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La parábola de Macri: del veto a la ley a agitar un dudoso decreto antidespidos

La alerta temprana que le exige el Gobierno a las empresas es el segundo decreto que firmó Macri en materia laboral. El primero fue para vetar una ley del Congreso. Las contradicciones ante la crisis.
La alerta temprana que le exige el Gobierno a las empresas es el segundo decreto que firmó Macri en materia laboral. El primero fue para vetar una ley del Congreso. Las contradicciones ante la crisis.
Por 14/11/2018 7:56

Entre el decreto presidencial 701/2016 y el 1043/2018 pasaron dos años, cinco meses y veintidós días. Es el tiempo que separa al veto que firmó Mauricio Macri para anular la Ley de Emergencia Ocupacional, que había sancionado el Congreso con el fin de evitar despidos por 180 días, y el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, cuyo texto establece un pago de fin de año de 5.000 pesos y crea un inédito “Procedimiento Previo de Comunicación para Despidos sin Justa Causa”. El mecanismo impone la obligación para todos los empleadores de informarle al Ministerio de Producción y Trabajo cualquier plan de cesantías hasta el 31 de marzo próximo.

“¿Qué cambió entre el veto que firmó el Presidente durante los primeros seis meses de su mandato y el decreto que rubricó cuando le resta un año para terminarlo?”, preguntó Letra P en los pasillos de la Casa Rosada, del Palacio de Hacienda y del ex Ministerio de Trabajo, degradado desde hace dos meses al rango de secretaría y siempre bajo la órbita de Jorge Triaca, que ahora tiene al economista Dante Sica como superior inmediato.

Salvo en la Jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, en los demás despachos consultados la primera respuesta unánime fue la persistencia de la crisis, el creciente malhumor social y la incertidumbre del Gobierno sobre la evolución de la recesión.

“Son cosas distintas. Esto no es un mecanismo anti despidos. Por lo tanto no contrasta con el decreto de 2016”, retrucó una fuente que reporta al ministro coordinador para separar una medida de la otra y apuntar sobre el sistema de “doble indemnización” que fijaba la Ley 27.521, sancionada por el Congreso el 18 de mayo de 2016 y anulada por Macri dos días después.

El esfuerzo discursivo para diferenciar ambos decretos pasa por la interpretación de la situación económica. “No esperamos una ola de despidos y tampoco se viene el núcleo más duro de la recesión”, espetó el funcionario que redujo la generación del decreto a “una propuesta del Gobierno para evitar el paro de 36 horas con el que había amenazado la CGT". "No queremos mostrar algo en especial. Todo es producto de una negociación. Se sentaron a una mesa y se acordó esto. No hacemos pronósticos. Creemos que es el único camino y que vamos a cumplir los objetivos”, dijo la fuente y consideró cerrada la discusión.

 

 

En otra área del Gobierno, con sede en el Palacio de Hacienda, admiten que el decreto publicado este martes encierra dos “características positivas”: “muestra permeabilidad ante la situación actual y también busca mostrar iniciativa en un momento difícil, donde el malhumor social es una constante. El decreto es otra parte más del discurso de los principales voceros del Ejecutivo que reconocen que hay mucha gente que la está pasando mal”, cintureó otro hombre del PRO.

Cerca del secretario Triaca combinan la respuesta entre la negociación y la particular interpretación de la realidad que delinean cerca de Peña. “Fue parte de la negociación, porque una de las cosas que planteaban los dirigentes de la CGT es ver cada caso y en cada situación particular ver qué es lo que podemos hacer con alguna herramienta. Con este sistema buscamos estar al tanto de lo que está ocurriendo, pero no vemos situación alguna de despidos masivos. Si bien hay algunas cifras en baja, estamos en el tema dialogando con cada uno de los sectores y estamos seguros que esto va a ayudar", cerró un alto funcionario del ex Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, en la misma cartera confirmaron que “para que el decreto entre en completa vigencia, todavía faltan las normas complementarias y aclaratorias, donde estableceremos cuáles son las características de 'crisis o declinación productiva' y otros mecanismos para informar la intención de despedir”.

 

 

Pero basta repasar la vehemencia de los fundamentos del veto de 2016 para tomar una justa dimensión de las diferencias que los funcionarios de la Casa Rosada prefieren eludir a la hora de comparar un decreto del otro.

“El pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de cinco años en los que el empleo no creció”, reza uno de los fundamentos del decreto de 2016.

Por entonces, dos años antes de la crisis, los redactores de la decisión ejecutiva también estaban convencidos que “los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días; a generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y a trabajar junto al Gobierno y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector”.

A esos mismos destinatarios, ahora el Ejecutivo les ofrece un esquema de alerta temprana para negociar despidos formales, por un plazo de cuatro meses y medio, un poco más de aquél compromiso de 90 días de 2016, que jamás fue cumplido, pero tampoco controlado por el entonces ministro Triaca, cuya partida suena como una de las pocas certezas sobre su futuro dentro del Gobierno.