos que, por otra parte, el gobierno de Macri se esfuerza en impedir, en negociaciones con los líderes de la CTEP.

 

El cambio. En 2016, Coto recibió al presidente Macri en la inauguración de una sucursal en Barracas.

 

Los hechos son inapelables en por lo menos un punto: el armamento era ilegal y Coto no tenía permiso para tenerlo en su poder. Pero el motivo que llevó al empresario a atesorar el armamento es todavía materia de interpretaciones y juzgamiento. La defensa y los Coto plantearon que todo se explica por un olvido de las fuerzas de seguridad, que no hubo acopio de material ni “tenencia típica” y que no hubo adulteración de las armas, sino supresión. 

Se trata, en muchos casos, de armamento que sólo puede ser adquirido por las fuerzas de seguridad y que llegó a manos del supermercado de una manera que no está clara. Policía Federal, Prefectura y la Policía de la provincia de Buenos Aires pueden estar involucradas. Parte del material que formó parte de una licitación en tierra de María Eugenia Vidal apareció en la sede de Coto. Por eso, el juez Ramos pidió, además, la declaración de la comisaria inspectora Estelita Eufrasia Herrera, a cargo del Departamento de Armas y Protección Personal de la fuerza.

Fuentes judiciales le dijeron a Letra P que Herrera todavía no prestó su testimonio: al parecer, aún no fue ubicada, lo que no deja de ser extraño en el caso de una funcionaria bonaerense. ¿Pudo haber sido comprado de manera irregular por la empresa? Si fue así, ¿quién lo permitió? ¿Quién hizo la operación?

 

Para arriba. Simon Sproule (Aston Martin), Alfredo, Germán y Gloria Coto, en Miami.

 

LA MEJOR DEFENSA. Los abogados de Coto tienen una trayectoria frondosa que los une al mundo del fútbol y a la ciudad de Buenos Aires, la doble cuna de Mauricio Macri. Marcelo D’Angelo fue director de Asuntos jurídicos de la Legislatura porteña y defensor de exponentes destacados del mundo Boca: desde líderes de La Doce como Gustavo “El Oso” Pereyra y Fabián “Topadora” Kruger hasta dirigentes que estuvieron presos como Carlos Mechetti, ex vocal del club de la Ribera que falleció en 2014, fue jefe del departamento de socios y apareció ligado a Maximiliano Mazzaro en la causa por el asesinato de Enrique Cirino en 2011.

El socio del penalista D’Angelo, Marcelo Rocchetti, fue director de Seguridad de la Legislatura porteña, figura en la nómina de amigos del fiscal Stornelli y defendió a famosos apasionados como Rafael Di Zeo y Alan Schlenker. En 2009, antes de obtener su libertad condicional, Di Zeo logró el beneficio de las salidas transitorias gracias al trabajo que consiguió... en el estudio de D’Angelo y Rochetti. Son antecedentes de los más valiosos para una coyuntura en la que el Presidente impulsa su ley anti barras junto a Patricia Bullrich.

Lo que más beneficia a Coto son las ofertas con las que su nombre obtura la lectura en diarios de papel y medios digitales.

Germán Coto está a cargo del Aston Martin Residences, un emprendimiento inmobiliario que pretende construir una torre de 66 pisos y 390 departamentos en Miami. “Es el edificio donde viviría James Bond”, declaró el hijo de Don Alfredo en marzo pasado. Los departamentos más baratos, de dos ambientes, tienen un costo de 470 mil dólares. El rol de Germán como encargado de ese proyecto es el argumento que utilizan sus abogados, Carlos Andrada y Albino Joe Stefanolo, para desligarlo del arsenal prohibido de la calle Paysandú. Legítimo usuario, el hijo de Coto era el dueño de la ametralladora Uzi que se mezclaba con las armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Padre y heredero deben ir una vez al mes a Comodoro Py para cumplir con las reglas de conducta que impuso el juez Ramos.

Sin embargo, lo que más beneficia a Coto son las ofertas con las que su nombre obtura la lectura en diarios de papel y medios digitales. El supermercadista aparece siempre asociado a ofertas y beneficios, pero casi nunca a ametralladoras, granadas y gases lacrimógenos. Podrá verse en este diciembre a puro ajuste y caída del poder adquisitivo con la campaña publicitaria “Es tiempo de Navidad” que desplegará Don Alfredo en televisión, cable, medios impresos, sitios digitales y redes sociales. La libertad de prensa, el derecho a la información, la igualdad ante la ley, todo ese catecismo es condenado al desuso en casos como el de Coto.     

 

Súper mercado de armas. En el depósito de su sede central, Coto tenía armas para resistir una invasión.

 

NO TE CONOZCO. En su indagatoria, Coto deslindó responsabilidades en Eduardo Búfalo, a cargo de la Gerencia de Operaciones desde 2016. Búfalo fue citado como testigo, aunque los especialistas afirman que debería haber sido imputado. El dueño de las ofertas exhibió un tipo de razonamiento que lleva a pensar que el arsenal estaba destinado a la represión, como declararon incluso algunos de sus empleados.

El supermercadista consideró necesario analizar el contexto histórico en el que la empresa se desarrolló en los últimos 20 años. En el procesamiento consta que Don Alfredo describió “la existencia de grupos denominados ‘organizaciones sociales’ o ‘agrupaciones piqueteras’ que -por prescindencia de la legitimidad o no de sus reclamos entre sus actividades políticas- realizan ‘escraches’ o marchas frente a distintas empresas, en particular, las que producen o comercializan alimentos y otros productos de primera necesidad, con el objeto de ‘exigir’ la entrega gratuita de los mismos. Al respecto, consignó que esas actividades la mayoría de las veces se ejecutan con grandes movilizaciones de personas que impiden el ingreso y egreso de personal y público, con la amenaza de causar daños físico o materiales en el supuesto de no accederse a sus ilegítimos como extorsivos reclamos.

El juez consideró probada la tenencia ilegítima de armas de fuego por una larga lista de motivos: el Usuario Colectivo “COTO CICSA” tenía vencidos los permisos desde el 1 de diciembre de 2014, la tenencia de armamento sin registrar (dos revólveres),  la tenencia de armamento perteneciente a otros usuarios (una escopeta y una pistola semiautomática), la tenencia de armamento que registra pedido de secuestro por parte del ANMAC (ocho escopetas), la tenencia de  armamento sin autorización (una pistola con sistema de disparo  automático) junto con efectos de uso prohibido (un supresor de sonidos o silenciador), la tenencia de armamento con numeración erradicada (dos lanza gases tiro a tiro) y la tenencia de material explosivo de uso prohibido (96 granadas antitumulto marca CM  Riot Control CS, 125 granadas de mano antitumulto de la misma marca, cinco granadas antitumulto marca NO.4, una granada de gas de hostigamiento candela marca Fray Luis Beltrán, 41 unidades de proyectil de gases marca MM Riot CS Smoke) y 3.886 unidades de municiones de diversos calibres y marcas. 

 

Las góndolas privadas de Don Alfredo. Le encontraron casi 4.000 municiones.

 

DESCONTROL OFICIAL. El juez Ramos dictó la falta de mérito para el director nacional de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados de la ANMAC, Fernando Martín Fumeo, y el coordinador de Inspecciones, Juan Diego Kotelchuck, dos funcionarios claves del ex RENAR, el organismo que se encargaba de controlar la tenencia de armas y que recibió un nombre nuevo con la asunción de Macri como presidente.

Sin embargo, la fiscal Ochoa apeló la resolución y consideró probado, como mínimo, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Fumeo y Kotelchuck. Una vez que se descubrió el arsenal en la sede central de Coto, los inspectores del ex RENAR decidieron dejar el material en el lugar, en lugar de secuestrarlo de inmediato y formular una denuncia penal. No hicieron nada, salvo fajar el sector de Guarda de Materiales de la empresa, pese a “haber hallado en infracción una gran cantidad de armas de fuego, armas de lanzamiento, municiones, gases lacrimógenos (...) y otros elementos prohibidos tales como un ‘silenciador’”.

La relación de complicidad entre el Estado y la empresa Coto es una parte central de la trama de la investigación que aún no pudo develarse. La titular de la ANMAC al momento del hallazgo, Natalia Gambaro, fue desplazada de su cargo en junio pasado, enredada en el caso de una contratación irregular de la empresa Dienst Consulting para emitir certificados para la tenencia de armas. La reemplazó Eugenio Cozzi, un tirador profesional cuestionado por las organizaciones nucleadas en la Red Argentina para el Desarme.