A la industria le pasaron cosas

La crisis cambiaria que atravesó la economía argentina en 2018 ha mostrado calma en las últimas semanas en base a una estrategia monetaria dura por parte del BCRA. Sin embargo, sus consecuencias en la economía real se ven con fuerza en los indicadores más recientes y van dando cuenta del “control de daños” a los que se enfrentan la conducción económica, las empresas y los trabajadores.

 

El Estimador Mensual Industrial del INDEC mostró una caída del 11,5% en septiembre, un piso inédito, al punto que para encontrar registros mensuales similares hay que remontarse a 2002. En lo que va del 2018, la actividad industrial acumula una contracción del 2,1%. Todos los sectores presentaron caídas ese mes, a excepción de metales básicos (acero y aluminio). Se destacaron las bajas del sector automotor (-15,7%), que venía en dinámica alcista, metalmecánica (-20%), textil (-24,6%) e industria alimentaria (-3,2%), sector cuya evolución puede tomarse de termómetro del retraso de los ingresos reales de los consumidores.

 

 

Números y magnitudes al margen, el sector industrial es el más afectado por el cambio de ciclo económico de 2018. Los cinco meses de caídas consecutivas y las expectativas negativas para lo que queda del año y para el inicio de 2019 dan cuenta el crítico momento que enfrenta el sector que emplea al 20% de la población económicamente activa. La caída del mercado interno y una dinámica externa que, a pesar del dólar alto, no compensa dado el discreto desempeño de Brasil y la ralentización de su recuperación son los principales condicionantes. También incide en la estadística un efecto por la alta base de comparación que representa septiembre de 2017, mes pleno del fugaz y débil ciclo “broteverdista” que se quedó en mero rebote y no implicó crecimiento.

 

La clave de esta crisis está en la caída de la demanda, que vuelve magros los márgenes de rentabilidad. Con mayor efecto en las ventas de los sectores mercadointernistas, la contracción real de los ingresos este año puede superar  6% (ingresos reales que ya arrastran una caída de 4,5% en 2016 que no fue compensada por la recuperación de 2,6 % de 2017). A esto se suma un panorama de cada vez mayor presión en materia de costos, en el que pueden destacarse tres elementos: los ajustes de tarifas; el aumento del costo financiero de la mano de una altísima tasa de interés de referencia (67% al momento de escribir esta nota), que al nivel actual pone en riesgo la cadena de pagos a proveedores y liquidación de salarios; y, por último, el aumento de costos asociado a la depreciación del dólar en una estructura productiva en la que los insumos y bienes intermedios importados tienen una alta penetración.

 

La crisis cambiaria, entonces, que enterró la dinámica desinflacionaria que avanzaba a paso firme en 2017 y jubiló la credibilidad de las metas de inflación para dar lugar al control de agregados monetarios, afectó tanto las ventas como los costos. Con estimaciones de inflación de casi 50% para este año y pautas paritarias que rondan la mitad o menos, la compensación que el bono de $5.000 puede dar es limitada y en el caso de muchas pymes inmersas en el escenario descripto, difícil de pagar. En este marco, con el piso de los costos subiendo y el techo del mercado cayendo, el margen para trasladar costos a precios es cada vez menor y la rentabilidad mengua sin pausa, condicionando futuras decisiones de despidos (la industria ya ha perdido más de 80.000 puestos de trabajo en los últimos dos años), contrataciones e inversión productiva. Ante menores expectativas de rentabilidad y alto costo de financiamiento, se resienten las inversiones y las perspectivas de mejora.

 

 

 

Cuando hablamos de lo que depara 2019, el desafío está en que se recupere la rentabilidad vía un aumento de la demanda que vuelva sostenible la recuperación económica. Caso contrario, solo se verá un rebote estadístico y la tracción de una buena cosecha, elementos que no se canalizarán en el funcionamiento de la economía real. Si ampliamos la mirada más allá de 2019, es fundamental coordinar tanto desde el sector público como del privado una política industrial integral y constante en infraestructura, financiamiento, política tributaria y energética que mitigue efectos cíclicos como los de este año y permita desarrollo de capacidades de una industria argentina que es competitiva y generadora de innovación, conocimiento, empleo de calidad y valor.

 

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